Bermúdez espera que, el informe que pide, aporte «alternativas jurídicas» para evitar la tramitación de la ley «o en su caso evitar su aplicación»
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez ha pedido este miércoles a los servicios jurídicos del Ayuntamiento que emitan un informe en donde se expongan «alternativas jurídicas» para evitar la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía «o en su caso evitar su aplicación».
Bermúdez ha asegurado que esta medida «recoge no solo el sentir de la mayoría representada en el Ayuntamiento sino de una gran parte de la ciudadanía que ha manifestado públicamente su rechazo a esta ley, presentada sin que haya Gobierno».
En su opinión, la tramitación de esta ley en el Congreso de los Diputados hace que el poder ejecutivo «se inmiscuya en la justicia», si bien la propuesta de ley ha sido presentada por el grupo parlamentario del PSOE y no como proyecto de ley del Gobierno.
Preguntado por si se encuentra cómodo con el apoyo de su partido a la investidura de Pedro Sánchez, ha señalado que acatará cualquier decisión que se tome en ese sentido y ha apuntado que él ya pronunció su opinión en los órganos internos de Coalición Canaria.
«El alcalde de Santa Cruz no puede quedarse callado. Es mi obligación procurar el cumplimiento de las mociones de este pleno y hacerlas valer en las instancias que correspondan, y también porque juré la Constitución».
En su opinión, la proposición de ley de amnistía «atenta contra el Estado de derecho, la separación de poderes y la igualdad de los españoles» y ha afirmado «oponerse radicalmente» a la judicialización de la política.
Bermúdez: «la institución más cercana al ciudadano»
«No me voy a quedar de brazos cruzados ante esta situación. Quiero hacer un llamamiento expreso a todos los alcaldes de Canarias y del resto del Estado español, especialmente de grandes ciudades, para que actúen de igual manera», ha aseverado.
«¿Cómo no vamos a ser los primeros en pronunciarnos», ha insistido el alcalde de Santa Cruz, que ha hecho un llamamiento a las grandes ciudades.
Preguntado también por si cabe la posibilidad de que los servicios jurídicos del consistorio, en el informe que pide, establezcan que no cuentan con herramientas suficientes para paralizar la tramitación de la ley en el Congreso o pronunciarse en contra, Bermúdez ha indicado que «cabe cualquier posibilidad» si bien lo que él les ha pedido es que busquen argumentos sobre la ilegalidad de la propuesta.
