David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, y el líder del PSOE en Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, irán a juicio junto a otras ocho personas
La jueza de Badajoz, Beatriz Biedma, ha decidido enviar a juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y a Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación pacense. Ambos están acusados de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. La decisión llega tras desestimar los recursos presentados contra su procesamiento.
Gallardo y Sánchez no serán los únicos en el banquillo. Otras ocho personas también enfrentarán juicio por su implicación en la contratación del hermano del presidente. Entre ellas figuran responsables del área de Cultura de la Diputación.
Avanza el proceso judicial
La resolución judicial, fechada el 22 de mayo, deja claro que el procedimiento no se suspende por la presentación de recursos de apelación. La jueza considera que existen indicios sólidos para llevar el caso a juicio oral. Según el auto, David Sánchez conocía previamente que el puesto se había creado expresamente para él.
La magistrada concluye que la entrevista realizada por Sánchez buscó simular una legalidad que no existía. Subraya que Gallardo y su equipo diseñaron el proceso con el fin de beneficiar al hermano del presidente, quien en ese momento no tenía empleo estable.
Aforamiento en el aire
Gallardo ha recogido su acta como diputado autonómico en Extremadura, lo que podría suponer su aforamiento ante el Tribunal Superior de Justicia regional. Sin embargo, el reglamento de la Asamblea deja margen para diferentes interpretaciones sobre el momento exacto en que se adquiere dicha condición.
Algunos juristas defienden que Gallardo ya estaría aforado desde el momento de su proclamación como electo, mientras que otros sostienen que el aforamiento se activa tras prometer el cargo en pleno, algo que aún no ha ocurrido.
Detalles del juicio
La apertura de juicio se produce a instancias de la acusación popular, representada por Manos Limpias. La jueza avala su legitimidad para solicitar el juicio oral en solitario, dado que el Ministerio Fiscal no ha formulado acusación formal y los delitos afectan a bienes jurídicos colectivos.
El auto señala inicialmente que el caso debía ir a un juzgado de lo penal, pero en una providencia posterior se corrige y se aclara que la Audiencia Provincial de Badajoz es la competente. Contra esta última decisión no cabe recurso, salvo en aspectos relacionados con la situación personal de los acusados.
La acusación popular solicita tres años de prisión para David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo. Sin embargo, la Fiscalía ha pedido archivar el caso, al considerar que no existen indicios de criminalidad suficientes. Este recurso también está pendiente de resolución.
Reacciones a un proceso con «motivaciones políticas»
Desde el Partido Socialista no han hecho declaraciones sobre el proceso. Fuentes de Ferraz insisten en que el juicio aún puede evitarse si la Audiencia Provincial acepta los recursos presentados. Por ahora, el partido evita valorar públicamente la decisión de la jueza.
Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha exigido al presidente del Gobierno que convoque elecciones. Acusa a Pedro Sánchez de estar rodeado de casos de corrupción. “Hay más imputados en su entorno que ministros”, ha afirmado en un vídeo difundido a medios. Gamarra también ha relacionado el caso con otros escándalos recientes que afectan al PSOE, como el del diputado canario Gustavo Matos y la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera.
La defensa de David Sánchez, a cargo del abogado Emilio Cortés, sostiene que el proceso tiene motivaciones políticas. Afirma que no hay pruebas incriminatorias reales y que las acusaciones populares han condicionado el curso del caso.
Mientras tanto, la Audiencia de Badajoz debe pronunciarse sobre dos recursos clave: el del Ministerio Público que pide archivar la causa y el de casación presentado por la defensa de Sánchez.
