Antxon Alonso es el presunto socio de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, y acude a declarar como investigado en el «Caso Koldo»
Todas las miradas estarán puestas este lunes en el Tribunal Supremo porque allí acudirá como investigado en el «Caso Koldo«, el empresario Antxon Alonso. Es el presunto socio del ex secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. La expectación es máxima por las medidas cautelares que puede adoptar el juez tras la declaración de Alonso.
¿Quién es Antxon Alonso en la trama?
Este empresario es unas pieza clave en este caso de corrupción. La Unidad Central Operativa (UCO), lo vincula con el pago de «mordidas» al exnúmero tres del PSOE, Santos Cerdán.
Este dinero se lo habría entregado el empresario a cambio de garantizarse obra pública para su compañía Servinaba. A su vez, el último informe de la UCO lo señala por ser el encargado de poner en contacto a EH Bildu con Santos Cerdán.
Alonso está citado a las 11.00, una hora antes de que declare Fernando Agustín Merino, que ocupó diversos cargos en Acciona y que fue despedido en 2021. Ambos comparecerán en calidad de investigados ante el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente.
Pruebas en su contra
El nombre de Antxon Alonso aparece en el informe de la UCO que destapó el papel de Cerdán en la trama, en particular por un contrato privado de 2016, hallado en el registro de su vivienda, en el que Cerdán adquiría casi la mitad de participaciones de Servinabar, una empresa navarra beneficiaria de adjudicaciones.
En esta escritura, fechada el 1 de junio de 2016, Alonso transfería a Santos Cerdán 1.350 de las 3.000 participaciones sociales de Servinabar, que aparece en el último informe de la UCO como la «vía de canalización de los beneficios y como escalón intermedio que permitiese desvincular a Koldo de Acciona». La empresa asegura que Cerdán «no ha sido nunca, ni es socio de Servinabar».
Cerdán reconoció al juez que firmó el polémico documento, si bien defendió que nunca se elevó a escritura pública y que no llegó a pagar para formar parte de la empresa.
Dijo que lo firmó en un momento -2016- en el que pensó en abandonar la política y el empresario Antxon Alonso, con quien tenía amistad, le comentó que estaba constituyendo una empresa de ‘vending’ y seguridad, y le ofreció entrar. Sin embargo, cuando habló con su mujer, ella le pidió que no dejase la vida pública, de modo que pidió a su amigo que rompiese el documento.
Cerdán y Alonso compartieron piso en Madrid el primer año que el ex dirigente socialista residió en la capital, donde ahora sigue de alquiler por 2.400 euros al mes.
De Merino
De Merino, despedido por pérdida de confianza de sus superiores con causas objetivas en 2021, dice la UCO que «su participación en los hechos guarda relación con la posible influencia ejercida sobre Koldo García con la finalidad de procurar la adjudicación presuntamente irregular de obra pública en favor de dicha sociedad».
Y añade que «el análisis de los dispositivos informáticos intervenidos a Koldo resulta expresivo de que en diversas ocasiones Merino habría señalado obras que resultarían de interés para Acciona, lo que habría generado posteriormente contraprestaciones».
La empresa, por su parte, sostiene que no hubo irregularidad en la adjudicación de proyectos como el puente del Centenario de Sevilla y los túneles de Belate en Navarra, dos de las cinco obras que señala el informe de la UCO.
Es más, defiende que logró buena puntuación económica y técnica, que se siguió la Ley de Contratos, que ningún competidor impugnó y que hubo una mesa de contratación que hace pensar que cualquier irregularidad «es absolutamente remota».
Investigadas sus cuentas y las de su empres
El juez ordenó a la UCO que investigue las cuentas bancarias de estos dos empresarios, así como de los administradores de Levantina Ingeniería y Construcción (José Ruz) y Obras Públicas y Regadíos (los hermanos Daniel y Antonio Fernández), que declararon el pasado viernes en el Supremo, también como investigados.
Y también pidió investigar las cuentas de las empresas en cuyo beneficio podrían haber actuado, les citó como personas que, «en su condición, al menos, de administradores de hecho de determinadas entidades mercantiles, habrían podido intervenir en la indebida adjudicación en favor de éstas de concretas obras públicas a cambio de precio». El juez les incorporó porque su conducta «aparecería también indisociablemente unida» a la de Santos Cerdán.
