Una familia rusa afincada en Las Palmas de Gran Canaria sobornó presuntamente a tres parientes del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, y a dos de sus asesores para estafar al Tesoro Público de ese país más de 100 millones de euros en operaciones ilícitas de venta de armas cuyo coste se inflaba de manera sistemática entre un 30 y un 40 %.
El Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha hecho público este viernes el auto por el que pone fin a la instrucción del caso abierto contra el empresario ruso Vladimir Kokorev, su esposa, Julia Maleeva, y el hijo de ambos, Igor Kokorev, extraditados desde Panamá a España en 2015 en unas condiciones que limitan los cargos que tendrán que afrontar al de blanqueo de capitales procedentes una presunta malversación de fondos públicos.
La instructora del caso, Ana Isabel de la Vega, subraya en su auto que hay indicios suficientes para sostener que los Kokorev facturaron al Gobierno de Guinea Ecuatorial más de 450 millones de euros entre 1999 y 2011 en ventas ilícitas armas procedentes de Ucrania que luego se camuflaban como bienes de uso civil.
«Este armamento y material militar», detalla, «consistía en la compraventa de buques, helicópteros de combate, vehículos blindados, corbetas militares, patrulleras, fragatas, aviones de caza y bombarderos y armamento militar de doble uso», en operaciones canalizadas a través de una trama societaria radicada en varios paraísos fiscales, en las que una parte importante del negocio consistía en «inflar las facturas» con la complicidad de altos funcionarios del Gobierno de Teodoro Obiang Nguema.
Esas personas no están encausadas en este procedimiento, pero la juez sostiene que participaban en el negocio a través de las comisiones que recibían por aceptar los sobrecostes. Son, según el auto, un yerno, un sobrino y un primo de Obiang: Fausto Abeso Fuma, director general del Gabinete Militar, yerno de Obiang; Melchor Esono Edjom, secretario de Estado para la Tesorería y Presupuesto del Estado de Guinea y secretario adjunto de Asuntos Económicos del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, sobrino de Obiang; y Agustín Ndong Ona Mbuym, general de las Fuerzas Armadas Terrestres.
La juez al cargo del caso también señala como beneficiarios de esos sobornos a Hassan Khalil Hasmem Libanés, asesor de Teodoro Obiang en materia de defensa; y Luciano Esono Bitegue Ate, director del Gabinete Militar del presidente de Guinea Ecuatorial.
Las comisiones que supuestamente recibieron esos altos funcionarios de la familia Kokorev o del abogado español que les representaba, Juan José Arencibia, también imputado, fueron 1,94 millones de dólares en el caso de Fausto Abeso Fuma; 201.132 dólares, Melchor Esono Edjom; 103.021 dólares, Agustín Ndong Ona Mbuym; 1,23 millones de dólares, Hassan Khalil Hasmem Libané; y 31.000 euros, un coche Mercedes de 55.900 euros y el usufructo de dos inmuebles en Madrid valorados en 760.000 y 665.000 euros, Luciano Esono Bitegue Ate.
«Operaciones de venta de armas»
La juez detalla que, de acuerdo con lo investigado, los Kokorev camuflaban esas «operaciones ilegales o clandestinas de venta de armas» a Guinea Ecuatorial con figuras contractuales ficticias, generalmente venta y reparación de buques a ese país.
Los procesados, añade, «giraban unas facturas al Estado de Guinea Ecuatorial con un importante sobrecoste al real que debió haberse facturado, cuyas ganancias era ocultadas en el múltiple entramado societario, repartiéndose esos sobrecostes girados por el Estado Guineano, con las autoridades y funcionarios, que con conocimiento de ello participaban en esa operativa».
De esa forma, continúa, se desviaban «los fondos de las cuentas del Tesoro de Guinea Ecuatorial» y, «por lo tanto», el dinero que movían «tenía su origen en dos fuentes delictivas: una, la compraventa de armamento militar de forma ilícita y, por otro lado, la venta de ese armamento por un precio superior».
Gracias a los sobrecostes, expone la juez, los Kokorev y sus colaboradores obtuvieron «unos beneficios superiores a los 100 millones de euros». La Fiscalía Anticorrupción, que ha impulsado esa causa, concreta aún más la cifra en su último informe del caso, el destinado a pedir la finalización de la instrucción: 109 millones.
La trama tiene también sus ramificaciones en varios ciudadanos de países del este que supuestamente servían como testaferros del matrimonio Kokorev-Maleeva, entre los que la instructora cita a Vladimir Evdokymov, «condenado por el Estado de Ucrania por tráfico ilegal de armas, en operaciones similares a las presentes, de ventas de armas a China e Irán».
El dinero presuntamente obtenido gracias a los sobrecostes facturados a Tesoro Público de Guinea Ecuatorial se movió por entidades de Estados Unidos, España, Dinamarca, Suiza, Hungría y las Islas Vírgenes Británicas y se le dio apariencia legal con la compra de inmuebles en Madrid, Canarias, Nueva York y el Reino Unido.
La juez emplaza ahora a las partes a que indiquen si recomiendan la apertura de juicio oral o el archivo del procedimiento y, en su caso, a que formulen sus escritos de acusación y petición de condenas
