Solo el PP podrá estar en la sala del Tribunal. El juez, Leopoldo Puente, prohíbe al resto de las acusaciones populares
El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, solo ha permitido la presencia del PP durante la declaración del exministro de Transportes, José Luis Ábalos.
Seis de las acusaciones populares tienen prohibida la entrada en la Sala del Tribunal Supremo durante la comparecencia de Ábalos.
Las acusaciones vetadas van a recurrir la decisión judicial.
Solo el PP podrá seguir el interrogatorio y podrá preguntar al ex ministro. Puente concedió al PP la dirección letrada de las acusaciones populares para evitar dilaciones indebidas, por ser la primera en haberse personado ante el tribunal.
Según fuentes jurídicas, este cambio de última hora, ha provocado un retraso de media hora en la declaración de Ábalos.
Acusaciones populares
Las acusaciones populares personadas son el Partido Popular, Vox, el autodenominado sindicato Manos Limpias, Asociación Liberum, Asociación Hazteoir.org, Asociación de Abogados Demócratas por Europa y el partido político Iustitia Europa.
Marta Castro, la representante de Vox, ha denunciado ante los medios de comunicación, «este fallo busca limitar el acceso a la justicia», mientras que para Alexis Aneas de Liberum, esta decisión supone «de facto la abolición de las acusaciones populares».
Las acusaciones populares reclaman su derecho a estar presente en la comparecencia porque dicen el PP, puede tener intereses diferentes a los suyos.
También, han manifestado que recurrirán incluso ante la Justicia europea.
Para Javier María Pérez Roldán, de la organización ultracatólica Hazte Oír es «el principio del fin de las acusaciones populares porque va en concordancia además con lo que pretende el Gobierno, que es limitar el acceso de las acusaciones populares a estos procedimientos».
Luis Pardo, de Iustitia Europa, ha denunciado que «la figura de la acusación popular en estos tiempos para España es imprescindible en la lucha contra la corrupción», más aun cuando estas decisiones pretenden «expulsar a la sociedad civil de la justicia».
Las acusaciones coinciden en que esta decisión «atenta contra la tutela judicial efectiva» y vulnera el «principio de igualdad de armas» si bien «lo más grave» es que se pretende «expulsar a las acusaciones populares».
