Archivada la segunda causa contra Shakira por fraude fiscal

Esta resolución pone fin a las dos causas penales por fraude fiscal que Shakira tenía abiertas en España

Archivada la segunda causa contra Shakira por fraude fiscal
La cantante Shakira junto a sus abogados, Pau Molins (i), Miriam Company (d), a su salida de la Audiencia Nacional el día que comienza su juicio, a 20 de noviembre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). David Zorrakino / Europa Press (Foto de ARCHIVO)

Una jueza de Esplugues de Llobregat ha archivado la segunda causa por fraude fiscal que pesaba sobre Shakira en España. En esta ocasión, se la acusaba de haber defraudado presuntamente 6,6 millones de euros a Hacienda en el ejercicio fiscal de 2018.

La decisión se produce después de que tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares, incluyendo Hacienda y la Generalitat a través de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), solicitaran el archivo de la causa.

En un auto, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Esplugues concluye que no existe «indicio alguno» que pueda acreditar que Shakira «de manera consciente y voluntaria» omitiera información y documentación con «trascendencia tributaria» en sus declaraciones del IRPF e impuesto de patrimonio de 2018 al asesor fiscal encargado de sus autoliquidaciones.

Esta resolución pone fin a las dos causas penales por fraude fiscal que Shakira tenía abiertas en España. La primera de ellas derivó en un acuerdo con la Fiscalía y la Agencia Tributaria en noviembre de 2023, por el que la artista aceptó pagar una multa de 7,8 millones de euros para evitar la cárcel tras admitir haber defraudado 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014.

Un litigio pendiente en la Audiencia Nacional

A pesar del archivo de esta segunda causa, Shakira todavía tiene pendiente un contencioso en la Audiencia Nacional contra la Agencia Tributaria por el ejercicio fiscal de 2011. En este caso, la disputa se centra en 65 millones de euros: 30 de ellos correspondientes a retenciones acumuladas y 35 en sanciones.

La defensa de la cantante sostiene que no residió en España el tiempo suficiente en 2011 para ser considerada residente fiscal a efectos tributarios, y que la multa de 35 millones impuesta por Hacienda es injustificada.


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