Adolescentes de Senegal, Mali y Guinea que llegaron a Canarias en pateras y cayucos serán los primeros menores migrantes que acoge el Estado en su sistema de protección internacional en cumplimiento de las medidas dictadas por el Tribunal Supremo
Según fuentes de la Dirección General de Protección de la Infancia del Gobierno canario, la mayoría (35) procede de centros de acogida para menores migrantes de Gran Canaria y el resto (15) estaba bajo tutela autonómica en Tenerife.
La Administración del Estado ha seleccionado a estos primeros 50 muchachos en atención a sus perfiles personales y al estado o viabilidad de su solicitud de asilo o refugio, y a ellos se unirán esta misma semana otros 50.
Se trata de menores rescatados en las costas de Canarias en 2023, 2024 y 2025 y que solicitaron acogerse a la protección de España por diferentes cuestiones personales o relativas a la situación de su país de origen (en el caso de los malienses, por ejemplo, hay una recomendación genérica a su favor del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR).
Los chicos pasarán sus primeros días en la red de protección nacional de España en el centro Canarias 50 de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, al que está previsto que lleguen a lo largo del día en diferentes transportes, ya que no todos estaban tutelados hasta ahora en los mismos centros de la comunidad autónoma.
El Gobierno de Canarias ha exigido que se cumpla el acuerdo de utilizar solo como centro de tránsito ese antiguo cuartel reconvertido en recurso de acogida, de modo en los menores puedan ser transferidos en el plazo de quince días a plazas habilitadas en la península.
El Gobierno aprobó este martes en Consejo de Ministros el real decreto que detalla el protocolo para trasladar a los menores migrantes no acompañados desde comunidades con los recursos tensionados -como Canarias, Ceuta o Melilla- a otros territorios.
Así es el protocolo de distribución de los menores migrantes
El real decreto, publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado, entrará en vigor este jueves y es un paso más en el calendario previsto por el Ejecutivo para comenzar con la política de traslados a partir del 28 de agosto.
La idea es derivar a unos 3.000 jóvenes que están siendo atendidos hoy por Canarias, Ceuta y Melilla en el plazo de un año y, además, que todos los menores extranjeros no acompañados que lleguen a partir de septiembre a zonas con los recursos tensionados sean derivados a otras autonomías en apenas 15 días.
El primer paso será que la comunidad autónoma que tenga sus recursos al triple de su capacidad ordinaria declare la situación de contigencia migratoria, que deberá ser aprobada por el Ministerio de Juventud e Infancia. Esto podría ocurrir el 27 de agosto, después de que el Consejo de Ministros apruebe el día anterior un último decreto con las cifras de traslados que corresponden a cada comunidad.
El siguiente paso es que la Subdelegación del Gobierno adopte una propuesta de traslado de forma simultánea a la inscripción del joven en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados. Para ello, la comunidad autónoma de origen deberá remitir, en tres días, un informe sobre la situación del menor realizado tras una entrevista personal.
Este expediente se remitirá al menor y a la comunidad de destino, que podrán presentar alegaciones en tres días. También se comunicará al Ministerio Fiscal, que podrá pronunciarse en dos días naturales y, en todo caso, si el joven se opone al traslado.
Criterios de población, renta per cápita o tasa de paro
Para determinar a qué territorio irá cada joven se tendrá en cuenta unos criterios ya fijados por el Ejecutivo: población (50 %), renta per cápita (13 %), tasa de paro (15 %), esfuerzo de acogida (6 %), dimensionamiento estructural del sistema (10 %), dispersión de la población (2 %) y las singularidades de ciudad fronteriza (2 %) e insularidad (2 %).
Con toda la información, la Subdelegación del Gobierno elevará su propuesta a la Delegación del Gobierno, que será la que resuelva. La resolución será remitida en diez días al menor, a la comunidad de origen, a la de destino, al Ministerio de Juventud e Infancia y al Ministerio Fiscal.
Esta resolución podrá recurrirse por vía administrativa o judicial y significará la asunción de tutela y custodia del menor por parte de la comunidad de destino.
