La economía sumergida está en torno a un 25 % del Producto Interior Bruto (PIB), unos 12.000 millones de euros
La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, ha anunciado este miércoles que su Ejecutivo va a encargar la elaboración de un estudio para conocer el impacto de la economía sumergida y el fraude fiscal en el archipiélago.
En respuesta a una pregunta del Grupo Popular en comisión parlamentaria ha admitido que «siempre va a haber escasos recursos» para perseguir el fraude y ha planteado, como objetivos, «segmentar» mejor a los contribuyentes y aumentar la «cultura tributaria» entre los ciudadanos.
La consejera ha apuntado que la estructura tributaria no puede ser un «totum revolutum» y se ha mostrado partidaria de hacer «acciones preventivas» dado que hay mucha gente que «incumple porque no conoce».
En esa línea ha indicado que la lucha contra el fraude «es una constante» y en un contexto de baja presión fiscal en España, en comparación con el resto de la UE, pero son un «esfuerzo altísimo» porque hay mucha economía sumergida y «siempre pagan los mismos».
Fernando Enseñat (PP) ha cargado contra los «malos resultados» del anterior equipo de la Consejería de Hacienda, que ni siquiera llegó a elaborar el estudio al que se había comprometido con los presupuestos de 2021.
La economía sumergida, en torno al 25 % del PIB
Ha señalado que la economía sumergida «es un castigo, una lacra» valorada en torno al 25% del PIB, unos 12.000 millones de euros que suponen una «competencia desleal» para la economía que «pone en peligro» a empresas y autónomos y es un «agujero» para la recaudación de la comunidad autónoma. «Se trata de que paguemos todos para que paguemos menos», ha agregado.
Asimismo ha cuestionado la «falta de apoyo» del anterior Gobierno a la Agencia Tributaria Canaria dado que hay «déficit de personal», con menos trabajadores ahora que al comienzo de la pasada legislatura.
Copiar al portapapeles
