El Tribunal Superior de Justicia (TSJC) ha condenado a Servicio Canario de Salud (SCS) a indemnizar con 125.000 euros a la familia de un paciente que falleció en 2017 en el Hospital Doctor Negrín tras contraer una infección hospitalaria mientras estaba ingresado para radioterapia.
La demanda de la familia había sido desestimada inicialmente por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, al entender que el hospital no había incurrido en ninguna mala práctica o negligencia que le hiciera responsable patrimonial de la muerte de ese paciente, que tenía 85 años.
El SCS deberá pagar 125.000 euros por la muerte de un paciente en el Negrín
Sin embargo, su propia sentencia recogía varios hechos probados que sirven al TSJC para darle la vuelta al fallo: el paciente estaba solo, en una habitación sin vigilancia, en la que fue encontrado tirado en el suelo la mañana del 4 de mayo de 2017, con una herida sangrante en la cabeza y una fractura en una costilla.
Cuatro semanas después, le diagnosticaron una infección nosocomial (por gérmenes hospitalarios) grave y el 6 de junio falleció.
El juez que desestimó la demanda en primera instancia consideró que no se trataba de un paciente en cuidados intensivos que necesitara una vigilancia permanente y dio por bueno que el hospital había seguido todos los protocolos de desinfección y asepsia.
Sin embargo, el TSJC enmienda sus conclusiones a partir de su propio relato de hechos probados, porque considera que el paciente murió por una infección hospitalaria que probablemente contrajo tras la caída que sufrió en su habitación y que se tardó en diagnosticar y tratar de manera adecuada.
«Y la relevancia de lo que acaba de decirse no puede traer otra consecuencia que la estimación del recurso de apelación, como se comprenderá sin dificultad tras la atenta lectura de las alegaciones apelatorias formalizadas por la representación procesal de los interesados (los familiares), cuyo contenido, por espléndido e irrefutable, esta Sala hace explícitamente suyo», añade el Tribunal, en una sentencia difundida por El Defensor del Paciente.
Entre los argumentos que el TSJC asume como propio figura el hecho de que el paciente estaba debilitado por el cáncer que padecía y por el tratamiento al que había sido sometido y había sido ingresado en una habitación a la que solo podía entrar personal sanitario autorizado, pero ningún miembro de la familia.
Y una cosa que es que un paciente así no requiriera cuidados intensivos y otra diferente es que no se vigilara su estado con cierta regularidad, cosa que está acreditado que no ocurrió, porque lo encontraron tirado en el suelo a las 8.30 de la mañana, nueve horas y media después de que pasase por última vez por su habitación un miembro del equipo de Enfermería, recuerda la sentencia.
No fue una falta de vigilancia «momentánea o puntual», añaden los magistrados, que consideran que una vez acreditado que el paciente sufrió una infección hospitalaria en esas circunstancias, correspondía al SCS probar que había seguido escrupulosamente todos los protocolos de asepsia y que lo ocurrido no fue «inevitable»
Los nuevos contagios subieron un 9 % la pasada semana y más de la mitad de los 53 países de la región europea de la OMS presentan un aumento de casos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó este jueves de que los nuevos casos de covid-19 han vuelto a subir en Europa después de seis semanas de descensos e instó a intensificar la vigilancia de las nuevas mutaciones más contagiosas y a aumentar el número de test y las medidas de rastreo y aislamiento.
Los nuevos contagios subieron un 9 % la pasada semana y más de la mitad de los 53 países de la región europea de la OMS presentan un aumento de nuevos casos, sobre todo en Europa Central y del Este. La OMS también ha precisado que se ha producido un alza en la zona occidental, explicó en rueda de prensa el director de OMS-Europa, Hans Kluge.
Coherencia en la reapertura
Kluge llamó a que la reapertura de las sociedades se haga de forma «coherente, gradual y basada en evidencias» y a impulsar la campaña de vacunación contra el coronavirus.
La mutación B 1.1.7., surgida en el Reino Unido, está presente ya en 43 países; la conocida variante sudafricana (B 1.351), en 26; y la P1 (Brasil/Japón), en 15.
