El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, contesta en el pleno del Parlamento a cuestiones como la moratoria turística, los problemas de tráfico en las islas capitalinas o el turismo británico
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha contestado este martes en el pleno del Parlamento a preguntas sobre la moratoria turística, los problemas de tráfico en Tenerife y Gran Canaria.
Además, el turismo británico, la próxima Conferencia de Presidentes y la concentración de viviendas en manos de grandes tenedores también se ha tratado en el pleno parlamentario.
Moratoria turística
El diputado de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Luis Campos y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), se han acusado mutuamente de mentir en relación a 36 sentencias condenatorias en concepto de responsabilidad patrimonial por aplicación de la moratoria turística.
Campos preguntó a Clavijo si mantiene que la denominada moratoria turística, aprobada por el Parlamento entre 2001 y 2003 siendo presidente Román Rodríguez -entonces en CC- originó 1.000 millones de indemnizaciones a Canarias.
El presidente indicó que las leyes aprobadas fueron el germen de las medidas que se tomaron en materia de moratoria turística y por ello el origen de las sentencias condenatorias.
Campos ha acusado entonces a Clavijo de tener una actitud de que la verdad «nunca estropee un buen titular». Además, ha asegurado que lo peor es «no dar el brazo a torcer».
El diputado de NC ha insistido en que el presidente ha convertido «la mentira, el bulo, en una práctica política». Así, ha indicado que también ha actuado de ese modo con los datos de la dependencia, y ha subrayado que el origen de las sentencias condenatorias es una ley aprobada en 2009, con Paulino Rivero (CC) como presidente.
Movilidad
Por su parte, Clavijo ha abogado por los trenes en Tenerife y Gran Canaria para mejorar la movilidad de la población y por potenciar el uso del transporte público
En respuesta a una pregunta de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) sobre los colapsos de las principales vías de Tenerife y Gran Canaria, el presidente ha reconocido que el crecimiento poblacional de las islas es «insostenible» porque las infraestructuras no son capaces «de ir a la misma velocidad».
El presidente ha defendido la importancia de construir infraestructuras al mismo tiempo que se potencia el transporte público. «Por muchas infraestructuras que hagamos no vamos a acabar de resolver el problema», ha manifestado.
El diputado de ASG Casimiro Curbelo ha opinado que «no se pueden hacer siempre nuevas autopistas», y se ha posicionado a favor de restringir el tráfico privado.
Turismo
El presidente canario ha proclamado que su Gobierno no está en contra del turismo, «pero esto no es una barra libre». Afirmación que ha realizado en respuesta a la pregunta del diputado de Vox Nicasio Galván sobre el descenso de reservas de turistas británicos para este verano.
«Al turismo, alfombra roja», le ha espetado Galván a Clavijo, quien ha replicado que esa «alfombra roja» se la pone el Gobierno autonómico «a los canarios, a los trabajadores, a todo el que quiere esta tierra y al que venga para generar riqueza y que sea bien repartida».
«Nunca estaremos en contra de los empresarios turísticos», pero «sí a favor» de unas «condiciones decentes» para los trabajadores del sector y para que «cuanto más» de la riqueza que genera «se quede en Canarias, mejor».
Siguiendo la línea turística, Jéssica de Léon ha criticado que Nueva Canarias ha votado en Gran Canaria y Lanzarote a favor de aumentar el número de camas turísticas, y ha reconocido que Canarias tiene un límite. De esta manera, ha pedido apoyo a la propuesta de ley de alquiler vacacional.
Vivienda
El portavoz del grupo parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, ha anunciado que presentará una proposición de ley para incentivar que las 104.400 viviendas que según datos del Catastro están en manos de grandes tenedores en Canarias pasen al mercado de vivienda pública.
Clavijo ha contestado al portavoz socialista que estudiará «con cariño» esa proposición y de la misma manera espera que el PSOE «recoja nuestro guante» de que hay que cambiar la ley estatal de Vivienda.
El presidente ha argumentado que la ley estatal lo único que ha hecho es sacar vivienda del mercado y debe ser modificada lo que, ha añadido, dijo en su momento al presidente Pedro Sánchez «y no quiso hacer modificaciones a una ley que está generando todos estos problemas».
En esta misma materia, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha afirmado que van a publicar un código de buenas prácticas destinado a los agentes inmobiliarios y van a perseguir a los que excluyen a los residentes en los anuncios de alquiler.
Conferencia de presidentes
Fernando Clavijo ha informado en el pleno del Parlamento que su planteamiento ante la próxima Conferencia de Presidentes, que reunirá el 6 de junio en Barcelona a Pedro Sánchez y a los titulares de las comunidades autónomas, será que se hable de vivienda y de inmigración. Sin embargo, duda de que se vaya a alcanzar ningún acuerdo dado el clima de enfrentamiento en la política nacional.
En respuesta a preguntas de los diputados, ha dicho ya cómo intuye que va a terminar la Conferencia de Presidentes: «cada uno venderá su relato fuera y ya está, no ocurrirá nada».
Pese a todo, tiene «esperanzas» de que los dos temas que plantea Canarias puedan incluirse en el orden del día. Otras comunidades han planteado hablar de la financiación autonómica y de la condonación de la deuda y el Gobierno de España quiere debatir sobre formación profesional y vivienda.
En todo caso, «soy bastante pesimista» sobre que se llegue a acuerdos, ha insistido Clavijo. Al respecto, se ha remitido a la última Conferencia de Presidentes, celebrada en Santander, que fue «bastante estéril», no se alcanzó ningún acuerdo y una propuesta sobre inmigración planteada por Canarias y Euskadi no llegó a ser votada.
En cuanto a vivienda, Clavijo propondrá una modificación de la Ley de bases del régimen local para que se puedan establecer límites, o al menos requisitos, que dificulten la adquisición de viviendas por parte de extranjeros mediante la aprobación de ordenanzas municipales.
