La ley no convence ni a Unidas Podemos ni a algunos socios parlamentarios como PNV o EH Bildu, que ven los plazos exagerados
El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de secretos oficiales que fija un máximo de 50 años, aunque prorrogable, para la desclasificación de «altos secretos» de Estado, una ley que no convence ni a Unidas Podemos ni a algunos socios parlamentarios como PNV o EH Bildu, que ven los plazos exagerados.
Estas discrepancias obligarán de nuevo al Ejecutivo a tener que negociar en su tramitación para poder sacar la ley adelante en las Cortes Generales, toda vez que su socio de coalición también ha avisado que podrían plantearse no apoyarla.
El propio portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha resaltado en su cuenta de Twitter que la norma nace en el PSOE y no es del Gobierno de coalición, aunque la reunión de esta tarde entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, podría haber limado asperezas.
El anteproyecto de Ley de Información Clasificada, como se denomina oficialmente, sustituirá a la normativa vigente en la actualidad, que data de 1968, en pleno franquismo, y otorga al ministro de la Presidencia, Felix Boñalos, la autoridad para proponer la desclasificación de documentos, algo que competía hasta ahora a la titular de Defensa, Margarita Robles, que ha restado importancia al hecho.
«No se puede plantear que sea de un ministerio u otro», ha dicho Robles, quien ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que apoyen y mejoren la ley durante el trámite parlamentario.
Cuatro categorías de protección
La norma diferencia entre cuatro categorías de protección (alto secreto, secreto, confidencial y restringido) y también entre los plazos para la desclasificación, que oscilan entre los 50 años para los altos secretos (la información que se considerará más sensible) y los 4 años para la información restringida, aunque ese periodo podrá prorrogarse en algunos casos.
Actualmente no hay ningún plazo límite para la desclasificación de la información de carácter reservado y con la nueva ley habrá desclasificaciones automáticas.
No existe la clasificación de un documento de por vida. Hay un plazo máximo», ha recalcado Bolaños tras incidir en que tampoco hay «ningún régimen diferente para ninguna institución del Estado y la ley se aplica a todas las instituciones por igual», también a la Corona.
Desde hace tiempo diversos grupos políticos, sobre todo el PNV pedía cambios en la ley. El caso Pegasus, de espionaje a políticos independentistas catalanes y al propio gobierno, ha propiciado que esta ley sea reformada.
Seis años han pasado desde que el PNV propusiera una reforma aunque hoy los nacionalistas vascos han criticado que no se les haya consultado ni informado.
El PNV saluda la reforma pero cree que llega tarde y que los plazos se alejan de los planteados por su grupo, lo que les resulta, a priori, «bastante decepcionante» y porque son «exageradamente largos», al tiempo que duda de que pueda entrar en vigor esta legislatura.
EH Bildu ha ido a más y ha pedido que el anteproyecto sea rectificado porque el Gobierno no cumple «con la palabra dada, ni responde a las demandas» del País Vasco.
La nueva ley no servirá, según Bildu, para «conocer la verdad y buscar la justicia en los numerosos episodios que aún siguen bajo el manto de la impunidad», como los GAL, recalcan desde esta formación.
«La regla general será la desclasificación»
No obstante, Bolaños ha añadido que a partir de que entre en vigor la nueva ley, debido a la cantidad ingente de documentos clasificados desde 1968 se podrá desclasificar información bien de oficio o bien a petición de una persona interesada siempre que dichos documentos no vayan contra la integridad de una persona o contra la seguridad nacional del país.
«La regla general será la desclasificación», ha dicho tras abrirse a «mejoras» durante su tramitación y confiar en que pueda estar aprobada definitivamente a principios de 2023 como muy tarde.
El otro socio parlamentario, ERC ha preferido esperar a analizar el documento del Gobierno para avanzar su sentido del voto: «tendremos que leer bien la propuesta de una ley que hasta el momento es totalmente anacrónica», han señalado fuentes del partido republicano.
El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, se ha quejado de que el Gobierno prefiera informar antes a Bildu que al Partido Popular y considera que se trata de una ley «muy sensible». Además cree si las competencias de los secretos oficiales pasan a la Presidencia del Gobierno se «politizan» los asuntos clasificados.
Desde Vox, su secretario general, Javier Ortega Smith, también ha expresado su preocupación por entender que la verdadera intención es «esconder el mayor tiempo posible» las negociaciones y «maniobras indignas» del Gobierno contra el Estado.
Mientras, el diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz ha ironizado con la «lucidez» de Sánchez y se ha mostrado convencido de que el presidente, «todo lo que es capital para nuestro país se lo confía a Otegui, Rufián y a los nacionalistas vascos, precisamente a todos los que se quieren cargar España».
