El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la nueva ley contra el desperdicio alimentario para reducir el desecho de alimentos sin consumir
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un proyecto de ley contra el desperdicio alimentario. El objetivo es reducir el desecho a la basura de alimentos sin consumir en toda la cadena alimentaria. Desde la cosecha hasta el hogar. Contempla multas de hasta 500.000 euros.
«Es un instrumento jurídico pionero para combatir una ineficiencia en la cadena alimentaria que tiene consecuencias económicas, sociales, ambientales y éticas», ha dicho el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la conferencia de prensa tras la reunión del Consejo.
Las empresas deberán tener un plan de prevención
La iniciativa, que comenzará ahora su trámite parlamentario, estipula que las empresas de la cadena deberán contar con un plan de prevención. Un plan para minimizar las pérdidas y destinar los alimentos a otros usos, con prioridad para el consumo humano.
Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en 2020 los hogares españoles tiraron a la basura 1.364 millones de kilos de alimentos. Una media de 31 kilos/litros por persona.
Solo los comercios con menos de 1.300 metros cuadrados estarán excluidos de la necesidad de disponer de ese plan, ha explicado el ministro.
Las empresas de hostelería tendrán la obligación de facilitar al consumidor que pueda llevarse, sin coste adicional alguno, los alimentos que no haya consumido –salvo en los establecimientos tipo bufé libre o similares-. Deberán disponer de envases aptos para el uso alimentario, que sean reutilizables o fácilmente reciclables.
«Esta ley pretende regular y concienciar«. «Regular el uso preferente de los alimentos para el consumo humano y su donación para los bancos de alimentos y concienciar al conjunto de la sociedad para evitar la pérdida de alimentos y su despilfarro», ha abundado Planas.
En tanto, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que se desperdicia aproximadamente el 30 % de los alimentos que se producen en el mundo. Eso equivale a unos 1.300 millones de toneladas anuales. Casi la mitad de este despilfarro se produce en la fase de postcosecha y venta minorista.
Convenio con los bancos de alimentos
La prioridad de destinar los desperdicios al consumo humano se canalizará a través de la donación o redistribución de alimentos a empresas, entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos.
Esto se llevará a cabo mediante acuerdos que deberán recoger de forma expresa las condiciones de recogida, transporte y almacenamiento de los productos, entre otras cuestiones. El ministro ha reconocido que esto puede suponer un coste extra para las empresas pero ha expresado que lo han recibido bien.
Las entidades de iniciativa social que sean receptoras de donaciones deberán garantizar la trazabilidad de los productos donados. Será mediante un sistema de registro de entrada y salida de los alimentos recibidos y entregados y en ningún caso pueden comercializarlos.
Régimen sancionador
El régimen sancionador establece como falta grave no contar con un plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Se prevé sanciones que pueden oscilar entre 2.001 y 60.000 euros.
Como infracciones muy graves, sancionables con entre 60.001 y 500.000 euros de multa, se considerará la segunda o ulterior falta grave que se cometa en un plazo de dos años.
Por otra parte, se consideran infracciones leves no aplicar la jerarquía de prioridades en el uso de los alimentos. O que las industrias, empresas de distribución al por menor, de hostelería y restauración no lleven a cabo la donación de aquellos productos no vendidos a través de un pacto o convenio.
Asimismo se considerará infracción leve la negativa a colaborar con las administraciones públicas para la cuantificación de los residuos de alimentos. La ley prevé para las infracciones leves sanciones de apercibimiento o multas de hasta 2.000 euros.