Traslados y recepción de los jóvenes
La comunidad de origen será responsable del traslado de los jóvenes, que será financiado por el Estado mediante el fondo de 100 millones de euros aprobado en marzo.
Esta autonomía deberá notificar al joven, a la comunidad de destino, a su Delegación del Gobierno y a la Jefatura Superior de Policía de destino, con una antelación mínima de 48 horas, la fecha, hora y lugar de llegada y el traslado deberá ejecutarse en cinco días desde este aviso.
La comunidad de destino recibirá en el día, hora y lugar notificados al menor, que llegará en compañía de profesionales de la entidad pública de origen para intercambiar información con los de destino sobre la situación del joven.
Si la comunidad se niega a recibirlo, los profesionales que lo acompañan podrán pedir ayuda a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, que lo pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal y entregarán al joven a la entidad de destino.
El plazo máximo para los traslados es de 15 días naturales desde la inscripción de los jóvenes en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados y, una vez completado, deberá ser notificado al Ministerio de Juventud e Infancia para su seguimiento.
Proceso de comunicación entre instituciones
En relación a este protocolo de distribución de menores migrantes, Sandra Rodríguez, directora general de Infancia, ha concretado, que lo más importante, primero, es que los niños hayan sido tratados con respeto, es decir, no te mando a los chicos así, sin más sino que tienes toda la información que te hemos ido remitiendo a lo largo de todo este proceso en el que hemos estado inmerso».
La ministra de Infancia, Sira Rego, por su parte, ha respondido que se ha tenido que desarrollar «un procedimiento para entendernos, acoplarnos». «En cualquier caso, lo vamos a hacer de la mejor manera, protegiendo los derechos de estos niños y siendo conscientes, también, de la realidad de los distintos territorios y los sistemas de acogida de los distintos territorios», ha especificado.
La asistencia legan aún no está garantizada
En el centro de atención temporal de El Hierro, el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, denuncia la deficiente atención legal que están recibiendo los migrantes. Faltan «intérpretes» de francés y otros dialectos, necesarios para garantizar una comunicación efectiva. Según explican, esto está ocasionando que no se atiendan adecuadamente sus necesidades.
Los expertos aseguran que la asistencia legal aún no está garantizada. Denuncian la falta de interpretes que actúen de forma presencial, no solo en francés, sino en otros dialectos, para garantizar así una comunicación efectiva. Esta falta de comunicación, dicen, ha podido derivar en una respuesta inadecuada a sus necesidades.
Según ha explicado Mila Pacheco, vicedecana del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, «la falta de comunicación hace que los derechos no estén totalmente garantizados. Si tú no puedes entenderte con la persona a la que estás defendiendo, o no puedes entenderte de forma clara con esa persona, obviamente no te va a poder trasladar si es víctima de trata, si viene de un país en guerra».
«Es muy necesario que se pongan los intérpretes correspondientes, presenciales, si no fuera posible por teléfono, pero de los distintos dialectos, más de un intérprete«, ha solicitado.
Buscar familiares en su destino
En opinión de Sara Casero, técnica de políticas de la infancia migrante y refugiada en Unicef Canarias, respecto a los traslados a península es que «hasta ahora esos niños estaban en el sistema de protección de infancia canario, que era un sistema en el que los alojamientos están muy saturados, sin espacios de intimidad para los niños, retrasos en la escolarización, sin servicios psicológicos, sin apoyo psicosocial adecuado. Esas necesidades específicas relacionadas con las vivencias que ha tenido un país de origen van a estar atendidas«.
«Lo deseable sería evaluar si tienen familiares en algún punto, si lleva cierto tiempo ya en Canarias y tiene cierto arraigo. Es necesario escuchar al niño o adolescente cuáles son sus deseos, sus inquietudes, su itinerario, si está haciendo alguna formación», ha añadido
En definitiva, «lo aconsejable es que el menor consiga estar en su hogar final lo antes posible y reducir así la incertidumbre«, ha señalado.
