La patronal hotelera de Las Palmas urge al diálogo por las nuevas restricciones al tabaco en terrazas

La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo solicita una mesa técnica a Sanidad para explorar fórmulas intermedias frente a la adopción de prohibiciones «absolutas y sin matices» que puedan afectar al uso de terrazas

La FEHT ha mostrado su voluntad de colaboración con las autoridades sanitarias en la lucha contra el tabaquismo, si bien ha solicitado al Ministerio de Sanidad diálogo ante el impulso de cualquier nueva regulación sobre el consumo de productos derivados del tabaco que pueda afectar al uso de terrazas en establecimientos de hostelería.

Los hoteleros de Las Palmas piden a Sanidad diálogo ante las nuevas restricciones al consumo de tabaco en terrazas. En la imagen de arriba, terrazas en Santa Cruz de Tenerife. RTVC.
Los hoteleros de Las Palmas piden a Sanidad diálogo ante las nuevas restricciones al consumo de tabaco en terrazas. En la imagen de arriba, terrazas en Santa Cruz de Tenerife. RTVC.

La FEHT se pronuncia así, en un comunicado, tras conocer la intención del Gobierno central de ampliar la lista de espacios al aire libre donde quedará prohibido fumar, incluidas las terrazas de bares y restaurantes, cuestión por la que la patronal cree «preciso abrir un proceso de consulta estructurado, transparente y basado en evidencias», que permita a los sectores afectados exponer su visión y aportar soluciones compatibles con la protección de la salud pública.

Además la patronal turística señala que en Canarias el 35% del PIB depende del turismo y «gran parte» de la experiencia del visitante se desarrolla en espacios exteriores, tales como terrazas, chiringuitos, zonas recreativas y piscinas.

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Por ello, entienden que la adopción de prohibiciones «absolutas y sin matices, puede alterar negativamente» la competitividad del destino canario, sobre todo en comparación con otros territorios europeos donde la regulación «es más flexible y diferenciada».

La FEHT quiere ser parte activa en la estrategia sanitaria

«Los espacios abiertos ya garantizan una adecuada convivencia entre personas fumadoras y no fumadoras, y de hecho numerosas empresas han aplicado medidas de autorregulación como zonas separadas o mesas exclusivas, sin necesidad de imposiciones generales», asegura la FEHT, que considera que la hostelería «puede ser parte activa» de una estrategia pública si se le permite adaptar su oferta en función del perfil de su clientela, y «no solo como objeto pasivo de restricciones».

En este sentido, desde la FEHT aseguran que reconocen la «importancia» de proteger a colectivos vulnerables, tales como menores, mujeres embarazadas o personas con patologías respiratorias, así como de avanzar en entornos más saludables aunque entiende que «no existen soluciones únicas».

En este sentido, solicita al Ministerio de Sanidad explorar fórmulas intermedias, como podrían ser zonas habilitadas, separación física, criterios de ventilación o la diferenciación entre productos de combustión y los que no generan emisiones directas.

Además desde la patronal resaltan que hay una «ausencia» de una memoria de impacto económico en las medidas anunciadas, lo que sería «imprescindible» en un sector «especialmente sensible a cambios regulatorios». Por ello, admite que «le inquieta que se tomen decisiones sin evaluar adecuadamente» sus consecuencias, «sin consenso previo y sin tener» en cuenta experiencias internacionales recientes.

Enfoques «más graduados» en otros países europeos

En concreto, cita a países europeos mercados turísticos emisores para Canarias, como Francia y el Reino Unido, y que han optado por enfoques «más graduados», centrando las restricciones en entornos con presencia infantil o educativa, y permitiendo que ciertos productos sin combustión se puedan usar en espacios al aire libre, lo que entienden «permite preservar la libertad del consumidor sin comprometer la salud de terceros«.

Es por lo que desde la FEHT se pide una mesa técnica de trabajo liderada por el Ministerio de Sanidad, con la participación de otros departamentos del Gobierno central, las comunidades autónomas, los empresarios y los representantes de consumidores.

El objetivo es analizar a fondo los beneficios y riesgos de las medidas que se plantean para garantizar una regulación «eficaz, proporcional y socialmente aceptable».

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