Clavijo responde en la sesión de control al Gobierno de cuestiones como el aumento del precio de la vivienda o las medidas para combatir el desafío demográfico
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, responde este martes, a partir de las 10:30 horas, a las preguntas de los grupos parlamentarios en la sesión de control al Gobierno en el pleno del Parlamento de Canarias.
Algunos de los puntos que se van a tratar en esta sesión parlamentaria tienen que ver con la conectividad de las islas verdes ante la situación de colapso en el puerto de Los Cristianos o las medidas puestas en marcha por su Gobierno ante el aumento del precio de la vivienda.
También se tratará las propuestas específicas que presenta Canarias para asegurar un nuevo sistema de financiación autonómica y las medidas establecidas para combatir el desafío demográfico en el archipiélago.
Reforma del Puerto de Los Cristianos
Clavijo ha asegurado en el Parlamento que todas las instituciones públicas implicadas están alineadas para abordar la mejora del puerto de Los Cristianos, «importante» para Tenerife y la provincia.
Durante una pregunta parlamentaria del portavoz de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, el jefe del Ejecutivo ha afirmado que tanto el Gobierno de España, como el Cabildo y el Ayuntamiento de Arona tienen que intervenir.
Por su parte, Curbelo ha reclamado mayor celeridad y coordinación institucional, al recordar que “el puerto se puso en marcha en 1974 y en estos 50 años no se ha intervenido de forma importante”.
Ha subrayado que “la Autoridad Portuaria ya tiene un plan” que incluye la demolición del edificio actual, la construcción de un nuevo edificio de servicios, un nuevo vial de acceso a la terminal y mejoras en la conexión con la autopista TF-1.
Clavijo ha apuntado que algunas actuaciones aún no cuentan con dotación presupuestaria. Así, se incorporarán al futuro convenio de carreteras que se negociará con el Estado a partir de 2026.
Ley de alquiler vacacional
El presidente de Canarias ha defendido la aprobación de la ley de alquiler vacacional, que va a sacar del mercado camas turísticas para ponerlas en uso residencial.
Durante una pregunta parlamentaria del diputado de Nueva Canarias Luis Campos sobre la crisis de la vivienda en las islas, el presidente ha confirmado que está «en la tarea» para que salga adelante esta nueva normativa, que sigue su tramitación parlamentaria tras siete prórrogas en la presentación de enmiendas por parte de PSOE, Vox y Nueva Canarias.
Clavijo ha recordado que el Gobierno de Canarias, en el año 2024, ha construido 4.088 viviendas, algo que no ocurría desde el año 2009. Además, ha agregado, en el año 2024 se terminaron 2.889 viviendas, algo que tampoco ocurría desde el año 2009.
«Esas son las medidas que ha puesto en marcha este gobierno, precisamente para corregir el desequilibrio entre la oferta y la demanda«, ha afirmado.
Pacto canario
Asimismo, Clavijo ha anunciado su intención de promover un pacto de todas las fuerzas políticas del Parlamento de Canarias y la sociedad civil organizada en contra del pacto para la financiación singular de Cataluña. Así, ha confiado en que todos los grupos políticos participen para comprobar «quiénes están con los canarios y quiénes con las siglas de su partido».
Tres de las seis preguntas formuladas a Clavijo en la sesión de control del Gobierno en el pleno del Parlamento regional han estado relacionadas con el acuerdo para la financiación singular de Cataluña, donde el presidente ha anunciado que convocará el pacto a finales de agosto para luchar contra un acuerdo que «roba el futuro de nuestra tierra».
También han sido preguntados por este asunto el vicepresidente del Gobierno regional, Manuel Domínguez, quien se ha comprometido a intentar a través de su partido, el PP, que esa financiación sea rechazada en las Cortes, y la consejera de Hacienda, Matilde Asián. Ésta ha asegurado que Canarias sería la comunidad más perjudicada por esta ruptura del bloque de financiación autonómica, debido a la ruptura de la solidaridad territorial y por sus efectos en el Régimen Económico y Fiscal (REF).
Migración
Por su parte, el presidente canario ha afirmado que «raya en lo esquizofrénico» que el PSOE le afee su gestión en materia migratoria cuando el Gobierno central no ejecuta los autos del Supremo en materia de menores con asilo, y ha aseverado que «son unos indecentes».
Clavijo ha reaccionado de esta manera después de que el portavoz del grupo parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, le preguntase por los hechos concretos de su acción de gobierno para responder a los problemas estructurales de la Comunidad Autónoma.