«Estamos en un punto de inflexión. Estamos muy preocupados, pero a la vez hemos visto que es posible contener las nuevas variantes», señaló Kluge, en alusión a los resultados obtenidos en los países que más rápido están vacunando a su población, como el Reino Unido e Israel.
Kluge insistió en la necesidad de «regresar a lo básico», de usar «lo que sabemos que funciona» para suprimir la expansión del virus.
Mayor número de vacunas posibles
La Agencia Europea del Medicamento (EMA) comenzó un proceso de «revisión continua», un análisis en tiempo real, de los datos sobre la seguridad, la eficacia y la calidad de la vacuna rusa Sputnik-V, un proceso que podría conducir a autorizar el uso de este fármaco en la Unión Europea (UE).
Kluge calificó el anuncio de «buenas noticias» y «una evolución muy bienvenida», aludiendo a la necesidad de aumentar el número de vacunas disponibles en la región europea.
El máximo responsable de OMS-Europa se refirió también a las iniciativas de varios países europeos como Austria y Dinamarca para impulsar por su cuenta la colaboración en vacunación con países de fuera de la UE, Israel en este caso, y señaló que no significa necesariamente una «brecha» en la solidaridad entre países.
«La solidaridad internacional no se contradice con la responsabilidad nacional», dijo Kluge, mostrándose comprensivo con los esfuerzos de cada país pensando en su población, pero advirtiendo a la vez de la importancia de apoyar el Mecanismo COVAX de la Alianza Mundial para las Vacunas (GAVI) y de vacunar a personal sanitario y personas vulnerables en todo los países.
El 23,4 por ciento de los españoles reconoce que durante la pandemia ha sentido «mucho o bastante miedo» a fallecer por coronavirus, según una encuesta que publica este jueves el CIS y que rebaja a menos de la mitad el porcentaje que en noviembre sentía lo mismo, y que entonces era del 58,4 por ciento.
La encuesta sobre salud mental en pandemia del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que se realizó entre el 19 y el 25 de febrero, también desvela que el 68,6 por ciento de los españoles padeció «mucho o bastante miedo» ante la posibilidad de muerte de un familiar o ser querido mientras que un 72,3 por ciento ha sentido esa misma preocupación ante el miedo a contagiar a su entorno más cercano.
Se reduce a la mitad el miedo a morir por covid, según el CIS. EFE/Brais Lorenzo
La encuesta elaborada sobre una muestra de 3.083 entrevistas revela que un 35,1 por ciento de los españoles ha llorado por la situación pandémica y respecto al miedo a la muerte por covid la franja de edad que más se identifica se sitúa entre los 55 y 64 años, donde se dan el 26,2 por ciento de las respuestas.
Además, el sondeo del CIS desvela que un 51,9 por ciento dice sentirse «cansado o con pocas energías», un 41,9 por ciento ha tenido problemas de sueño, y un 38,7 por ciento asegura sufrir dolores de cabeza, entre otros problemas como taquicardia, mareos o desmayos.
Los encuestados admiten que la pandemia ha supuesto cambios en los menores y hasta un 72,7 por ciento dice que sus hijos o nietos han sufrido «cambios de humor», un 78,6 por ciento «cambios en los hábitos de vida» y un 30,4 por ciento, modificaciones en el sueño.
La Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad propone que las comunidades autónomas mantengan sus cierres perimetrales entre el 26 de marzo y el 9 de abril para limitar la movilidad durante las vacaciones de Semana Santa y evitar un rebrote de la pandemia de coronavirus.
Según el documento al que ha tenido acceso EFE, también se recomienda específicamente la no vuelta al lugar de residencia de los estudiantes universitarios que residan durante el curso académico en otra comunidad autónoma o país y que «se eviten todos los viajes que no sean necesarios».
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, preside por videoconferencia, con el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, een el Palacio de la Moncloa. Pool Moncloa/Borja Puig de la Belllacasa
Entre las propuestas, que serán trasladadas a las comunidades a fin de conseguir una respuesta homogénea de medidas para la Semana Santa, también está mantener el toque de queda entre las 22:00 y las 6:00 horas, y limitar las reuniones en espacios públicos o privados a un máximo de cuatro a seis personas.
