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El Gobierno canario establecerá un protocolo para los ayuntamientos y las zonas tensionadas

El consejero Pablo Rodríguez afirmó que tras las peticiones de varios ayuntamientos para declararlos zonas tensionadas, el Gobierno establecerá un protocolo

Declaraciones: Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda

El consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha anunciado, tras la reunión del Consejo de Gobierno, que el Ejecutivo canario elaborará un protocolo para los ayuntamientos que quieran declarar su municipio o zonas concretas del municipio como tensionadas.

El protocolo establecerá los documentos e informes que deben realizar los ayuntamientos y elevar el expediente al Gobierno de Canarias, que será el órgano que debe tomar la decisión sobre la declaración última de zonas tensionadas.

El consejero afirmó que el Gobierno canario es consciente de que «uno de los principales problemas que tienen los canarios y las canarias es la vivienda», y desde el primer momento aseguró que el Gobierno trabaja en buscar soluciones. Según Rodríguez, una de esas medidas es la declaración para toda Canarias de «emergencia habitacional» que ya recoge el decreto sobre vivienda aprobado por el Ejecutivo canario.

El consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, Pablo Rodríguez, y el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello. Imagen Presidencia del Gobierno
El consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, Pablo Rodríguez, y el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello. Imagen Presidencia del Gobierno

Rodríguez apuntó que la declaración de una zona como tensionada lo que significa es la posibilidad «de aplicar medidas extraordinarias» en esa zona o municipio, pero dejó claro que no necesariamente supone «una limitación de los precios del alquiler».

Sentencia sobre el Anillo Insular

Pablo Rodríguez ha advertido también que se producirá un sobrecoste «muy importante» en las obras del Anillo Insular de Tenerife si se confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre la misma, que aún no es firme.

«En junio del año 2019, siendo yo todavía consejero de Obras Públicas, firmé la propuesta de adjudicación provisional de esa obra a una UTE que propuso la mesa de contratación», recordó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno para agregar que OHL fue la adjudicataria provisional de la misma.

Rodríguez explicó que luego tuvo lugar el cambio de Gobierno de Canarias, entrando el cuatripartito del PSOE-NC-Podemos-ASG, que coincidió con un recurso contra la adjudicación provisional de otra a UTE –la actual adjudicataria Fomento Construcciones y Contratas–.

«Después de varios informes y contrainformes, en septiembre de ese año el Tribunal Especial de Contratos y la propia Consejería adjudican la obra a quien había recurrido la adjudicación provisional (Fomento Construcciones)», dijo el consejero.

La decisión del anterior Gobierno «no se ajustó a derecho»

Con todo, agregó que la obra se ha ido ejecutando –está en ejecución más del 60%– la sentencia del TSJC dice que la adjudicación provisional «era la adjudicación correcta».

«Y que el recurso presentado –prosiguió– y, por tanto, la adjudicación definitiva firmada por el anterior consejero, Sebastián Franquis, no se ajustó a derecho y, por tanto, la sentencia dice que se vuelva al procedimiento inicial».

Rodríguez hizo especial hincapié en que la sentencia todavía no es firme, ya que cabe recurso de casación. «Hemos encargado a los servicios jurídicos, tanto de la consejería como del Gobierno de Canarias la posibilidad de estudiar la posibilidad del recurso de casación. Independientemente de eso, aparece como co-demandado Fomento Construcción y Contrato, y también ellos pueden recurrir», dijo.

Ayudas para los agricultores de La Palma

El Consejo de Gobierno también ha acordado este lunes destinar una partida de hasta diez millones de euros a ayudas directas dirigidas a compensar la pérdida de renta de los agricultores afectados por el volcán de La Palma y a sufragar los costes de la limpieza de las cenizas generadas por la erupción.

Pese a que existía un acuerdo con el Gobierno de España por el cual dicha medida sería sufragada con fondos estatales, el Ejecutivo canario asume inicialmente la financiación con fondos propios de esta ayuda ante la falta de dichos recursos y la necesidad de dar respuesta a las necesidades de los productores.

Se podrán acoger a esta línea de apoyo los propietarios de explotaciones agrarias que en la campaña 2022/23 continuaban con toda o parte de su finca bajo la lava, aquellos que han tenido que resembrar a raíz de este desastre, y quienes asumieron sobrecostes de producción asociados a la erupción en la campaña 2021/22, como los derivados de la limpieza de las cenizas, gastos, estos últimos, no sufragados por ninguna ayuda pública durante el anterior mandato de gobierno.

El Gobierno canario ha encargado un estudio a AGROSEGURO que recoge la disminución de los ingresos agrarios debido a la necesidad de replantación o por continuar la explotación bajo lava o incomunicada bien por la necesidad de replantar sus parcelas agrarias o porque estas están sepultadas por la lava o han quedado incomunicadas.

El Gobierno de Canarias establecerá un protocolo para zonas tensionadas Imagen: Reunión del Consejo de Gobierno, 8 de abril de 2024
Reunión del Consejo de Gobierno, 8 de abril de 2024

Recuperar el potencial productivo

Asimismo, con la finalidad de que las parcelas afectadas recuperen su potencial productivo lo antes posible, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Ejecutivo canario publicó el pasado viernes, 5 de abril, en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), la convocatoria de subvenciones del Programa de Desarrollo Rural (PDR) destinadas a sufragar las inversiones realizadas por agricultores, agrupaciones de productores y entidades públicas para reconstruir y restablecer las fincas afectadas a su estado previo a la erupción, de los municipios de Tazacorte, El Paso y Los Llanos de Aridane.

Las personas que deseen beneficiarse de esta medida, dotada con hasta 30 millones de euros financiados por la Unión Europea, la Comunidad Autónoma y el Estado, disponen hasta el 5 de junio para presentar la documentación requerida a través de la Sede electrónica del Gobierno de Canarias.

Vivienda turística

El Gobierno de Canarias ha asegurado, además, que no se va a situar en contra de la iniciativa popular del turismo en Canarias presentada en el Parlamento de Canarias con casi 23.000 firmas por la Asociación de Afectados por la Ley Turística, aunque aclara que la ley del alquiler vacacional establece dos años de margen para que los propietarios de un apartamento en zona turística puedan regularizar su situación como residente en los ayuntamientos correspondientes.

El portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, en relación a la próxima manifestación en torno al modelo turístico de Canarias, consideró que es el momento de reflexionar sobre el modelo de turismo porque no solo lo pide la ciudadanía, sino también los grupos parlamentarios.

Declaraciones: Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de Canarias

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