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29 marzo 2024 5:52 am

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Mutilación genital femenina

Más de 700 niñas en Canarias están en riesgo de sufrir mutilación genital, según denuncia la Asociación Multicultural de Mujeres Mauritanas DIMBE. Con motivo del Día Internacional de Tolerancia Cero contra la mutilación genital femenina, se han sucedido distintas iniciativas, con el objetivo de evitar esa forma de violencia contra las mujeres. Piden un protocolo específico de actuación. Sobre ello hemos hablado en nuestra sección Igualdad con Paloma Hueso, que es fisioterapeuta.

Hoy en Buenos Días Canaria hablamos en con Paloma Hueso, sobre la mutilación genital femenina como una forma más de violencia de genero.

Practica que todavía en muchos países sigue siendo una práctica cultural.

Hay que recordar que el Convenio de Estambul recoge que la mutilación genital femenina como una forma de violencia de género y que se persigue de manera delictiva.

Paloma Hueso es fisioterapeuta y vocal de obstetricia de ginecología del colegio oficial de Fisioterapeutas de Canarias, ademas colabora con Asociación Multicultural de Mujeres Mauritanas DIMBE de Fuerteventura.

Nos cuenta que es una practica cultural de sus países de origen y que por distintas creencias, que son erróneas, son la manera de ser aceptadas a nivel social.

Esta práctica deja distintos tipos de secuelas a las mujeres dependiendo del tipo de mutilación que sea, existiendo 4 tipos.

En alguno de estos tipos de mutilación genital femenina a la hora de dar a luz, tienen que volver abrir los genitales en el momento del parto y se producen desgarros muy importante, incluso hay veces que esta práctica conlleva hacer una cesárea.

Por el sistema sanitario en sus países de origen hay muchas veces muertes y lesiones cerebrales de los bebes, por falta de oxígeno y porque tienen dificultad para salir.

En el caso de las madres dejan secuelas a nivel genital muy importantes.

Además, nos cuenta que esta practica hay veces que la hacen los lugares poco salubres y con material no apropiados.

Por suerte en España hay una pena entre 6 y 12 años de cárcel para los progenitores que no protejan a sus hijas.

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