El vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, anunció este viernes que el superávit presupuestario de 2020 podría situarse entre los 160 y los 180 millones de euros, aunque la cifra final corresponderá fijarla a la Intervención General del Estado.
El Gobierno de Canarias destinará estos recursos a nuevos gastos o a compensar pérdidas de ingresos fiscales, dijo Rodríguez en una comparecencia en el Parlamento de Canarias en la que destacó que gracias al levantamiento de las reglas fiscales en la UE ya no es obligatorio destinar el superávit a amortizar deuda.
La diputada del grupo Nacionalista Rosa Dávila, que había pedido la comparecencia del consejero, afirmó que no se entiende que en un año con las necesidades habidas en 2020, sin cortapisas para el gasto público por el levantamiento de las reglas fiscales y en la comunidad autónoma más golpeada por la crisis económica se termine con superávit.
Román Rodríguez respondió que el cambio en la regla fiscal no impide que haya superávit, sino que no obliga a destinarlo a amortizar deuda, y por tanto son recursos que revierten en la ciudadanía a través de más gasto público directo o a compensar la pérdida de ingresos fiscales a la Comunidad Autónoma si persiste la crisis económica.
El consejero de Hacienda subrayó que, pese a ese superávit, en 2020 el Gobierno de Canarias gastó el 104,3 por ciento del presupuesto inicial que había proyectado y el 95,3 por ciento del presupuesto definitivo tras incorporarse los más de 780 millones de euros adicionales recibidos del Estado para paliar las consecuencias de la pandemia.
Es un grado de ejecución muy superior a los ejercicios anteriores, a pesar de que en 2020 la situación fue excepcional, dijo Rodríguez, y destacó que las políticas expansivas permitieron a la comunidad autónoma disponer de más recursos para gastos en sanidad, educación y políticas sociales sin ninguna dificultad de tesorería.
Recordó que en 2018 el superávit presupuestario fue muy superior, de 438 millones de euros, dinero que tuvo que destinarse a amortizar deuda en 2018, 2019 y 2020.
También en 2018 se consignaron en la contabilidad del Estado los 500 millones adeudados del convenio de carreteras suspendido «alevosamente» por el Gobierno del PP en 2012 y ganado en los tribunales por la Comunidad Autónoma, detalló el consejero.
Pero, gracias a que no fueron transferidos anteriormente, se ha podido negociar un primer pago de 100 millones para gasto no financiero en 2021 y quedan otros 400 millones que llegarán en 2022 y 2023, una vez que se negocie un convenio con el Estado.
Los otros 445 millones de euros pendientes del antiguo convenio de carreteras se ha acordado incorporarlos al nuevo convenio como una adenda para inversiones en los próximos años, recordó.
Aunque siempre hay margen de mejora en la gestión, en esta ocasión el superávit no se pierde, sino que se pude utilizar en este ejercicio, dijo Rodríguez.
La diputada de CC-PNC-AHI Rosa Dávila, antecesora de Román Rodríguez en la Consejería, afirmó que en 2020 no tendría que haber habido ningún superávit, puesto que ha sido un año crítico en el que han caído los ingresos, hay 280.000 personas en paro y se han destruido 9.000 empresas.
«Usted me decía a mí que era la campeona del superávit, pero entonces había unas reglas fiscales que limitaban el gasto público, ahora no se entiende que la comunidad más golpeada por la crisis tenga superávit, unos recursos que se necesitaban en la calle», replicó.
Las ayudas a los autónomos no llegan, cae la recaudación de tributos propios en 500 millones de euros y mantienen todos los recursos de sistema de finanaciación, así que «yo esperaba más bien algo de déficit o un déficit cero», pero no solo ha dejado de ejecutar 467 millones de euros sino que tiene un superávit de 170 millones, le reprochó Dávila al consejero.
El diputado del PP Fernando Enseñat acusó a Román Rodríguez de renunciar a incorporar al presupuestos 400 de los 500 millones del superávit de carreteras, que unidos a los 467 millones del presupuesto de 2020 sin ejecutar y al superávit de otros 170 millones son prácticamente 1.000 millones de euros que el Gobierno de Canarias deja en las gavetas cuando se necesita en la calle.
Podrían haberlo usado en rebajas fiscales, ayudas a los más necesitados o subvenciones a autónomos y empresas, pero este gobierno de Canarias que hablaba de que nadie se quedaría atrás «esta dejando a todo el mundo atrás», afirmó.
La portavoz de Ciudadanos, Vidina Espino, repasó los efectos de la crisis económica en el desempleo, la quiebra de empresas y las necesidades sociales y concluyó que el Gobierno de Canarias no se puede permitir dejar tanto dinero sin ejecutar, porque entonces «de nada sirven las políticas expansivas».
El consejero de Hacienda insistió en que esos fondos no se pierden por no haberlos ejecutado antes de fin de año, sino que se siguen gastando en este y otros ejercicios, porque ya no tienen que ser para amortizar deuda, y subrayó que un responsable político tiene que pensar a medio plazo, puesto que la crisis no se acabó el 31 de diciembre de 2020.
