Según el Gobierno de Canarias, la inspección en Quórum 77 ha funcionado, pues fueron ellos los que avisaron a las autoridades
La investigación sobre la empresa Quórum 77 continúa en marcha y bajo secreto de sumario. Cabe recordar que este jueves se cerró un segundo centro de menores migrantes gestionados por esta empresa en Gran Canaria y se detuvo a dos de sus directivos, que quedaron en libertad.
Por su parte, la Consejería esperará a la resolución judicial para saber si rescinde el contrato.
Según el Gobierno de Canarias la inspección ha funcionado, pues fueron ellos los que avisaron a las autoridades. Ahora queda por determinar si se trata de casos aislados o un modus operandi de la organización.
Para el Gobierno de España la situación de hacinamiento no justifica este tipo de anomalías, tal y como indicó este jueves el propio presidente de Canarias.
Asociación Quorum Social 77
La asociación responsable de los dos centros para menores inmigrantes clausurados por el Juzgado de Violencia sobre la Infancia de Las Palmas de Gran Canaria acoge al 35% de todos los niños y adolescentes llegados en patera a las islas que están bajo tutela del Gobierno de Canarias.
Según datos proporcionados a EFE por la Dirección General de Protección a la Infancia de la comunidad, Quórum Social 77 gestiona en la actualidad centros con capacidad para 1.925 menores inmigrantes, cifra que equivale a uno de cada tres chicos tutelados según el último recuento oficial publicado (5.484, a 18 de julio).
Quórum Social 77 es una entidad fundada en 2009 como asociación sin ánimo de lucro que lleva años trabajando con el Gobierno de Canarias en la asistencia a los menores en ámbitos ajenos a la inmigración (en 2022, por ejemplo, ganó un contrato de 2,22 millones para la atención residencial de menores con discapacidad).
Mayor notoriedad desde la reactivación Ruta Migratoria Canaria
Pero ha sido con la reactivación de la Ruta Migratoria Canaria a partir del verano de 2019 cuando ha cobrado notoriedad, al ser una de las referencias del sistema de acogida de menores extranjeros no acompañados en las islas, donde en 2023 y 2024 la constante llegada de cayucos obligó a abrir centros, literalmente, de un día para otro.
Según el Portal de Contratación del Estado, en 2024, el Gobierno de Canarias adjudicó a Quorum Social 77 la gestión de once nuevos centros de menores en Gran Canaria y Tenerife por 6,97 millones.
Esa cifra corresponde solo a la adjudicación de los centros de Firgas (uno de los inspeccionados el jueves), Fortaleza V, Salinetas, Teror, Mujica, San Nicolás, Hoya Fría II, Corvo I, San Juan IV, Tirajana I y Tacoronte VI, pero su facturación puede ser mucho mayor.
En varias de las resoluciones que aparecen en la Plataforma de Contratación del Estado se establecen precios unitarios con Quórum Social 77 de entre 90 y 94 euros diarios por menor acogido en sus centros, lo que supone una facturación potencial de más de 173.000 euros diarios (o más de cinco millones mensuales), en los momentos en los que sus 1.925 plazas están todas ocupadas.
Exigen una gestión pública más humana
La Coordinadora de ONGs de Desarrollo de Canarias (Congdca) ha exigido «una gestión pública más humana, garantista y coordinada» para la protección de menores migrantes, así como más recursos, formación del personal y seguimiento institucional que ponga en el centro al menor.
Tras el cierre judicial de un centro con 148 menores inmigrantes en Gran Canaria, la Coordinadora ha mostrado en un comunicado su rechazo a toda «violencia, tortura o vulneración de derechos humanos», especialmente cuando se trata de personas en situación o riesgo de exclusión social.
Congdca reclama un llamamiento a las instituciones para que se impulsen todas las investigaciones necesarias con rigor, transparencia y celeridad sobre este caso.
«Exigimos al Gobierno de Canarias y al Estado español un compromiso real y efectivo con las infancias, así como políticas públicas centradas en los derechos, la dignidad y la inclusión», señalan.