El Estado manifiesta que cumplirá con los plazos que da el Supremo para resolver con Migraciones, Inclusión, Interior y Seguridad Social la situación de los menores no acompañados
El Gobierno de España asegura que cumplirá con los plazos del Tribunal Supremo para resolver la situación de los migrantes no acompañados. Según el ministerio de Migraciones, están dispuestos a reunirse en «la mayor brevedad» con el resto de los ministerios competentes, Interior, Inclusión y Seguridad Social
Con respecto a los menores que acoge Canarias, manifiesta que han estado trabajando «con el objetivo de dar cumplimiento a las medidas cautelares», con la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería.
Preservar el interés del menor
Su objetivo, dicen, es preservar el interés superior del menor y destensar la situación de Canarias. Apelan a la solidaridad de todas las comunidades autónomas en una materia que les compete, como es la asistencia social de menores.
Nuestro sistema de Atención Humanitaria y Protección Internacional está conformado por centros habilitados para adultos. Acondicionarlos, cumpliendo con todos los protocolos y cautelas que requeriría la inclusión en estos centros de menores solos (zonas específicas adaptadas a las necesidades de menores de diversas edades, espacios diferenciados que garanticen su intimidad…) es un proceso que requiere de plazos objetivos para su materialización.
Los servicios jurídicos están analizando pormenorizadamente la nueva resolución para darle cumplimiento en tiempo y forma, preservando, de nuevo, el interés superior del menor.
Advertencia del Supremo
Esta respuesta es por la última advertencia del Supremo sobre «la advertencia de tomar medidas coercitivas» si persiste el incumplimiento sobre la medida cautelar acordada, a petición del Gobierno de Canarias, para acoger jóvenes solicitantes de asilo.
Por ello, urge al Gobierno -en esta ocasión bajo la advertencia de tomar medidas coercitivas que pueden ir desde multas entre 150 y 1.500 euros hasta una investigación de responsabilidad penal- a que adopte urgentemente una serie de acciones como agilizar, en máximo 30 días, las tramitaciones de protección de estos jóvenes.
También, que en 15 días garantice su acceso a la red de acogida estatal para solicitantes de asilo.
