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27 abril 2024 10:07 am

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El juez del caso Koldo sitúa a Ábalos como “intermediario” en una reclamación de Baleares

Por si parte Francina Armengol, expresidenta de Baleares y actual presidenta de El Congreso, asegura que se ha visto sorprendida por esta información relacionada con el caso koldo

Informa: Silvia Mascareño / Javier González. Vídeo RTVC

El juez que investiga el conocido como caso Koldo afirma que el exministro socialista José Luis Ábalos actuó como «intermediario». Y lo hizo en las «gestiones» realizadas por su exasesor Koldo García para tratar de «solucionar» la reclamación de 2,6 millones de euros que efectuó el Govern balear a la empresa de la trama.

«Encuentro de especial interés»

Así consta en un auto fechado el pasado 7 de febrero, al que ha tenido acceso EFE este jueves, en el que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno sitúa al exministro en una reunión con Koldo García el 10 de enero de este año en un reservado de una marisquería de Madrid.

Un encuentro que tiene un «especial interés para los hechos investigados«, según el juez. Moreno cree que Koldo García habría «influido» para que se llegase a un acuerdo a favor de la empresa Soluciones de Gestión en el marco de la reclamación de 2,6 millones efectuada por la administración balear por un sobrecoste en una compra de 1,5 millones de mascarillas.

Las intervenciones telefónicas, que el juez acordó prorrogar en este auto, «reafirman la influencia» que habría ejercido el exasesor de Ábalos para que esta reclamación «no prosperase». Y una de las personas a las que acudió fue, según el auto, el propio exministro, que se ha visto salpicado políticamente y ha sido suspendido de militancia en el PSOE.

Para el juez, la importancia de la reunión entre Ábalos y García reside en que, un día antes, el exasesor le dijo al empresario Juan Carlos Cueto, responsable de la empresa, que trataría la polémica reclamación con una de las personas con las que se iba a reunir -en alusión presuntamente al exministro-.

Contratos de material sanitario

El magistrado cita diferentes conversaciones entre Koldo García y este empresario, a quien la Fiscalía sitúa como uno de los principales responsables de los contratos de material sanitario que se encuentran bajo sospecha por el presunto cobro de comisiones ilegales. Y que fueron adjudicados por la administración a Soluciones de Gestión al inicio de la pandemia.

MADRID, 27/02/2024.- El exministro José Luis Ábalos, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este martes en el Congreso. EFE/ Zipi Aragon
MADRID, 27/02/2024.- El exministro José Luis Ábalos, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este martes en el Congreso. EFE/ Zipi Aragon

En una de esas conversaciones, del pasado 2 de diciembre, Koldo García afirmó que había comentado el asunto de la reclamación «al ministerio donde yo trabajaba antes” y que le habían dicho que el tema no tenía recorrido jurídico alguno.

Dos días después, Cueto informó a otro empresario de que en principio la Administración balear no tenía intención de continuar con la reclamación iniciada a la empresa: «Esto era un favor que le estaba pidiendo tu vecino… él y su ex jefe… y parece ser que el otro ha dicho que sí… porque le han dado otro favor a cambio». El juez afirma que ese «ex jefe» sería Ábalos.

Además del exministro, el juez también sitúa a Jacobo Pombo, presidente del foro «Global Youth Leadership Forum» (GYLF), como «intermediario» en esa reclamación.

Armengol asegura que nunca habló con Ábalos de mascarillas

La presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, Francina Armengol, «jamás» habló con José Luis Ábalos sobre las mascarillas del caso Koldo. Ni tampoco de la reclamación que inició para solicitar la devolución de una parte de su importe al comprobar que no se adecuaban al contrato firmado, según han avanzado fuentes cercanas a la presidenta.

El entorno de la expresidenta balear ha transmitido esta información después de conocerse que el juez que investiga el caso Koldo afirmara que el exministro socialista actuó como «intermediario» en las «gestiones».

Las mismas fuentes niegan que la presidenta recibiera ninguna presión para que se retirara dicha reclamación que se inicia en marzo de 2023.

Armengol se ha mostrado sorprendida por todas las informaciones que están saliendo a la luz. Fuentes cercanas a ella reiteran que en todo caso esa intermediación sería con el actual gobierno de baleares ya que niega cualquier contacto con ella.

Las mismas fuentes inciden en que toda la contratación se hizo de forma legal, fue fiscalizada y los contratos no dependían de la decisión personal de la expresidenta balear sino de la administración al ser una responsabilidad funcionarial.

Por otra parte, avisan que las mascarillas no eran falsas ya que aunque no valían como material sanitario para los hospitales podían tener otro uso.

Mascarillas «sin suficiente calidad»

Según las mismas fuentes, en abril de 2020 el Ministerio de Transportes informa al Gobierno balear que están contratando con una empresa que tiene mascarillas. Y es el 24 de ese mes cuando la empresa confirma al Servicio de Salud de Baleares que puede surtir 1,4 millones de mascarillas.

El Servicio de Salud realiza la contratación el 29 de abril y el 25 de mayo se envían a analizar, «una práctica que el gobierno balear realizaba con todos los pedidos como una comprobación extra para mayores garantías para las personas».

El 8 de junio los técnicos concluyen que las mascarillas no tienen la suficiente calidad para profesionales sanitarios. Aunque sí para uso en la calle y por ese motivo se almacenan, por si fueran necesarias, tal y como marcó el criterio de la Organización Mundial de la Salud, y por si se hubiera de realizar una posterior reclamación por incumplimiento parcial del contrato.

En este sentido, fuentes cercanas al gobierno de Armengol reiteran que en que la Intervención de la Comunidad Autónoma de Baleares fiscalizó en 2021 y 2022 más de medio centenar de expedientes. Entre ellos el de la empresa vinculada en el caso Koldo, y concluyó que no hubo ninguna irregularidad.

El 20 de marzo de 2023 el director general del Servicio de Salud informa por escrito a la empresa de la reclamación de ese dinero y el 5 de mayo se lanza el expediente de reclamación formal por incumplimiento del contrato y se reclaman 2,6 millones de euros de los 3,7 pagados.

Señalan que el informe se deja firmado y la reclamación iniciada, y así se da cuenta de ello se al gobierno entrante del PP.

«El Govern balear fue el perjudicado por la diferencia de precio y por eso reclamó en tiempo y forma», reiteran las mismas fuentes al tiempo que se preguntan «¿por qué el Govern actual dejó caer la reclamación que puso el Govern de Armengol?».

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