Y ha hablado de una Canarias más desigual, menos protegida y peor gestionada que hace dos años, con 2.500 millones de euros no gestionados, casi 4.000 personas más en espera de dependencia y servicios públicos «absolutamente colapsados».
Ha añadido Franquis que se trata del Gobierno más caro de la historia de la Comunidad, autor del «mayor fraude electoral» por haber postulado la bajada de tipos del IGIC en campaña y luego no hacerlo y además un ejecutivo «ineficaz» a la hora de gestionar.
Es un Gobierno que está continuamente «mirando para atrás», no tiene proyecto, ideas ni liderazgo y en particular Clavijo, ha continuado el portavoz socialista, es el presidente autonómico que mayor debilidad ha mostrado. Además, le ha recriminado que no use «la contundencia» con la que ataca al Gobierno de España en materia migratoria para defender los intereses de Canarias.
Discursos de odio
En la línea migratoria, la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, Nieves Lady Barreto, ha pedido a Vox que «deje de alentar» acciones delictivas contra personas migrantes «en las calles de nuestro país», tras los sucesos de Torre-Pacheco (Murcia).
Barreto, durante el pleno del Parlamento canario, en respuesta a una pregunta de la diputada de Vox Paula Jover, ha negado las tesis de la representante de Vox respecto a la vinculación de la inmigración a una mayor tasa de delincuencia y le ha recordado que ningún dato oficial apoya esa idea.
La consejera ha recordado asimismo que, según los datos oficiales, en Canarias durante el primer trimestre de este año la delincuencia ha bajado y que la mayoría de las 27.381 infracciones penales no las cometen personas migrantes.
«Sigo sin entender el discurso peligroso de relacionar migración y delincuencia. Igual de peligroso que alentar acciones delictivas contra migrantes. Podemos hacer muchas cosas, pero tienen que ir de la mano del civismo», ha concluido la consejera.
Dependencia
La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha admitido que hay un «limbo» en la dependencia porque «no esconde las cifras». Ante ello, la diputada de NC-BC Natalia Santana ha replicado que Canarias lidera «la lista de la vergüenza social» y, si es incapaz de gestionar, debe «mandarse a mudar».
Además, ha reconocido que hay un problema de aumento del «limbo» en la dependencia porque «no mira para otro lado», pero también ha «dejado claro» que este incremento se ha generado al incorporar a más de 8.000 personas a las que no se había grabado el expediente de solicitud en la legislatura anterior.
En total se han incorporado casi 17.000 personas en dos años que habían sido «invisibles» para el anterior Ejecutivo. Actualmente, se tramita una media de 61 resoluciones diarias, algo impensable en 2023, ha añadido Delgado. La consejera también ha cuestionado dónde está la financiación del Estado en este ámbito porque, ha reprochado, en Canarias sólo llega al 22% de lo necesario.
Natalia Santana ha replicado que los que inventan datos «son ustedes» y sus cifras «no son malas, son un escándalo» que ha llevado a Canarias a liderar «la lista de la vergüenza social, con el porcentaje más alto del Estado de solicitantes no atendidos, el 37,8%.
Hay unas 15.000 personas con la dependencia reconocida que están esperando que su prestación se haga efectiva, ha continuado Santana, para quien ninguna comunidad ha empeorado tanto como Canarias, lo que a su juicio «no es un retraso, es un abandono».
El PSOE denuncia «abandono institucional»
La diputada del PSOE Elena Máñez ha acusado al Gobierno canario de provocar una «quiebra» en el sistema público de servicios sociales y de «abandonar institucionalmente» a las personas más vulnerables, especialmente a los menores tutelados por el Ejecutivo autónomo.
La socialista ha reprochado a Candelaria Delgado, que en solo dos años haya pasado de ser «una firme defensora del sistema público» a convertirse en «la principal causante del deterioro de las garantías sociales» por su gestión, que ha calificado de «caótica y desorganizada».
«La situación es grave: hay bebés lactantes en centros de acogida, menores de tres y seis años institucionalizados porque no se hacen campañas de acogida ni se captan familias», ha denunciado Máñez, quien ha calificado de «indecente» la falta de medidas para impedir estas situaciones.
La diputada socialista ha insistido en que la administración ha mentido a las familias que quieren adoptar, «condenando a los niños a la institucionalización mientras se asegura que no hay menores disponibles», cuando en realidad, ha sostenido, «el sistema está colapsado porque solo hay una trabajadora social para realizar las valoraciones de adopción y acogida».
En el ámbito de la renta ciudadana, Máñez ha aludido a las denuncias de los colegios profesionales sobre expedientes atascados, cobros indebidos y un sistema que obliga a personas vulnerables a devolver ayudas.