El documento insiste en que las comunidades no bajen el nivel de alerta desde las dos semanas previas al inicio de la Semana Santa «aunque los indicadores sean favorables» y, por ello, se pide mantener las medidas restrictivas establecidas en ese momento.
La Comisión de Salud Pública plantea en el documento la no celebración de eventos masivos «de cualquier índole» que impliquen aglomeración o concentración de personas.
Las ceremonias en espacios cerrados seguirán las normas de aforo y otras medidas establecidas en el documento de ‘Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de covid-19’ según el nivel de alerta de cada comunidad autónoma.
Además, se desaconseja expresamente la celebración de encuentros sociales en los domicilios o en otros espacios cerrados con no convivientes.
Sanidad argumenta estas propuestas en el hecho de que en Semana Santa todavía no se habrá inmunizado con la vacuna a una proporción suficiente de la población para conseguir una reducción significativa del riesgo.
Por ello, dice, las medidas no farmacológicas de control de la transmisión seguirán siendo las principales medidas de salud pública para evitar un nueva ola epidémica.
En este sentido, considera pertinente hacer una campaña institucional para evitar el relajamiento de comportamiento bajo el lema: «No ‘salvemos semanas’, salvemos vidas»
La Policía sueca acordona la zona del ataque. Fotograma RTVC
El presunto autor del ataque es un joven afgano de 22 años que vivía en la localidad de Vetlanda, en el sur del país, desde hacía un año, según informa la prensa sueca.
El autor de un ataque con arma ocurrido este miércoles en Vetlanda (sur de Suecia), que la policía investiga como posible atentado terrorista y en el que hay ocho heridos, es un afgano de 22 años, informaron este jueves medios suecos.
El individuo figura en el registro civil sueco desde 2018, vivía en Vetlanda desde hacía un año y tiene condenas por delitos menores, según la televisión pública SVT.
Ocho personas resultaron heridas, entre ellas el propio agresor: tres se encuentran en estado crítico y dos, graves, de acuerdo con el último parte de las autoridades sanitarias de la región de Jönköping.
Presunto motivo terrorista
La policía sueca solo ha confirmado hasta ahora que el individuo residía en la zona, tenía historial delictivo y actuó solo, además de apuntar a un posible motivo terrorista y a involucrar a los servicios de inteligencia en la investigación.
«Hemos abierto una investigación preliminar por intento de homicidio, esa es la tipificación del delito que manejamos. Pero hay detalles en la investigación que hacen que indaguemos sobre posibles motivos terroristas», dijo ayer en rueda de prensa Melana Grann, jefa de policía en la provincia de Jönköping.
Tampoco se ha confirmado cuál fue el arma empleada, aunque varios medios apuntan a un cuchillo.
«La ciudad está conmocionada, hay tantas preguntas para las que buscamos respuesta. Es una pesadilla, es muy duro para los familiares y para todos», declaró hoy el alcalde de Vetlanda, Henrik Tvarnö, en una comparecencia en la que no se dieron más datos sobre el suceso.
Ataques en cinco zonas distintas de la localidad
La policía recibió en torno a las 15.00 hora local (13.00 GMT) del miércoles un aviso de un suceso en el centro de Vetlanda, de unos 13.000 habitantes, protagonizado por un hombre que realizó ataques en cinco zonas distintas de esa pequeña localidad.
El suceso se calificó en un primer momento como un posible homicidio, pero luego se cambió a la categoría de presunto atentado terrorista.
El individuo resultó herido de un disparo por un agente, lo que provocó su traslado a un hospital: aunque su estado es incierto, la policía señaló que no presenta heridas que hagan temer por su vida.
Las fuerzas de seguridad acordonaron varias zonas del centro de la ciudad -incluyendo la estación central- y el tráfico ferroviario por Vetlanda se suspendió temporalmente. Asimismo, realizaron un registrado en la vivienda del presunto autor, según informaron medios suecos.
El primer ministro sueco, Stefan Löfven, condenó en un comunicado el «crimen espantoso» y aseguró que la sociedad sueca afronta unida ese tipo de hechos «despreciables».
