Gobierno de Canarias, sindicatos y patronal han firmado este miércoles, 31 de julio, un nuevo paquete de acuerdos de concertación social
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha presidido el acto de firma de los VII Acuerdos de Concertación Social de Canarias en la que también ha participado el vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez; la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León; y el director general de Trabajo, José Ramón Rodríguez; junto con las principales organizaciones sindicales y empresariales de las islas.
En el marco de estos acuerdos, el Gobierno de Canarias y los representantes de CCOO Canarias, UGT Canarias, CEOE y CCE, cierran, además, la Mesa Técnica sobre Simplificación Administrativa, con la firma de un documento unificado de propuestas para reducir las trabas administrativas.
VII Acuerdo de Concertación Social de Canarias
Gobierno de Canarias, sindicatos y patronales han firmado este miércoles el VII Acuerdo de Concertación Social de Canarias, que incide sobre todo en el compromiso por la simplificación administrativa, reducción de burocracia, así como medidas de conciliación familiar, igualdad y lucha contra la brecha salarial.
Durante el acto de firma, Clavijo ha valorado el clima de diálogo y concertación social que «históricamente» ha caracterizado a Canarias pese a las diferencias y el debate, «que nunca llega a mayores y siempre hay buen tono».
«Nos levantamos de la mesa sabiendo que nos vamos a volver a sentar. Ha habido un trabajo técnico importante y compromisos adquiridos que tenemos que aplicar», ha señalado Clavijo, quien ha destacado los acuerdos relacionados con la formación y la existencia de un grupo de trabajo sobre productividad, así como el compromiso de mejorar en la igualdad y la brecha salarial.
Asimismo, ha apuntado que ha quedado «aparcada» la mesa de fiscalidad y ha abogado por «mezclarla» con la financiación autonómica.
Continuarán las negociaciones para los próximos Acuerdos
Por la CEOE Tenerife, Pedro Alfonso ha valorado los avances para conseguir la implantación del silencio administrativo positivo, el compromiso para la revisión periódica de las licitaciones o la modernización de la sede electrónica.
Todo esto, ha añadido, va a contribuir a reducir los costes de las empresas, a tener más eficiencia y a mejorar la competitividad, «que es un gran objetivo de los acuerdos».
De la Confederación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega ha señalado que la negociación y la concertación social son parte del «acervo» canario y que esta firma supone un mejora para la calidad de vida de la ciudadanía canaria, pues se trata de una apuesta por el desarrollo económico y social en un «proceso continuo de mejora».
Durante las negociaciones, ha añadido, ha habido «pragmatismo, seriedad y rigor, algo que no es normal», ha concluido.
De los sindicatos, los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, Manuel Navarro e Inocencio González respectivamente, han valorado el acuerdo y se han emplazado a continuar negociando para el VIII acuerdo.
Para Navarro, el acuerdo puede suponer un impulso y un apoyo para la pequeña y mediana empresa porque «simplifica» mucho papeleo, mientras que González ha señalado que espera que Canarias debe hablar de estos temas para seguir en la senda de creación de empleo y crecimiento positivo.
Valoración del trabajo del Gobierno anterior
Ha reconocido que en la mesa sobre política fiscal «fue imposible» llegar a un acuerdo porque las posiciones estaban muy distantes, pero ha valorado los acuerdos relativos a la igualdad de oportunidades o la digitalización, que a su juicio ayudarán a la competitividad.
La consejera de Empleo del Gobierno canario, Jéssica de León (PP) ha dicho que es «de justicia» valorar el trabajo del anterior Gobierno con estas mesas y ha considerado un acierto continuarlas.
Para la consejera, la concertación «funciona, es fuerte y sirve para alcanzar acuerdos en los que cada parte tiene su responsabilidad».
Ha valorado la importancia de poner en marcha estrategias de prevención de riesgos laborales o cuestiones relacionados con la brecha salarial, pues va a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y a incidir en la competitividad y la rentabilidad de las empresas, con políticas «que redundan en el bienestar de la ciudadanía».
