El Ministerio Público acusa a la exdirigente del PP de ser la inductora de la falsificación del acta
La Audiencia Provincial de Madrid comienza este lunes el juicio contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, quien se enfrenta a una petición del fiscal de tres años y tres meses de cárcel por el caso máster.
El Ministerio Público acusa a la exdirigente del PP de ser la inductora de la falsificación del acta que acredita que había acabado y defendido su máster, lo que no hizo.
La Sección 15 de la audiencia madrileña celebrará el juicio del denominado caso máster, que saltó en 2018, los días 18, 22, 25 y 29 de enero, tras su suspensión por la pandemia en mayo de 2020. Una vista que será retransmitida en directo.
Se sentarán finalmente en el banquillo tres personas, aunque hubo una veintena de imputados entre profesores y alumnos.
La Fiscalía pide tres años y tres meses de cárcel para Cristina Cifuentes por un presunto delito de falsedad documental, así como para María Teresa Feito, exasesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y funcionaria de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).
Solicita también 21 meses de prisión como autora de la falsificación del acta para Cecilia Rosado, integrante del tribunal que supuestamente examinó a Cifuentes, una pena inferior a la de la expresidenta porque reconoció los hechos y colaboró en la investigación.
Debido a la situación sanitaria las sesiones no podrán ser seguidas en la sala por la prensa, que sí tendrá acceso en directo por internet, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Cifuentes anunció su dimisión el 25 de abril de 2018, justo 36 días después de estallar la polémica por las irregularidades en su máster y tras la difusión de una información en la que se le atribuye un supuesto hurto en un supermercado en 2011.
Rosado fue nombrada directora del Máster en Derecho Autonómico y Local en octubre de 2011, impartido en el curso 2011-2012 por el Instituto de Derecho Público, asociado a la URJC.
La Fiscalía imputaba a Enrique Álvarez Conde, catedrático de la URJC y exdirector del Instituto de Derecho Público, que falleció en abril de 2019, ser coautor indirecto del delito y le reclamaba por ello tres años y nueve meses de prisión.
En su escrito de acusación el Ministerio Público considera que Cifuentes indujo a esa falsificación a sabiendas de que acreditaba una defensa del trabajo de fin de máster que «jamás se produjo» y que exhibió en varios medios y redes sociales «para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse».
Según el escrito del fiscal, cuando eldiario.es publicó que Cifuentes no tenía aprobadas todas las asignaturas del máster, la expresidenta se puso en contacto con Feito porque había sido profesora en la Rey Juan Carlos durante años y tenía una buena relación con profesores, el rector y el catedrático Álvarez Conde.
Cifuentes quería que Feito hiciera las gestiones oportunas «con la finalidad de resolver la crisis que la noticia había provocado», a lo que esta accedió, añade la Fiscalía.
Así, de acuerdo con Álvarez Conde, «y a sabiendas de que Cristina Cifuentes no había superado todas las asignaturas, no había hecho el trabajo fin de máster (TFM) y no había procedido a su defensa», decidieron que se confeccionaría un acta a la que se le daría «apariencia de verosimilitud».
Todo ello, continúa el fiscal, para acreditar públicamente que la expresidenta había cursado el máster con normalidad y superado todos los trámites necesarios.
La Fiscalía destaca que Rosado hizo constar «mendazmente» que «reunidos el tribunal de evaluación con fecha 2/07/2012, acuerda otorgar al alumno la calificación global de notable (7,5)» y estampó en el acta su firma y otras dos imitando las de sendas profesoras.
A continuación, creó un correo electrónico a nombre de Álvarez Conde y envió el acta al correo electrónico del rector, «que ignoraba las manipulaciones realizadas», según el Ministerio Público.
Ese mismo día, de forma «insistente» y «agobiante», Feito llamó hasta en 21 ocasiones al teléfono personal de Rosado «indicándole que aquella situación debería quedar resuelta como fuere y que, en caso contrario, la acusada Cristina Cifuentes les iba a cortar la cabeza»
