Así lo denuncia Amnistía Internacional en una trabajo de investigación sobre los menores no acompañados que llegan a Canarias
Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este martes, tras una nueva investigación sobre el terreno, que más de 1.100 menores no acompañados viven desde hace un año en Canarias en un «limbo, sin derechos y en riesgo de terminar viviendo en la calle» por no haberse determinado aún su edad.
La ONG ha estimado en un comunicado que la recién aprobada reforma del Reglamento de Extranjería, «que podría significar un paso adelante para el reconocimiento de derechos» de este colectivo, «en la práctica no resolverá esta situación hasta que no se revise profundamente el sistema de determinación de la edad».
Amnistía Internacional cree que son los menores no acompañados quienes «sufren las peores consecuencias de la caótica acogida de personas migrantes y refugiadas en Canarias desde que en julio de 2020 el número de llegadas a las islas se viera incrementado».
«Ante la falta de preparación de algunos profesionales y de las instalaciones existentes, que no se ha resuelto con el paso de los meses, se suma la ausencia de procedimientos ágiles y adecuados de coordinación entre los organismos competentes y la falta de voluntad política, lo que provoca que más de 1.100, de los 2.434 menores que están en Canarias, esperen por la determinación de su edad o por alguna otra prueba o trámite», asevera la ONG.
Testimonios recabados por AI en las islas aseguran que estos chicos «todavía no existen para el sistema, puesto que no han sido registrados de ninguna manera por la Policía».
Reforma positiva
La ONG valora que la reforma del Reglamento de Extranjería vaya a facilitar la gestión de los permisos de residencia y asegurar que lleve aparejado permiso de trabajo a partir de los 16 años, al tiempo que simplificará los requisitos de renovación de este permiso a partir de los 18 años para adaptarlos a la realidad de estos jóvenes, para quienes reclama, no obstante, «cambios ante la actual falta de corresponsabilidad territorial en su protección».
El director de AI España, Esteban Beltrán, ha subrayado que «las interminables esperas para la realización de todos los trámites acrecientan la ansiedad y la inestabilidad de menores» como A., a quien conoció cuando vivía en la calle, tras cumplir 18 años el pasado mes de junio.
Este chico llegó a Lanzarote en octubre de 2020 siendo menor de edad y «pasó varios meses sin ningún tipo de protección por la falta de diligencia de las autoridades españolas».
«Le dijo a la Policía que tenía 17 años. Sin embargo, en su documentación pusieron que tenía 20. Estuvo tres días detenido y luego pasó un tiempo en una nave que gestionaba Cruz Roja y que era un recurso habitacional para adultos, hasta que después quedó en situación de calle», relata Beltrán.
El joven asegura que llegó a Lanzarote con su partida de nacimiento, «que demostraba que era menor, pero no se la aceptaron».
«Unas trabajadoras sociales me dijeron que era mejor que dijese que era mayor de edad. Me quedé en la calle. Tuve que ir frente a los juzgados de guardia y denunciar mi situación. Después me llevaron a un centro para menores en Lanzarote, pregunté si podía estudiar pero me dijeron que hasta que no se demostrase que era menor de edad, sólo podía dar clases de español. En julio llegaron los resultados de las pruebas y me dijeron que habían dado que era mayor y ahora estoy nuevamente viviendo en la calle», ha contado a AI.
La organización, que ha recabado más testimonios similares en las islas, también ha constatado «que muchos niños se están enfrentando a obstáculos a la hora de poder acceder a protección internacional», ya que «las autoridades les exigen tener al menos 16 años para poder pedir asilo, o tener un decreto de minoría de edad, es decir, haber finalizado los trámites para confirmar que es un menor».
Unos requisitos que, según afirma la ONG, «no tienen ningún tipo de base legal y no son más que impedimentos para que los niños que huyen de violaciones de derechos humanos puedan acceder a la protección a la que tienen derecho. Es inaceptable que por la falta de diligencia de las autoridades españolas estos menores también terminen indocumentados en situación de calle», critica Virginia Álvarez.
Para AI, «la falta de un enfoque de infancia para atender adecuadamente a los niños que están arribando a España, con independencia del territorio concreto al que llegan, está mermando gravemente el acceso a sus derechos».
Acogida de menores migrantes
La entidad recuerda que varias comunidades autónomas se comprometieron a recibir desde Canarias a 212 niños no acompañados y, sin embargo, en septiembre de 2021 solo se habían realizado 152 traslados», lo que considera una «prueba del fracaso del mecanismo de solidaridad» entre regiones, como demuestra en hecho de que «el 94 % de los menores no acompañados llegados a Canarias permanezca todavía en las islas».
Según sus cálculos, para dar a los niños que permanecen en las islas «una atención adecuada» se debería contar con al menos 270 centros en los que pudieran distribuirse los 2.434 que tutela la comunidad canaria, de los que las niñas representan el 1 % del total y suelen tener corta edad, por lo que muchas se encuentran en módulos de acogida familiar, mientras que el 49 % son marroquíes, seguidos por malienses (21 %) y senegaleses (16 %).
