El equipo legal de Trump asegura que los documentos confidenciales confiscados «nunca debería haber sido motivo de alarma»
El equipo legal del expresidente estadounidense, Donald Trump, ha defendido que el almacenamiento de la información contenida en los documentos confidenciales recuperados de su casa en Florida en Mar-a-Lago «nunca debería haber sido motivo de alarma», ya que estaban «seguros» en su residencia.
«La supuesta justificación para el inicio de esta investigación penal fue el supuesto descubrimiento de información sensible contenida en las 15 cajas de registros presidenciales. Pero este ‘descubrimiento0 era totalmente previsible dada la propia naturaleza de los registros presidenciales», ha afirmado el equipo de abogados en un expediente al que ha tenido acceso ‘The Washington Post’.
«Sencillamente, la noción de que los registros presidenciales contendrían información sensible nunca debería haber sido motivo de alarma», esgrime el texto.
«Secretos sensibles para la nación»
Los abogados de Trump argumentan que, según la Ley de Registros Presidenciales, los Archivos deberían haber seguido con un esfuerzo de buena fe para asegurar la recuperación de los registros presidenciales, en lugar de remitir una investigación criminal al Departamento de Justicia, según la CNN.
La presentación del expediente se ha producido después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos respondiera el martes por la noche al recurso de Trump por la inspección de su casa, argumentando que una filtración de los documentos «perjudicaría significativamente importantes intereses gubernamentales, incluidos los intereses de seguridad nacional».
La afirmación de Trump sobre que las autoridades se equivocaron al alarmarse por su posesión de material clasificado se ha producido después de que el Departamento de Justicia haya señalado que Trump tenía en su casa «algunos de los secretos más sensibles de la nación», incluyendo secretos obtenidos de «fuentes humanas clandestinas», según ha recogido el diario ‘The Hill’.
«Todos los registros presidenciales incautados en virtud de la orden de registro pertenecen a Estados Unidos, no al expresidente», sostuvo el Departamento de Justicia en un comunicado.