El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en el pasado año por los juzgados en el Archipiélago canario fue de 740, lo que representa un aumento del 32,1 por ciento con respecto a 2019 (560), y un incremento que se produce tras cinco años de descensos.
Esta subida, según ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, es la principal conclusión en clave autonómica que se desprende del informe Efectos de la Crisis Económica en los órganos judiciales, que este jueves ha hecho público la Sección de Estadísticas del Consejo General del Poder Judicial.
Las ejecuciones hipotecarias han subido en Canarias tras cinco años de descensos
Los datos comparativos interanuales de crecimiento y decrecimiento de los procesos hipotecarios en Canarias eran positivos para las islas desde 2014-2015 (-21,7%); en 2015-2016 la bajada fue del 31%; en 2016-2017, del 38,6%; en 2017-2018, del 30%, y en 2018-2019 del 36%.
Pero en la comparativa interanual entre 2019 y el año en el que irrumpió la covid, 2020, se abandonan los datos decrecientes, para incrementarse la litigiosidad de este orden hasta el 32,1%, ha explicado el Consejo General del Poder Judicial.
Por provincias, durante el año pasado los juzgados de Las Palmas registraron 415 procesos por ejecución hipotecaria, un 30,5% más que en 2019, año en el que se computaron 318 casos.
En Santa Cruz de Tenerife, el incremento fue del 34,3%: de 242 casos en 2019 a 325 en 2020.
En términos absolutos y a escala nacional, Cataluña fue el territorio donde se presentaron más ejecuciones hipotecarias en 2020, con 4.643.
Le siguieron Andalucía (3.729), la Comunidad Valenciana (3.636), Madrid (1.771) y Murcia (1.293). Canarias ocupó el octavo lugar en número de ejecuciones hipotecarias.
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, el número de lanzamientos (entrega de bien inmueble por impago de deuda) practicados en Canarias durante 2020 fue de 1.779, lo que supone un descenso del 46,6% respecto al año anterior, en el que se llevaron a cabo 3.333, manteniéndose así la tendencia a la baja.
Y 382 lo fueron por ejecución de la Ley Hipotecaria (un 54,6% menos que en 2019) y 1.338 (un 42,9% menos que en el año anterior) por impago de alquileres.
Cataluña, con 5.737 (el 19,5 % del total nacional), fue la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos, seguida por Andalucía, con 4.517; la Comunidad Valenciana, con 4.501; y Madrid, con 2.872. Canarias fue la quinta comunidad con mayor número de lanzamientos durante el año pasado.
En Canarias, y por provincias, el año pasado se practicaron 1.021 lanzamientos en Las Palmas (un 41,3% menos que en 2019) y 758 en Santa Cruz de Tenerife, un 52,4% menos que en 2019.
De los lanzamientos por ejecución de hipoteca, 183 se llevaron a cabo en Las Palmas (un 55% menos que en 2019) y 199 en Santa Cruz de Tenerife, un 53,8% menos que en el año anterior.
En lo que se refiere a los lanzamientos por impago de alquileres, durante el año pasado se ejecutaron 791 en Las Palmas (un 37,4% menos que en 2019) y 547 en Santa Cruz de Tenerife, un 49,4% menos que en el año anterior.
También señala el Consejo General del Poder Judicial que el número total de concursos presentados en 2020 en el Archipiélago fue 167, un 9,9% más que en el año anterior.
Por provincias, en Las Palmas se iniciaron 85 (un 3,4% menos que en 2019), y en Santa Cruz de Tenerife, 82, un 28,1% más que en el ejercicio anterior.
Del total de esos procesos, 15 fueron instados por personas físicas, lo que implica un crecimiento interanual en este tipo de concursos (denominados consecutivos) del 180%, pues en 2019 se habían presentado sólo cinco.
Cataluña también fue el territorio donde más concursos de empresas se registraron ante los Juzgados de lo Mercantil, con 2.395 (el 34,9 % del total nacional). Le siguieron Madrid, con 1.099 y la Comunidad Valenciana, con 921. Estos concursos han mostrado, a nivel nacional, una disminución interanual del 1,1 por ciento. Canarias fue la sexta comunidad con mayor número de procesos concursales incoados.
