El empresario ha alegado que la Seguridad Social «no concluyó» que los pagos de dietas camuflaran horas extras, como mantiene la Fiscalía
El empresario Miguel Ángel Ramírez sostiene que Seguridad Integral Canaria sería hoy «una de las primeras compañías del país» en su sector de no haber sido por el procedimiento por presunto fraude a Hacienda y a la Seguridad Social por el que está siendo juzgado en la Audiencia de Las Palmas y en el que defiende que no ha cometido delito alguno, y asegura que en Seguridad Integral se pagaban dietas por desplazamiento y kilometraje por la naturaleza del servicio que prestaban sus vigilantes y que también se abonaban horas extraordinarias.
El empresario ha alegado que la propia Seguridad Social, en un informe, «no concluyó» que los pagos que hacía su empresa en concepto de dietas camuflaran horas extras, como mantienen la Fiscalía y el resto de acusaciones y han testificado durante la vista oral antiguos empleados y los inspectores de Hacienda y la Seguridad Social.
Ramírez ha recalcado que siempre ha cumplido «escrupulosamente» con toda las solicitudes de información que le plantearon las autoridades, facilitando los datos que le requirieron, y que él no es responsable de que uno de los jueces instructores de la causa utilizara esa información «con otro propósito», como hizo Salvador Alba en los hechos por los que está cumpliendo seis años de cárcel.
Miguel Ángel Ramírez destaca que la gestión de Héctor de Armas en 2011 fue un éxito
Asimismo, ha defendido la gestión del otro procesado, Héctor de Armas, que le sucedió como administrador único en el verano de 2011, porque fue «un éxito», hasta el punto de que consiguió que Seguridad Integral Canaria se convirtiera en la quinta del país.
Fue Héctor de Armas, según Ramírez, quien «tuvo la brillante idea» de aprovechar la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy para descolgarse del convenio colectivo del sector en España y dotar a la empresa de un pacto laboral propio con sus trabajadores y también preparó un segundo convenio que se activó en cuanto los tribunales anularon el primero.
El empresario ha opinado además que al sindicato que denunció las presuntas irregularidades de Seguridad Integral Canaria, USO, «no le interesaba» que la empresa fuese la quinta de su sector en España. «Esa es la realidad», ha añadido.
Miguel Ángel Ramírez ha subrayado que «jamás» ha sido inhabilitado judicialmente y ha recordado que la pena que se le impuso hace años por las obras realizadas en su casa, en una condena que luego fue anulada, solo se le prohibía administrar empresa del sector de la construcción, actividad en a la que él no se dedicaba.
