El presidente del PP, Pablo Casado, ha atacado al Gobierno por conjugar un «buenismo demagógico» respecto al fenómeno de la inmigración, que produce un «efecto llamada», con «devoluciones en caliente y en frío»
Durante una visita a la isla de El Hierro, adonde han arribado varios cayucos en los últimos días, el presidente del PP, Pablo Casado, ha recalcado que «hay que cumplir la ley» para hacer frente a la inmigración irregular, en alusión a las devoluciones en Ceuta, y no con el «buenismo demagógico» con el que se estrenó Pedro Sánchez en Moncloa.
Ha criticado que haya pasado de «la bienvenida» al Aquarius, al discurso del «papeles para todos» y al de «acabar con las concertinas», provocando «un efecto llamada tremendo», superior a la crisis de los cayucos cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, a «las devoluciones en caliente y en frío», ante la constatación de que «son incapaces de gobernar».
También ha acusado al Gobierno de «abandonar» a las fuerzas y cuerpos de seguridad, para las que ha reclamado más medios, y también a las instituciones locales y autonómicas que más padecen el fenómeno migratorio como Canarias.
Casado dice que la situación empeorará en septiembre
Casado ha hablado de una «avalancha» de inmigrantes ilegales en las islas, que en 2020 recibieron un 700% más que en 2019, hasta 23.000, y en lo que va de 2021, ese porcentaje ha aumentado un 144%, situación que, teme, va a empeorar ante la previsible mejora de la navegabilidad del agua a partir de septiembre.
El líder del PP ha hablado de «un problema añadido» en Canarias, la presencia de 2.700 «menas, menores no acompañados», y para el que ha reclamado «una solución urgente».
La razón, ha continuado Casado, es que el Ministerio del Interior ha hecho de Canarias «un tapón», y la consecuencia es que «se desbordan los servicios sociales» en el archipiélago y «hay inquietud entre la ciudadanía».
Se ha preguntado «cómo es posible» que el Servicio Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), «que costó 6 millones en 2018, siga empaquetado en Lanzarote», cuando existe «una realidad tan cruda» como «los 450 muertos contabilizados en aguas del Atlántico en los últimos meses, 60 niños y más de 150 mujeres».
Pablo Casado ha reclamado también colaboración con los países de origen, para que quienes «se juegan la vida en ataúdes flotantes» no acaben siendo «instrumentalizados y explotados por mafias», así como colaboración con Frontex.
Y, por último, ha solicitado más medios sociales y sanitarios, teniendo en cuenta que «muchos» inmigrantes «vienen contagiados por COVID-19 y otras enfermedades», así como solidaridad del conjunto de las comunidades autónomas.
Ha esgrimido que es perfectamente «compatible» tener «una posición firme» respecto a la integridad territorial de las fronteras y de «sostenibilidad» de los servicios públicos, y la solidaridad con las personas inmigrantes, para las que ha pedido «condiciones dignas y seguras, también para la población local, en seguridad ciudadana y evitar contagios».