En lo que se refiere a Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), en las islas se presentaron durante el pasado año 31, lo que implica en el cómputo interanual significa un incremento del 342,9%. Este aumento sólo fue superado por La Rioja (400%).
Las 8.991 demandas por despido presentadas en los Juzgados de lo Social de las islas en 2020 supusieron un reducción del 9% respecto a las registradas el año anterior.
Por provincias, en Las Palmas se computaron 5.677 (un 7,7% menos que en 2019), y en Santa Cruz de Tenerife, 3.314, frente a las 3.7737 de 2020 (un 11,3% menos).
Por territorios, Madrid, con 27.547, (el 21,3 % del total nacional) fue la Comunidad Autónoma en la que se presentaron más demandas de este tipo. Le siguieron Cataluña, con 24.363 y Andalucía, con 19.563. Canarias fue la quinta con mayor número de procesos por despido.
Además, los juzgados de lo social de las islas registraron el año pasado 8.371 reclamaciones de cantidad, un 19,6 por ciento menos que en 2019.
Durante el pasado ejercicio ingresaron en las islas 170 asuntos por ocupación ilegal de viviendas en los órganos judiciales, 44 más que en 2019.
En Andalucía ingresaron 827, un 24 por ciento del total nacional. Le siguen Cataluña, con 746; Comunidad Valenciana, con 396; y Madrid, con 321. Canarias fue la sexta comunidad con mayor número de pleitos de este tipo el año pasado.
El informe estadístico del Consejo General del Poder Judicial aporta los datos de todo el año y los de su último trimestre (periódicamente se habían ido difundiendo los de los tres trimestres anteriores).
El análisis comparativo entre trimestres evidencia que en octubre y diciembre del año pasado fue cuando más aumentó la litigiosidad en lo referente a concursos y ejecuciones hipotecarias en el archipiélago canario.
Así, el número de concursos de acreedores presentados en las islas por trimestre en 2020 y su aumento porcentual en comparación con el mismo periodo fue el siguiente: 46 en el primer trimestre (un 70% más que en 2019), 18 en el segundo (un 60% menos), 45 en tercero (un 2,3% más) y 58 en el cuarto, un 61,1% más.
En lo que se refieren a ejecuciones hipotecarias, entre enero y marzo del año pasado (antes del confinamiento) se registraron en el territorio insular 135 procesos (un 6,7% menos que en 2019); en el segundo trimestre (en pleno cierre de la actividad) 124 (un 61% menos), entre julio y septiembre 215 (un 29,5% más) y de octubre a diciembre, 266, un 119% más.
Las demandas por despido, por el contrario, mostraron una tendencia a la baja: 2.661 en el prime trimestre (un 9,3% más que en 2019), 2.79 en el segundo (-3,7%),2.244 en el tercero (+13,3%) y 1907 entre octubre y diciembre (un 26,7% menos que en el mismo periodo de 2019).
En lo que se refiere a datos de ámbito nacional, el número de ejecuciones hipotecarias durante 2020 fue de 20.460, un dato que, en sintonía con lo ocurrido en las islas, refleja un aumento del 17,5 por ciento respecto a las iniciadas en 2019 y que constituye igualmente el primer incremento interanual observado, si bien en el ámbito del Estado desde 2012
Fuerzas de seguridad en las cercanías del Capitolio. Fotograma RTVC
Los demócratas no han querido poner en peligro a los legisladores, sus asesores y al personal del Congreso después de la alerta de la Policía del Capitolio sobre un posible nuevo asalto este jueves.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha suspendido la sesión que tenía prevista para este jueves, después de que las autoridades alertasen de un plan de una milicia para asaltar de nuevo el Congreso.
La Cámara Baja debía debatir un proyecto de reforma de la Policía, pero los demócratas que dominan el hemiciclo adelantaron a este mismo miércoles por la noche esa votación, así como otra sobre el derecho a voto.
Estaba previsto que la Cámara Baja concluyera ese jueves su trabajo de la semana.
