La financiación quedará distribuida en 5,30 millones para servicios sociales, 3,32 millones para asistir a las familias y combatir la pobreza infantil, y 1,19 millones para los servicios de atención primaria a la familia y la infancia
El Gobierno ha aprobado este martes la distribución a las comunidades de más de 198 millones de euros para la financiación de programas de atención a la familia y a la pobreza infantil, de los que 9,82 millones corresponden a Canarias.
Según datos proporcionados por la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, Canarias recibirá 5,30 millones para los servicios sociales, 3,32 millones para políticas de asistencia a las familias y lucha contra la pobreza infantil y 1,19 millones para los servicios de atención primaria a la familia y la infancia.
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y las comunidades acordaron el pasado 22 de febrero el reparto de esos casi 200 millones en una reunión del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
108,7 millones para servicios sociales
Un tercio de la cantidad total, 65 millones de euros, se destinará al programa de protección a la familia y atención a la pobreza infantil: 50 millones para financiar proyectos dirigidos a paliar y mejorar la situación de vulnerabilidad social de las familias (comida, higiene, ropa) y mejorar el acceso a salud, educación, vivienda y de empleo, y 15 millones al programa de vacaciones escolares (Veca).
Otros 25 millones de euros irán a programas de refuerzo de equipos de atención a la infancia y la familia en los servicios sociales de atención primaria, según lo previsto en la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI).
Y el resto, 108,7 millones de euros, se destinarán a prestaciones básicas de los servicios sociales, con el fin de mantener la red de esos servicios en atención primaria gestionada por las corporaciones locales y proporcionar a la ciudadanía servicios sociales adecuados que permitan la cobertura de sus necesidades básicas.
Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla deberán aportar al menos una dotación económica de igual cuantía que la que le corresponde en la distribución y determinarán las aportaciones de las corporaciones locales para participar en la cofinanciación.
