El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, entra en la carrera presidencial. Salió de la cárcel en 2023 y tiene procesos penales pendientes
El expresidente de Perú Alberto Fujimori (1990-2000), que cumplirá a finales de este mes 86 años, será el candidato presidencial por el partido político Fuerza Popular, fundado por su hija, Keiko, para las elecciones presidenciales de 2026.
«Mi padre y yo hemos conversado y decidido juntos que él será el candidato presidencial», ha anunciado la presidenta de la formación a través de una publicación en su perfil de la red social X en la que ha adjuntado un vídeo en el que comenta la conversación que tuvo con su padre después de que se afiliara formalmente al partido.
En dicho vídeo, ha explicado que su padre le dijo que era «consciente» de los riesgos que significa presentarse a la carrera presidencial, pero le aseguró que quiere «regresar a la arena política». «Yo miraba el brillo de sus ojos y decía pues él va a hacer política hasta el último día de su vida», ha relatado.
«Creo que es él el que tiene que llevar la batuta, yo dejaría que sea mi padre el líder de esa plancha presidencial», ha declarado, antes de subrayar que su padre «es un roble y tiene una fortaleza» que les «da fuerza».
Larga trayectoria de Fujimori
El exdirigente del país salió de la cárcel en diciembre de 2023, donde se encontraba desde 2007 cumpliendo una sentencia de 25 años por la matanza de decenas de civiles. Este se benefició en 2017 de un indulto humanitario concedido por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, debido a que su equipo legal alegó problemas de salud por su avanzada edad, sin embargo, la Justicia lo tumbó meses más tarde, hasta la resolución definitiva del año pasado.
Además de la condena a 25 años, Fujimori tiene por delante otro proceso penal, junto a varios de sus ministros de Salud, por las esterilizaciones forzosas a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres de diferentes comunidades indígenas durante su gobierno. No se arrepintió de sus crímenes ni pagó la reparación civil, que la Procuraduría General cifró en 57 millones de soles (14 millones de euros).
Durante años de litigios judiciales, (el Constitucional ordenó su liberación pese a la solicitud de aplazar la medida por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) organizaciones defensoras de Derechos Humanos advirtieron de la gravedad de sus crímenes a la hora de determinar su liberación.