Los demócratas no han querido poner en peligro a los legisladores, sus asesores y al personal del Congreso después de la alerta de la Policía del Capitolio sobre un posible nuevo asalto este jueves.
Posible asalto al Capitolio
En un comunicado, la Policía del Capitolio indicó que había obtenido información de Inteligencia que «muestra un posible complot de una milicia identificada para irrumpir el jueves, 4 de marzo, en el Capitolio».
«Ya hemos hecho actualizaciones de seguridad significativas que incluyen el establecimiento de una estructura física y un aumento del personal para garantizar la protección del Congreso, el público y de nuestros agentes de policía», dice la nota.
La Policía del Capitolio agregó que se toma esa información de Inteligencia muy seriamente y colabora con sus socios a nivel local, estatal y federal para detener cualquier amenaza contra la sede del Congreso del país.
Según la cadena televisión CNN, información proporcionada por el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, advierte de que ha aumentado el debate entre grupos extremistas, como la organización de ultraderecha «Three Percenters», sobre un posible plan de atacar el Capitolio este 4 de marzo.
Los seguidores del movimiento conspiratorio QAnon creen que el 4 de marzo el expresidente Donald Trump será investido de nuevo, basándose en que entre 1793 y en 1933 la investidura de los mandatarios cayó a menudo en torno a esa fecha.
La jornada del miércoles las fuerzas de seguridad birmanas mataron al menos a 38 personas, en la jornada más sangrienta desde la represión de la junta militar contra los manifestantes.
Grupos en favor de los derechos humanos, la ONU y el Gobierno de Estados Unidos condenaron el uso de la fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad birmanas después de que mataran el miércoles al menos 38 personas en la jornada más sangrienta de la represión de la junta militar contra los manifestantes.
Human Rights Watch (HRW) denunció que las fuerzas del orden de Birmania «parecen intentar cortar las piernas del movimiento antigolpe a través de la violencia gratuita y la pura violencia».
Richard Weir, investigador de Crisis y Conflicto de la organización, recalcó que «el uso de fuerza letal contra los manifestantes que rescataban a otros demuestra lo poco que las fuerzas de seguridad temen ser juzgadas por sus acciones».
Por su parte, la organización Fortify Rights reclamó que la junta militar que perpetró un golpe de Estado el pasado 1 de febrero termine «inmediatamente sus ataques mortales en todo el país contra manifestantes no violentos y devuelva el poder al gobierno electo».
En un tono similar, la asociación de Parlamentarios de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) por los derechos humanos (APHR) expresó su repulsa a la violencia desplegada por las fuerzas de seguridad birmanas , que calificó de «nauseabunda».
«¿Cuándo va a parar el Ejército? ¿Acaso intenta matar o arrestar al 80 % del país que en noviembre votó para echarles de la política de Birmania'», se preguntó Charles Santiago, presidente de APHR y parlamentario de Malasia.
La actuación de las fuerzas de seguridad también recibió la reprobación de Tom Andrews, relator de derechos humanos de la ONU, que pidió al Consejo de Seguridad que vea las imágenes de «la chocante violencia desatada contra manifestantes pacíficos», antes de su reunión por teleconferencia este viernes, en la que abordará el asunto.
Veto de Rusia y China
El mes pasado, el Consejo de Seguridad ya trató la crisis, pero no llegó a condenar el golpe por la oposición de Rusia y China, que tienen poder de veto, por lo que por ahora parece poco probable que el órgano vaya a tomar medidas contra los militares.
Estados Unidos también reaccionó ante la violencia policial, por medio del portavoz de la Secretaría de Estado, Ned Price, que afirmó estar «en shock al ver la horrible violencia perpetrada contra la población de Birmania por sus llamadas pacíficas a la restauración de un gobierno civil».
Jornada con más víctimas mortales
La enviada especial de la ONU, Christine Schraner Burgener, cifró en al menos 38 las personas, entre ellas dos menores, que murieron el miércoles en las protestas pacíficas contra la junta militar, violentamente reprimidas por las fuerzas de seguridad.
Unos 60 manifestantes han fallecido desde el golpe del 1 de febrero ejecutado por el Ejército, que detuvo a parte del Gobierno,incluida la líder electa Aung San Suu Kyi.
