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23 octubre 2021 8:20 am

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Miguel Ángel Ramírez afronta una nueva causa por pagar a sus empleados por debajo del convenio

El auto se ha hecho público este lunes por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC)

Miguel Ángel Ramírez. Archivo.

El Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria ha abierto un nuevo proceso penal contra el empresario Miguel Ángel Ramírez por un presunto delito contra la Seguridad Social como administrador de las empresas Sinergias de Vigilancia y Novo Segur Seguridad por supuestamente retribuir a sus trabajadores por debajo de lo regulado por convenio.

El auto se ha hecho público este lunes por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) como consecuencia de una querella presentada por la Fiscalía de Las Palmas y la Tesorería General de la Seguridad Social. El magistrado Arcadio Díaz Tejera solicita a las partes que presenten sus escritos de acusación. Entiende que existen, por las diligencias practicadas y las declaraciones efectuadas, «suficientes indicios de criminalidad» contra Ramírez.

Tejera concluye que Sinergias de Vigilancia desde 2014 «ha detraído importantes» cantidades de las bases de cotización de sus trabajadores, en total 172.464,76 euros con el consiguiente perjuicio para el sistema público de la Seguridad Social.

La empresa, desde el comienzo de su actividad, ha «impuesto condiciones salariales que perjudicaban a sus trabajadores por ser inferiores en cuantía a las establecidas en los respectivos convenio aplicables en cada momento e, incluso, después de entrar en vigor su convenio de empresa de 1 de julio de 2015, refiere el magistrado en el auto.

En otro auto, el magistrado ha decretado el sobreseimiento y archivo de las actuaciones contra la empresa Ralons y sus administradores, el empresario Miguel Ángel Ramírez y Héctor de Armas, por supuestos delitos contra la Hacienda Pública.

En este caso, Díaz Tejera entiende que los hechos denunciados por la Fiscalía responden a un cálculo indebido de la cuota defraudada, al haberse incluido conceptos que quedaban exentos al responder a indemnizaciones de despido, información de la que no se disponía cuando se interpuso la querella.

La querella presentada por el Ministerio Fiscal era por dos posibles delitos contra la Hacienda Pública que presuntamente había cometido Ralons en los ejercicios 2015 y 2016 por cuotas defraudadas de 170.924,80 euros para el primer ejercicio y de 134.860, 42 euros para el segundo.

Tras las diligencias practicas, se concluye que los hechos no son constitutivos de infracción penal al no superar la cantidad defraudada los 120.000 euros. Cuando se presentó la querella se incluyeron indemnizaciones por despido de trabajadores exentas de pago, como así lo reconoció en la instrucción el inspector de Hacienda responsable de las actuaciones de comprobación.

En él se indica también que, tras comprobar la documentación presentada por la Defensa y al no superar los 120.000 euros la cantidad defraudada, se trataría de una infracción administrativa.

Ralons Servicios es una empresa creada en 2013 y dedicada a labores de limpieza y transporte de residuos selectivos. Fue declarada en concurso de acreedores en 2019.

El TSJC ha hecho público este lunes un tercer auto de Díaz Tejera en el que se reduce a 34,1 millones de euros la cantidad supuestamente defraudada a la Tesorería General de la Seguridad Social por la empresa de Ramírez, Seguridad Integral Canaria, según el citado organismo. En un principio cuantificó la deuda en 50 millones de euros, por lo que la fianza fijada se volverá a calcular.

Se trata de la fianza a la que debe hacer frente el empresario por sus posibles responsabilidades por proceso penal abierto en su contra por delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social a través de su empresa Seguridad Integral Canaria.

En esta causa, en la que también figura Héctor de Armas como imputado, son cuatro las acusaciones personadas: la Fiscalía, la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y el sindicato USO, que acusan a Ramírez y al empresario Héctor de Armas por un fraude de alrededor de 37 millones de euros entre 2010 y 2013 al disfrazar supuestamente como dietas el abono de las horas extraordinarias de sus trabajadores.

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