En Canarias, hay cientos de alumnos de Primaria y Secundaria que están pasando un auténtico calvario para continuar su formación. La falta de un intérprete, clave ante el retroceso que sufren, se ve agravada por los previsibles efectos colaterales del coronavirus.

Acudir a un centro educativo para formarse supone hoy un esfuerzo por los rigores de la pandemia, el miedo al contagio y los nuevos protocolos que se han instaurado en el proceso formativo dentro del aula. La situación que sufre el alumnado y el profesorado en general se agrava más cuando se fija la mirada en un colectivo, el de la comunidad sorda, al que el coronavirus, con sus necesarias mascarillas, parece venir a ponerle la puntilla. Su principal problema, no obstante, viene de lejos: Los chicos necesitan un intérprete para no perder el hilo. Y, desde hace tiempo, no lo tienen.

A Priscila Alonso se le cae el alma al suelo cuando intenta explicarlo. Sorda como sus dos hijas, Victoria (8 años) y Catalina (5), ya no sabe qué hacer para que le hagan caso. “El principal problema que tienen es el de la comunicación”, explica tirando de videollamada y exponiendo lo que reclama para sus pequeñas: una intérprete que las asista en directo en cada clase.

Están en uno de los colegios que llaman preferente, el CEIP León y Castillo de La Isleta, en Las Palmas capital, donde se ha habilitado un recurso para estudiantes con discapacidad auditiva. “Hay maestros expertos en signos y expertos en audición y lenguaje, pero lo que necesitan las niñas es un intérprete”, concluye. “Sin ellos no pueden seguir el hilo de las explicaciones, se desconcentran, se frustran y tienen que interrumpir con gestos al profesor para pedirles que al menos se baje la mascarilla para poder entender lo que dice, con el consiguiente malestar de unos y otros”, describe.

Ni en Infantil ni en Primaria disponen de este recurso; es a partir de Secundaria cuando lo reciben, pese a la normativa de la Consejería de Educación, que se supone debiera facilitarlo a edades tempranas, pero no es el caso. Priscila lo tiene claro. “Con esta carencia, no están bien preparados para asimilar conocimientos en Secundaria. El centro hace todo lo que está en su mano, pero faltan recursos. Me gustaría que no pasasen por lo que yo pasé en su día”, reseña.

Asegura que en casa tratan de ayudarles en lo posible, pero quizás no sea suficiente. Al tiempo, reconoce que hay maestros a los que la solicitud de bajarse a veces la mascarilla, aunque sea con distancia, les genera miedo. “Todo esto se solucionaría con intérpretes”, resume esta madre afectada.

“La mascarilla supone un obstáculo y con ellas no nos podemos comunicar”, añade Carolina Aguiar, trabajadora de la Asociación de Personas Sordas de Las Palmas, donde también hacen causa común con Priscila, al igual que en Funcasor, otra de las entidades que trabajan en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad auditiva.

Sobre los cubrebocas, Aguiar considera que es necesario que se homologuen y distribuyan transparentes para tratar de amortiguar el hándicap de la formación sin poder leer los labios, aunque también comparte la tesis que el problema no se va a solucionar del todo hasta que no se dispongan de intérpretes.

Bajo su punto de vista, también defiende la tesis de que “sería perfecto que todas las personas supieran algo de lengua de signos, de la misma manera que en la escuela y el instituto se aprende inglés”.

En cuanto al censo, los datos que maneja para Canarias son del año 2018. Entonces se estimaba, según sus fuentes, que el número de  personas sordas en el archipiélago era de unas 3.449. A su vez, 111 de ellas tenía entre 7 y 17 años de edad.

Cuando se le pregunta por la sensibilidad social, asegura que en el archipiélago quizás no se dé todo el apoyo necesario. “Puede que hagan falta más campañas y es evidente que la nuestra es una discapacidad invisible”.

También añade que desde la Asociación han puesto en marcha un programa, el SAFE (Servicio de Atención a la Formación y al Empleo), que aspira a apoyar a los centros preferentes con una docente y una experta en lengua de signos.

La labor de Funcasor

Otra entidad con prestigio en el campo de la atención a la comunidad sorda es Funcasor, cuya directora técnica, Verónica Rodríguez, coincide también, en su análisis, con los participantes en este reportaje. “Los principales problemas son los relacionados con la no accesibilidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, las barreras de comunicación con las que se hallan en el día a día. Por lo general, las incidencias que nos llegan a Funcasor se deben a la ausencia del intérprete de lengua de signos desde el primer día. Algo que conlleva, en algunas ocasiones, a abandonar los estudios”, se lamenta.

“Es insostenible llevar una clase si no tienes este recurso para el alumnado signante. También se dan situaciones, en este curso, por ejemplo, donde hay profesorado que no quiere hacer uso de los equipos FM para el alumnado con prótesis auditiva. Tienen miedo a contagiarse con el micrófono. No sucede en todos los centros, pero lamentablemente nos llegan este tipo de casos donde, desde Funcasor, tenemos que mediar con el centro o con Educación para  eliminar”, advierte, “esas barreras”.

Rodríguez destaca una clara desigualdad con el resto de estudiantes “a pesar de que es importante que las nuevas tecnologías se adapten, por ejemplo, con el subtitulado, que beneficia tanto al alumnado oyente como al que padece sordera. Este sería un recurso más que eliminaría algunas de las barreras. Asimismo, es necesario que en las zonas comunes de los centro se cuenten con bucles magnéticos, un producto de apoyo que facilita a las personas usuarias de una prótesis auditiva -como un audífono o un implante- una mayor accesibilidad auditiva en espacios abiertos, en lugares cerrados con mucho ruido ambiente o cuando existe una distancia lejana entre interlocutores.

Los datos que maneja Funcasor, en cuanto al número de personas sordas, difieren de los de Asor. Para los primeros, son 11.801 las personas con sordera a tenor de los últimos datos manejados por el Gobierno regional. “En el curso pasado, estaban matriculados 307 alumnos con discapacidad auditiva”.

Igualmente, el total de centros preferentes repartidos por las islas son 43 “y representan una oferta educativa dirigida a alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad auditiva. La implantación de la escolarización preferente conlleva la organización de apoyos dentro de contextos normalizados desde el currículo ordinario y en función del episodio que cada discapacidad tiene en el proceso de aprendizaje y en el desarrollo personal de cada alumnado”, expone la directora técnica, “pero, en la realidad, no todo el alumnado con sordera está matriculado en estos centros, ya que es opción de la familia matricularlo en el centro que vea oportuno”.

Metidos ya en el aula, Rodríguez confiesa que “se evalúan los mismos contenidos” que se brindan al resto de estudiantes, “si bien hay adaptaciones curriculares y exenciones en materias como el inglés o lenguas extranjeras porque existen las limitaciones obvias”, matiza.

Y no se deja atrás las “dificultades en la lectura labial y el complicado acceso a la expresión facial -tan importante para la comunicación, no sólo para las personas con sordera sino para la población en general- que está generando el uso de mascarillas”. “Desde los inicios de la pandemia hemos denunciado esta situación. Hemos sido conocedoras de varias iniciativas empresariales de mascarillas transparentes, pero actualmente no existe una normativa que las regule para que se puedan utilizar con todas las garantías higiénico-sanitarias”. A la expectativa se hallan.