La Fiscalía niega que en el muelle de Arguineguín hubiera detenciones ilegales, que se obstaculizara el derecho de los inmigrantes a recibir consejo de un abogado o que se perpetrara un delito de «trato degradante»
El Juzgado número 2 de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, ha archivado de nuevo el caso sobre el campamento de inmigrantes del muelle del muelle de Arguineguín a petición de la Fiscalía, que sostiene que allí no se cometió delito alguno y que el denunciante, el Ayuntamiento de Mogán, pretendía abrir una suerte de «causa general».
En el informe que ha llevado a la juez al cargo del asunto a archivarlo de nuevo después de que la Audiencia de Las Palmas ordenara practicar unas diligencias complementarias, la Fiscalía niega que en el muelle de Arguineguín hubiera detenciones ilegales, que se obstaculizara el derecho de los inmigrantes a recibir consejo de un abogado o que se perpetrara un delito de «trato degradante».
Condiciones de hacinamiento
Sobre las condiciones de hacinamiento y falta de higiene en el muelle de Arguineguín -criticadas por varias ONG y el Defensor del Pueblo, que exigió el cierre del campamento- la Fiscalía concede que «ciertamente (…) no eran las más adecuadas para las personas que son rescatadas del mar y llegan muchas de ellas exhaustas» e, incluso, que «podrían comprometer la dignidad de la persona».
Sin embargo, el Ministerio Público recalca que el delito de trato degradante, en la legislación española, no es colectivo, sino que necesariamente debe individualizarse en víctimas concretas, sin que en este procedimiento se haya presentado supuesto alguno de un inmigrante que recibiera una atención en Arguineguín que le generara «sentimiento de terror o inferioridad», mucho menos «a sabiendas» y con una finalidad «preorientada» a «humillarlo o envilecerlo».
Bajo su criterio, las condiciones que se dieron en ese pequeño puerto del sur de Gran Canaria -donde llegaron a dormir sobre el suelo más de 2.500 personas, durante días, bajo carpas o al raso- «solo demuestran una falta de previsión por parte de las autoridades competentes, que desde luego no son las que gestionaban el muelle» y por las que cree que puede que quepa exigir responsabilidades, pero no «en el derecho penal».
