El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto ley para minimizar la burocracia y facilitar la construcción de viviendas en el archipiélago, además de otras medidas dentro de la emergencia habitacional en las islas
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes el Decreto-Ley para la Agilización de la Tramitación de Licencias Urbanísticas y el Impulso de la Construcción de Viviendas, una norma de carácter urgente que busca combatir las demoras administrativas en el otorgamiento de licencias y acelerar la promoción de vivienda en el archipiélago.
La nueva legislación se ha elaborado por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas , junto a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, en coordinación con los sectores implicados. El objetivo: ofrecer soluciones concretas y aplicables a uno de los principales cuellos de botella en la promoción de vivienda.
Colaboración público-privada
Entre los aspectos más destacados del decreto se encuentra la introducción de mecanismos de colaboración público-privada. parapara la emisión de los informes técnicos necesarios para conceder licencias urbanísticas. A partir de ahora, estos informes podrán ser elaborados no solo por los servicios técnicos municipales, sino también por colegios profesionales, entidades urbanísticas acreditadas o medios propios personificados .
Estos informes podrán encargarse directamente por los ayuntamientos o presentados por los propios promotores, quienes asumirán su coste siempre que no supere el valor de la tasa urbanística correspondiente. Aunque no serán vinculantes, tendrán eficacia jurídica inmediata y sustituirán al informe municipal en sus aspectos favorables, lo que permitirá acortar los plazos de tramitación de manera significativa .
“Queremos dotar a los ayuntamientos de más recursos sin restaurarles competencias ni seguridad jurídica, y que los promotores puedan obtener una licencia en menos de seis meses”, señalan desde el Ejecutivo regional. Actualmente, el proceso puede tardar más de dos años.
Medidas complementarias para afrontar la emergencia habitacional
Este decreto se suma al Decreto-Ley 1/2024, aprobado en febrero, y refuerza el paquete de medidas destinadas a atender la emergencia habitacional en Canarias . Entre las nuevas herramientas se incluye la promoción de viviendas grandes incentivadas.re, la reutilización de suelos terciarios con finos residenciales y la posibilidad dey la posibilidad de iniciar obras de viviendas protegidas en suelos aún no urbanizados completamente .
Por primera vez, además, se establece el procedimiento para la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, lo que permitirá aplicar medidas recogidas en la ley estatal por el derecho a la vivienda (Ley 12/2023) .
Canarias se convertirá también en la primera comunidad autónoma en poner en marcha el modelo de vivienda asequible incentivada , dirigido especialmente a las clases medias. Los promotores que se adhieran al programa recibirán beneficios urbanísticos y fiscales, siempre que cumplan con las condiciones establecidas.
Apoyo a municipios en riesgo demográfico
Como parte de esta estrategia, el Gobierno de Canarias prevé implementar medidas específicas de apoyo a los municipios afectados por el reto demográfico, que se activarán con la entrada en funcionamiento de la Oficina Virtual del Reto Demográfico en las próximas semanas.
El nuevo decreto entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias y representa un paso decisivo hacia una administración más ágil, eficiente y alineada con las necesidades reales de la población. “Reducir la burocracia y facilitar el acceso a la vivienda es una prioridad que no puede esperar más”, se concluye desde el Ejecutivo.
Dependencia
El Consejo de Gobierno también ha aprobado este lunes el decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en Canarias y acuerda solicitar al Consejo Consultivo de Canarias.
El decreto supondrá un paso adelante y un avance notable en la mejora del sistema de ayuda a las personas dependientes y sus familias, pues prevé la simplificación de los trámites, el acceso a la vía telemática y, en consecuencia, la reducción de los tiempos de espera en el reconocimiento de los derechos y ayudas que les corresponden.
En esencia, la norma establece que con una sola visita del equipo profesional de la Dirección General de Dependencia se podrá determinar el grado de dependencia de la persona solicitante y su Plan Individual de Atención (PIA), mientras que, hasta el momento, cada uno de estos procedimientos llevaba un trámite e informe distintos, y los plazos entre ellos son, a juzgar por las listas de espera actuales, muy largos. Tal y como establece la normativa que regula el reconocimiento de la situación de dependencia (Real Decreto 174/2011 de 11 de febrero) y recomienda el IMSERSO, las personas profesionales que integran estos equipos de valoración tienen perfil sociosanitario.
Nuevo decreto
“Esta medida -afirma la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado- logrará reducir las listas de espera en Dependencia, porque el esfuerzo que hemos hecho hasta ahora, de la disminución del tiempo en más de un 30%, no era suficiente. Teníamos que actuar de forma urgente para conseguir reducir de forma notable el tiempo en que se concede el grado de dependencia y la ayuda para atenderla, y establecer el procedimiento monofásico es una de las medidas que impulsará la consecución de unos plazos más razonables para que las personas tengan una atención digna y dejen de morir en una lista de espera antes de recibir su ayuda”.
Delgado ha recordado que otras comunidades autónomas han modificado sus decretos con éxito, como Madrid y Cantabria, que están solo un poco por encima de los seis meses exigidos por ley, o País Vasco y Castilla León, cuyos tiempos reducen incluso el tiempo mínimo establecido por ley, “que es nuestro objetivo final”.
La aprobación de este decreto culminaría una serie de esfuerzos que está realizando el Gobierno para atender dignamente a las personas y las familias de dependientes, según señala un comunicado el Ejecutivo canario.
Tarjeta acreditativa del grado de discapacidad
Además, el Gobierno de Canarias ha acordado a petición de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, la aprobación del decreto por el que se crea la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad y se regula el procedimiento para su obtención. La previsión de la Consejería es que este nuevo documento acreditativo beneficie inicialmente a unas 137.000 personas.
Según se expone en el texto, podrán obtener esta tarjeta las personas residentes en el Archipiélago que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o mayor al 33%, con el fin de dotarles de un instrumento útil no sólo para acreditar de forma simple, rápida e inequívoca ante cualquier instancia pública o privada tal condición, sino también facilitar el acceso a los derechos de diversa naturaleza que conlleva la condición de persona con discapacidad.
La tarjeta es un documento público, personal e intransferible que tiene como finalidad la acreditación fehaciente del grado de discapacidad de la persona titular. La ventaja de este sistema es que podrá utilizarse a través de una app específica para llevar en el móvil con lo que se evita tener que llevar a diario el decreto de resolución de su grado.