Los manifestantes exigen al Ejército, que gobernó el país con puño de hierro de manera ininterrumpida entre 1962 y 2011, que permita la vuelta a la democracia y reconozca los resultados de las elecciones del pasado noviembre, en las que arrasó la Liga Nacional para la Democracia (LND) de Suu Kyi.
Este miércoles también llegaba otra embarcación a la isla de Lanzarote con 33 migrantes a bordo.
Una embarcación con 41 migrantes a bordo llegó anoche al muelle de Arguineguín, en el municipio grancanario de Mogán, donde el dispositivo de seguridad y emergencia desplegado atendió a los ocupantes de la embarcación.
En la patera viajaban un total de 11 varones, 22 mujeres y 8 menores, todos en buen estado general, según informa un tuit del servicio Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias 1-1-2.
Patera en Lanzarote
También este miércoles una embarcación con migrantes llegó a primera hora de la tarde a la isla de Lanzarote después de localizarla a un kilómetro al noreste del Roque del Oeste, en el archipiélago Chinijo.
Migrantes rescatados en Lanzarote. Fotograma RTVC
A su rescate partió una salvamar, que transportó a todos sus ocupantes hasta el muelle comercial de Arrecife donde les esperaba el dispositivo de emergencias. Los 33 migrantes son de origen magrebí, entre los que se encontraban una mujer y al menos 10 personas que aseguran ser menores de edad.
Todos los ocupantes de la embarcación mostraron un buen estado de salud.
Las características de la embarcación, el número de ocupantes y el punto de partida coinciden con el aviso que proporcionaron a las autoridades el pasado lunes otros siete inmigrantes rescatados en Lanzarote, que comunicaron que ese mismo día partía una patera de la costa de Safi (algo más al norte que Agadir).
El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Imagen EFE
Este jueves el CGPJ lleva en el orden del día ocho nombramientos: tres plazas en el Supremo, laspresidencias de los tribunales superiores de justicia del País Vasco y de Canarias, la presidencia de una sala del TSJ vasco, y las presidencias de las audiencias provinciales de Salamanca y Almería.
El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reúne este jueves de manera extraordinaria con ocho nuevos nombramientos en agenda, rotas una vez más las negociaciones entre el PSOE y el PP para renovar un órgano que cumple dos años y tres meses en funciones.
La semana pasada el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, decidió posponer los nombramientos a la espera de un acuerdo, pero ocho vocales forzaron su inclusión en el pleno. Finalmente, ante lo que parecía un pacto inminente, también éstos aceptaron retrasar una semana ese punto.
Ruptura de las negociaciones
Pero socialistas y populares acabaron rompiendo las negociaciones al encontrar «escollos» que consideraron insalvables. El PP vetó a uno de los candidatos del Gobierno -el juez José Ricardo de Prada, que formó parte del tribunal del caso Gürtel- y el Ejecutivo cree que lo hace por haber realizado su trabajo, no por tener una determinada adscripción partidista, con lo que no acepta el veto.
Bloqueada la negociación, los nombramientos vuelven a la mesa del CGPJ, a pesar de que los partidos que sustentan al Gobierno han criticado que siga ejerciendo esa competencia en funciones, con una composición que refleja un arco parlamentario ya caducado en el que el PP era mayoría.
La próxima semana el pleno del Congreso retomará el debate de la proposición de ley impulsada por el PSOE y Unidas Podemos para evitar que el CGPJ designe cargos judiciales una vez concluido su mandato constitucional de cinco años.
CGPJ en funciones
Desde que este CGPJ está en funciones ha aprobado 72 nombramientos, generalmente con amplia mayoría, y este jueves lleva en el orden del día ocho más: tres plazas en el Supremo, las presidencias de los tribunales superiores de justicia del País Vasco y de Canarias, la presidencia de una sala del TSJ vasco, y las presidencias de las audiencias provinciales de Salamanca y Almería.
En febrero se convocaron otras tres plazas -dos en el Supremo y la presidencia de la Audiencia Provincial de La Rioja- que podrían verse afectadas por la reforma legal que se tramita en el Congreso, que
