El Gobierno ha denunciado ante la Fiscalía el cartel electoral de Vox sobre menores migrantes al considerar que despliega una «criminalización absoluta de los niños y niñas que migran solos» y supone un ataque racista contra este colectivo vulnerable que puede ser constitutivo de un delito de odio
Las ministras de Igualdad y de Derechos Sociales y Agenda 2030, Irene Montero e Ione Belarra, respectivamente, han anunciado este miércoles en rueda de prensa que el Ejecutivo ha puesto en conocimiento de la Fiscalía estos hechos, que constituyen «un ataque directo» a la democracia.
«El odio, la xenofobia, la intolerancia y el racismo no tienen cabida. Es obligación del Estado proteger la dignidad y garantizar los derechos humanos de todas las personas en nuestro país. Ante el discurso racista y xenófobo tenemos la obligación de actuar. (…) Aquí tienen a un Gobierno dispuesto a defender hasta el final todos los derechos», ha aseverado Montero.
Belarra ha subrayado que el Gobierno quiere mostrar una «contundencia absoluta» y «mandar un mensaje muy claro a la ciudadanía» de que está al lado de los niños y niñas, vengan de donde vengan.
La titular de Igualdad ha incidido en que los delitos de odio por motivos étnicos o raciales han repuntado un 21 % en los últimos tiempos y ha mostrado preocupación por que se puedan extender en la sociedad discursos de odio y racistas.
En el cartel electoral de la formación de Santiago Abascal, desplegado en las instalaciones de Cercanías de la Puerta del Sol, se ve a una anciana y a un niño de origen migrante y se lee: «Un mena 4.700 euros al mes, tu abuela 426 euros de pensión/mes», junto al lema de Vox «Protege Madrid, vota seguro».
La Fiscalía Provincial de Madrid anunciaba este martes que investigará por cuenta propia el cartel por un presunto delito de odio, Más Madrid ya lo ha denunciado y Unidas Podemos confirmó que lo denunciará ante la Junta Electoral.
También el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica prepara una demanda contra Vox por incitar al odio con una «propaganda electoral racista contra la infancia migrante».
Y desde Renfe se ha asegurado que se solicitará la inmediata retirada de la campaña si alguno de los organismos competentes, como la Junta Electoral correspondiente o la autoridad judicial competente, determinan que es contraria a derecho o incurre en delito.
