Los agentes del Grupo Ambiental de la UMEC interponen así su primera denuncia a la empresa infractora, que importa y comercializa pescado en la capital grancanaria
Una fuga de amoníaco obliga al desalojo de trabajadores en El Sebadal

Agentes del Grupo Ambiental de la Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC) de la Policía Local han interpuesto una denuncia a una empresa de importación y comercialización de pescado con sede en la capital grancanaria por el vertido de residuos peligrosos, concretamente amoníaco, hacia la red de saneamiento público, generando con ello la emisión de gases hacia la vía pública.
Los hechos tuvieron lugar durante la mañana del pasado lunes en el polígono industrial de El Sebadal, donde se personaron efectivos de la Policía Local y de los Bomberos tras recibir varios avisos ciudadanos por un fuerte olor a gas.
Los Bomberos confirmaron la presencia de gases en la atmósfera y determinaron su origen en la red de saneamiento público municipal, pudiendo identificar que se trataba de amoníaco, un químico con un elevado riesgo de producir irritación y quemaduras por inhalación. La Policía Local tuvo que desalojar las vías y ordenar el cierre de los comercios y empresas ubicadas en el entorno más próximo, permaneciendo cerradas unas horas hasta que los Bomberos concluyeron las labores de saneamiento y se eliminó el producto de la atmósfera.
Primera denuncia de la UMEC
Agentes del Grupo Ambiental con la colaboración de los bomberos determinaron, siguiendo el recorrido de la red de saneamiento, el origen probable del vertido, una empresa de importación y comercialización de pescado cercana al lugar.
Tras las averiguaciones realizadas por los agentes uno de los trabajadores terminó admitiendo el vertido de amoníaco por un desagüe conectado al alcantarillado municipal, originando su propagación por la red de saneamiento y la emisión de gases hacia la vía pública.
La Policía Local ha denunciado a la empresa por el vertido de un residuo peligroso hacia la red de saneamiento, tratándose de la primera denuncia que este Grupo medioambiental de la Policía interpone tras la aprobación en el mes de abril de la Ordenanza municipal reguladora del Servicio de Saneamiento y Vertidos de Las Palmas de Gran Canaria, debiendo afrontar una sanción de hasta 1.800 euros.
