Se trata de una decisión histórica, sin precedentes en nuestra democracia habida cuenta de que es la primera vez que el Constitucional paraliza una ley en tramitación en el Parlamento
El Tribunal Constitucional ha paralizado, como había solicitado el PP, la tramitación parlamentaria de los cambios en el Poder Judicial y el propio TC, aprobados ya por el Congreso y que estaban pendientes de votarse en el Senado este jueves, en una decisión sin precedentes en la corte de garantías.
Fuentes jurídicas han informado a EFE de que el Pleno extraordinario del tribunal, convocado para estudiar esta cuestión, ha estimado la medida cautelarísima solicitada por el PP gracias a la mayoría conservadora del tribunal, que ha hecho valer sus seis votos frente a los cinco del bloque progresista.
Se trata de una decisión histórica, sin precedentes en nuestra democracia habida cuenta de que es la primera vez que el Constitucional paraliza una ley en tramitación en el Parlamento.
Esta decisión conlleva la paralización inmediata del trámite parlamentario, de manera que impide la votación que tenía previsto llevar a cabo el Senado este jueves para dar el aval definitivo a la reforma legal, tras la luz verde del Congreso.
El PP recurrió la enmienda que pretende modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para eliminar la mayoría de tres quintos a la hora de nombrar en el seno del Consejo General de Poder Judicial a los magistrados al Constitucional.
Y también la que modifica la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional eliminando el plácet, el examen de la idoneidad, a los nuevos magistrados y habilita la opción de renovar por sextos y no por tercios.
«Manifiesta anticonstitucionalidad»
Lo hizo porque considera que el trámite para aprobar las dos enmiendas es de una «manifiesta anticonstitucionalidad» y «antijuricidad».
Y, además, porque entiende que el cambio en el CGPJ «limita las capacidades de propuesta de los vocales al Consejo» y la eliminación del plácet en el Constitucional «supone un atentado frente a la independencia y autonomía del tribunal», al tiempo que la renovación por sextos «contraviene de manera clara, el expreso tenor del art. 159.3 de la Constitución que dispone que se renovarán por terceras partes cada tres años». Ambos trámites, ahora suspendidos.
Dos bloques con posiciones enfrentadas
Como era de esperar, el tribunal se ha fragmentado en dos bloques que ya desde el inicio del pleno a las 10.00 horas tenían posiciones enfrentadas respecto a las cuestiones a resolver.
Primero se votó la avocación a Pleno del recurso del PP y salió con siete a cuatro, la única votación en la que un progresista se sumó al sector conservador. El resto fueron todas seis a cinco.
Eso sucedió con la admisión a trámite del recurso de amparo del PP y con el rechazo a las recusaciones solicitadas por Unidas Podemos y el PSOE para apartar a su presidente, Pedro González Trevijano, y al magistrado Antonio Narváez, del pleno que iba a decidir si paralizaba la tramitación de los cambios en el Poder Judicial.
Precisamente, este último resultado ha sido clave, porque ya otorgaba la mayoría conservadora para la votación del ultimo punto del orden del día y el más importante, que no era otro que la cautelarísima del PP, porque de lo contrario, la mayoría hubiera correspondido a los progresistas por cuatro a cinco, al salir Trevijano y Narváez.
Así, tras doce horas del inicio del pleno, las últimas tres consagradas solo al debate y votación de la cautelarísima, el tribunal de garantías ha estimado la petición del PP y frenado los cambios legales en marcha en el Parlamento, como así recogía el borrador del ponente Enrique Arnaldo, nombrado a propuesta del PP.
El aluvión de escritos de Unidas Podemos y PSOE oponiéndose a cualquier cautelar que afectara al trámite legislativo y formulando las recusaciones no ha logrado cambiar la posición del sector conservador, que tan solo ha aceptado su personación en el procedimiento.
Ahora está por ver cómo reaccionan los partidos y especialmente PSOE y Unidas Podemos, toda vez que este último grupo parlamentario ha asegurado que las Mesas del Congreso y del Senado cuentan con «elementos jurídicos suficientes» como para no tener que atender la resolución del Constitucional si frenaba los cambios legales.
