La letrada del Ayuntamiento ha explicado que no se ha podido acreditar el delito de administración desleal ni el perjuicio generado a Emalsa
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha retirado este miércoles la acusación que había formulado contra doce de los quince procesados en el caso Emalsa, según ha anunciado su letrada en la novena sesión del juicio que se sigue en la Audiencia de Las Palmas sobre la empresa de aguas.
El consistorio, socio de Emalsa con el 34 % del capital, no ejercía acusación contra los tres acusados de Satocan, entre ellos su presidente, Juan Miguel Sanjuán, ya que había llegado a un acuerdo extrajudicial antes de iniciarse el juicio.
La fiscal de Delitos Económicos, Evangelina Ríos, ha mantenido sus conclusiones, con algunos ligeros cambios que no afectan a las condenas reclamadas inicialmente, que se elevan a 6 años de cárcel por delitos de apropiación indebida o administración desleal, ni a la responsabilidad civil, que cifra en más de 23 millones de euros.
La defensa mantiene la petición de absolucón
La acusación ejercida por el letrado del comité de empresa del Ayuntamiento contra todos los acusados ha rebajado su petición de condena de 6 a 4 años y cuantifica la responsabilidad civil en los mismos términos que la Fiscalía, si bien deben incluir los 5,4 millones que reclama que se le reintegren a Emalsa.
La acción popular, que representa a la plataforma ciudadana ‘El sol sale para todos’, mantiene sus conclusiones iniciales y también solicita la responsabilidad civil de la Fiscalía, ha indicado su letrado.
Los abogados de las defensas han ratificado su petición de absolución, si bien dos de los letrados han solicitado para sus defendidos que, alternativamente, en caso de ser condenados, se les aprecie la concurrencia atenuante de dilaciones indebidas muy cualificadas por la duración del pleito, 13 años, con periodos en los que ha estado paralizado.
Sin acreditar el delito
La letrada del Ayuntamiento ha explicado, en declaraciones a los periodistas, que no se ha podido acreditar el delito de administración desleal ni el perjuicio generado a Emalsa, algo que, según ha añadido, tampoco pudieron cuantificar los peritos judiciales de Godoy Auditores.
El tribunal, a petición de las acusaciones del comité de empresa y de la acción popular, ha admitido como prueba documental las declaraciones de cuatro acusados durante la instrucción al solo haber contestado a las preguntas de sus abogados.
Tras concluir este miércoles las declaraciones de los acusados, con cuyo interrogatorio han concluido las pruebas practicas en esta causa, el juicio continuará la próxima semana con la presentación, a partir del martes, de los informes definitivos de las partes.
