El exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, recurre al Tribunal Supremo su condena por delitos fiscales y acusa a Montoro y Hacienda de confabularse contra él
El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha recurrido ante el Tribunal Supremo su condena por delitos fiscales y otros. Atribuye al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y al entonces presidente de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, de confabularse para investigarle.
Este recurso aporta correos electrónicos intercambiados entre Montoro, Menéndez y el que fuera jefe de gabinete del primero, Felipe Martínez Rico. En ellos, según el exvicepresidente, se demuestra que fue una investigación prospectiva que no estaba justificada por los datos de Hacienda.
Según el denunciante, en el escrito», «por sí solos acreditan que la medida autorizada no tenía fundamento jurídico, sino político».
La Audiencia Provincial de Madrid condenó al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato a cuatro años, nueve meses y un día de cárcel por tres delitos fiscales. Uno de blanqueo de capitales y otro de corrupción entre particulares. Además de una multa de más de 2 millones de euros, y el pago de 568.413 euros a Hacienda.
Entre la veintena de motivos de recurso que expone Rato, destaca su convicción de que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia.
También, menciona la arbitrariedad con la que ha sido tratado por los poderes públicos y la falta de garantías de pruebas que han sido obtenidas ilícitamente.
Delito contra la Hacienda Pública
Con respecto, al delito contra la Hacienda Pública, con la venta de la sociedad Aurosur, tras la cual percibió 600.000 euros. Hacienda califica como ganancia no patrimonial y Rato alega que fueron rendimientos del capital mobiliario.
Rechaza que en 2006 su residencia fiscal estaba en España, cuando residió menos de 183 días. Una sentencia que sí recoge con exactitud su renta y patrimonio en el extranjero.
Todo lo relativo al ejercicio 2006 se basa en una acusación del ministerio fiscal «totalmente ajena a la instrucción» y añadida con posterioridad, indica el texto.
Rato afea que la Agencia Tributaria iniciara actuaciones de comprobación, registros, bloqueo de cuentas y embargos a raíz de publicaciones en prensa, y no por las investigaciones propias.
Considera que se vulneró su derecho a la inviolabilidad del domicilio, además de derechos fundamentales, como el secreto de las comunicaciones y la intimidad.
