La institución alerta sobre el incumplimiento generalizado de la Ley de Cambio Climático en numerosos municipios y exige acciones inmediatas para frenar la contaminación
El Defensor del Pueblo considera que los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, obligados por ley a establecer Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) desde enero de 2023, no han aportado argumentos válidos para justificar su demora. Hasta noviembre de 2023, 33 municipios continuaban sin cumplir sus obligaciones, incumpliendo la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética.
Municipios señalados por la inacción
18 ayuntamientos aún no han iniciado los trámites, como Aranjuez, Arganda del Rey, Barakaldo, Calviá, Cerdanyola del Vallés, Coslada, Ferrol, Mijas, Motril, Orihuela, Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, Tres Cantos y Valdemoro, entre ellos se encuentran los municipios canarios de Arona, Granadilla de Abona, San Cristóbal de La Laguna y Telde. Otros siete, entre los que se encuentran Las Palmas de Gran Canaria, Alicante, Bilbao, Córdoba Málaga, Murcia y Palma de Mallorca, han registrado significativos retrasos en la tramitación. Además, la institución destaca la ralentización en localidades como Badalona, Castellón, Elche, Gijón, Lorca, Majadahonda, Valencia y Valladolid.
Tres municipios, Arona, Murcia y El Puerto de Santa María, ni siquiera han respondido los requerimientos del Defensor del Pueblo, a pesar de la obligatoriedad legal de hacerlo.
Excusas recurrentes, pero insuficientes
Los argumentos más comunes presentados por los ayuntamientos incluyen, la falta de tiempo para la tramitación de las ZBE, la complejidad técnica y carencia de personal especializado, la insuficiencia de recursos económicos y la preferencia por otras medidas de movilidad sostenible.
Sin embargo, el Defensor del Pueblo ha sido contundente: ninguna de estas razones justifica el incumplimiento. Recuerda que algunos municipios han recibido ayudas económicas y que el objetivo de las ZBE trasciende la calidad del aire, buscando también mitigar el cambio climático.
Recomendaciones urgentes para los ayuntamientos
Entre las recomendaciones emitidas, destacan iniciar los trámites inmediatamente en los municipios rezagados, acelerar los procesos pendientes sin más dilaciones, garantizar un área continua y permanente que incluya una parte significativa de la población y del tráfico motorizado, definir objetivos cuantificables en calidad del aire, cambio climático y eficiencia energética., así como establecer sistemas de monitorización con resultados públicos y accesibles.
El Defensor del Pueblo reconoce que Valencia y otras localidades afectadas por la DANA enfrentan dificultades excepcionales. No obstante, señala que estos casos específicos no deben usarse como excusa para postergar indefinidamente las ZBE.
El Defensor del Pueblo insiste en que los ayuntamientos deben cumplir con la Ley 7/2021 y asegura que las ZBE no pueden sustituirse por otras medidas alternativas. El compromiso con la sostenibilidad y la salud pública es ineludible, y cualquier regresión en los avances logrados será considerada inadmisible.
