El informe de la ONU acusa a la Justicia venezolana de «perpetuar» violaciones de los Derechos Humanos en el país
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha tildado de «panfleto» el informe de la ONU de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela que acusa a la Justicia venezolana de «perpetuar» violaciones de los Derechos Humanos contra opositores al Gobierno, y ha dicho que este está «financiado» por el Grupo de Lima –una alianza regional crítica con el Ejecutivo de Nicolás Maduro–.
Saab ha mostrado en una rueda de prensa, trasmitida por Venezolana de Televisión, su rechazo «contundente» al informe, que apunta también a que el sistema judicial venezolano es «carente de independencia».
«Rechazamos el reciente informe de esta misión entre comillas. Hicieron un panfleto atacando el sistema de justicia venezolano y ofendiendo a jueces y fiscales que arriesgamos, en medio de una circunstancia de asedio a nuestro país, no solo la integridad física sino también exponemos de forma clara cómo deben hacerse las cosas no solo en temas de Derechos Humanos sino en el combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada», ha apostillado Saab.
Críticas al Grupo de Lima
Asimismo, ha aseverado que el «supuesto informe» ha sido realizado por una comisión «‘ad hoc’ financiada por el Grupo de Lima», el cual, supuestamente, ha destinado cinco millones de dólares al pago de tres de los investigadores de la misión, según recoge el medio venezolano Efecto Cocuyo.
«Siempre que el país avanza hacia el diálogo –en referencia al diálogo entre oposición y Gobierno que se lleva a cabo en México– y la resolución de diferencias a través del voto, aparecen estos grupos para intentar mancillar a nuestros funcionarios», ha denunciado en referencia a la alianza, que, a su juicio, «sigue ofendiendo la institucionalidad democrática».
En este sentido, ha defendido el trabajo de Venezuela para «imponer acciones judiciales oportunas» ante violaciones de Derechos Humanos, y ha manifestado su «duda» sobre que «en los países del Grupo de Lima puedan decir lo mismo»,
«En Venezuela tenemos a más de 150 agentes del Estado procesados por presuntas violaciones de Derechos Humanos», ha asegurado, para defender así la actuación de la Fiscalía ante aquellos que han «atentado contra el presidente (Nicolás Maduro) y representantes del Estado».
«¿Frente a los intentos de magnicidio qué quería esta misión ‘ad hoc’, que no se detuviera a los responsables?, ¿frente a la incursión mercenaria marítima, donde 15 implicados, entre ellos dos extranjeros, confesaron los delitos que pretendían cometer de magnicidio y asalto a las instituciones producto de un contrato, qué quería esa misión, que no se actuara?», ha cuestionado, para decir que se «debe actuar frente a ello al igual que se actúa contra aquellos que atentan contra los Derechos Humanos supuestamente amparados por una credencial».
Unidad de investigación de DDHH
En el marco de su defensa a la Justicia venezolana, Saab ha anunciado la creación «inmediata» de la Unidad Especializada de Investigaciones en Materia de Derechos Humanos, cuyo objetivo será la «agilización e impulso procesal de las causas que son investigadas como presuntas violaciones».
Esta unidad, ha apuntado, apoyará a los fiscales de dichas causas a que, desde el punto de vista técnico criminalístico, evalúen según las circunstancias de cada caso la línea de investigación aplicada, a fin de «practicar lo necesario» para el esclarecimiento de los hechos, ha incidido.
Esta, estará conformada por cuatro fiscales nacionales especializados en materia de protección de Derechos Humanos y cuatro fiscales auxiliares, investigadores, expertos criminalísticos, técnicos profesionales, médicos forenses y médicos patólogos, ha detallado.
«Esta es una nueva medida que toma la Fiscalía con la finalidad de fortalecer las capacidades institucionales en materia de protección e investigación en casos de Derechos Humanos, y es una nueva muestra del compromiso en la defensa de estos derechos», ha aplaudido.
Paquete de siete leyes
Por otro lado, el fiscal se referido a un conjunto de leyes que discute la Asamblea Nacional que incluyen una reforma del Código Orgánico Procesal Penal; una reforma del Código Orgánico Penitenciario; una reforma de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y Demás Sujetos Procesales; una reforma del Código Orgánico de Justicia Militar y una reforma parcial del Decreto de la Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación.
Así, ha saludado la reciente aprobación de un paquete de siete leyes vinculadas a los Derechos Humanos, el cual ha considerado una «demostración del aporte del Estado venezolano en pro de la legalidad».
Un segundo informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela detalla cómo las «deficiencias» del sistema de justicia «han ido de la mano» de «un patrón de graves violaciones de Derechos Humanos y crímenes del Derecho Internacional», todo ello en un contexto avalado por el Estado para «silenciar, desalentar y sofocar» a la oposición desde 2014.
«Según nuestra última investigación, existen motivos razonables para creer que en razón de una presión política que fue intensificándose, los jueces, las juezas y las y los fiscales han desempeñado, a través de sus actos y omisiones, un papel importante en graves violaciones de Derechos Humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado en Venezuela contra opositoras y opositores», ha explicado la presidenta de la Misión, Marta Valiñas.
Informe con 177 entrevistas
El informe, que se ha realizado sobre la base de 177 entrevistas y una encuesta a exjueces, fiscales o abogados, abre la posibilidad de que funcionarios públicos, «incluso algunos de alto nivel», hayan podido cometer este tipo de violaciones. Además, según la misión, el Estado venezolano no estaría investigando los casos de violaciones de Derechos Humanos en los casos que involucran a opositores, sean estos «reales o percibidos por el Gobierno como tales».
Tras la publicación del informe, el Centro de Comunicación Nacional, que actúa como oficina de prensa del autoproclamado «presidente encargado» de Venezuela, Juan Guaidó, ha señalado que el trabajo es un «nuevo golpe» a la «dictadura» de Nicolás Maduro.
Posteriormente, Guaidó ha escrito, en un mensaje en su perfil de Twitter, que el informe «reitera la necesidad urgente de tener justicia en Venezuela para detener los atropellos que allí se describen y que no se repitan».
«Hoy no tenemos justicia, recuperarla es tener paz y certezas en el presente y futuro», ha clamado el líder opositor.
