Los diputados canarios abordan este miércoles el debate de varias proposiciones no de ley
El pleno del Parlamento de Canarias continúa este miércoles con el debate de diversas proposiciones no de ley e interpelaciones.
Además se tomará en consideración una proposición de ley de reconocimiento de la autoridad del profesorado y la fiscalización de la cuenta general de la Comunidad Autónoma de Canarias del ejercicio 2023.
Licencias para VTC
El pleno del Parlamento canario ha aprobado el dictamen de comisión que modifica de forma urgente la ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, en el que se prorroga por un año la concesión de licencias para vehículos de transporte con conductor (VTC).
El pasado año se acordó que la concesión de licencias para vehículos de transporte con conductor en Canarias, donde están pendientes unas 9.000, se supedita a criterios ambientales y de sostenibilidad y carga del tráfico. La decisión dependerá de los cabildos.
La ley se aprobó en 2007 y su modificación es consecuencia de un decreto ley que el gobierno canario aprobó el pasado año para adaptar la legislación autonómica a una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de junio de 2023 que terminó con la proporción de una licencia de VTC por cada 30 taxis, y abrió la vía a criterios ambientales y de gestión.
En la sesión se han rechazado las enmiendas de Vox, cuya diputada Paula Jover ha criticado que se actúa en función de una «religión climática». Además, se aceptaron algunas propuestas de Nueva Canarias-Bloque Canarias, formación de la que Esther González ha cuestionado que se olvide a los usuarios y su derecho a elegir el medio de transporte que más les satisfaga.
El diputado del grupo Socialista Marcos Bergaz, quien ha pedido que se aproveche el tiempo para que dentro de un año no sea preciso prorrogar la moratoria. El dictamen de modificación afecta a otros aspectos de la ley y los diputados están de acuerdo en que sería pertinente contar con una nueva ley del transporte por carretera.
Autoridad del profesorado en Canarias
El Pleno del Parlamento de Canarias ha dado luz verde a la tramitación de la proposición de ley impulsada por los grupos del cuatripartito -CC, PP, ASG y AHI-, que aboga por reconocer la autoridad del profesorado en las islas.
Jonathan Martín (CC) ha destacado que los profesores son un «factor esencial dentro de la calidad del sistema educativo» y la ley responde a una «demanda social» de fortalecimiento y reconocimiento público de la función docente.
Ha dicho que la proposición no de ley «no va contra nadie» y su objetivo es que docentes y equipos directivos «conozcan y hagan valer sus derechos» para profundizar en el reconocimiento al profesorado como autoridad pública, con la presunción de veracidad de sus actuaciones.
En esa línea, ha apuntado que su contenido «no va encaminado a volver al autoritarismo entendido como el maestro o la maestra con la regla de madera de otras épocas, todo lo contrario, tiene el espíritu de proteger, acompañar y apoyar al profesorado en situaciones de conflicto en las que sus partes, actas o documentos tengan presunción de veracidad como autoridad pública sin perjuicio de los derechos e intereses del alumnado».
Sonsoles Martín (PP) ha dicho que la ley da «seguridad para enseñar y formar» en un contexto en el que hay docentes «agredidos física y verbalmente» o «desautorizados» delante de sus alumnos y «familias que en lugar de colaborar con el centro educativo, muchas veces lo enfrentan».
Servicio Canario de la Salud
El diputado de NC-bc, Yone Caraballo, ha ironizado con la posibilidad de que «un estibador» acabe dirigiendo el Servicio Canario de Salud (SCS) tras la dimisión de Carlos Díaz y en referencia a la opción de que su relevo sea Adasat Goya, gerente del Hospital Universitario de Canarias (HUC).
«Con lo mal que lo está haciendo en el HUC, lo mandas a dirigir ya no el HUC, sino el Servicio Canario de Salud», ha afirmado durante el debate de una PNL sobre fisioterapia en el Pleno del Parlamento de Canarias.
El diputado canarista ha comentado que ese nombramiento, si se lleva a efecto, será «un agujero y un socavón» para la sanidad pública de las islas. Algo que ha tildado de «pena y tristeza», al tiempo que ha remarcado la dimisión «entre comillas» de Díaz.
