Candelaria Delgado advirtió que se ha dado «un paso atrás» en las negociaciones con el Ejecutivo central para la reubicación de los menores migrantes solicitantes de asilo
La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha advertido este martes de un «paso atrás» en las negociaciones con el Gobierno central para reubicar a los menores migrantes solicitantes de asilo ya que solo se compromete a ofrecer 250 plazas en ‘Canarias 50‘, ubicado en la isla de Gran Canaria, a partir del 22 de julio.
En una declaración difundida por su departamento tras la reunión del comité interadministrativo, ha indicado que la propuesta de 400 plazas del Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) de Pozuelo (Madrid) no se ha llevado a efecto con lo que da por hecho que el Estado «no está cumpliendo» con el auto del Tribunal Supremo.
«Queremos dejar claro que de ningún centro de acogida de menores migrantes de Canarias, bajo la tutela de Canarias, ha salido ningún niño con protección internacional a ningún centro del Sistema de Atención de Protección Internacional, con lo cual Canarias sigue en la misma situación, sigue en esa misma situación de desbordamiento de los centros«, ha señalado.
El Constitucional estudiará el recurso de otros seis gobiernos autonómicos contra el reparto de menores migrantes
Por su parte, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad promovidos por seis gobiernos autonómicos contra el reparto de menores migrantes no acompañados entre las propias autonomías.
A través de una nota de prensa, recogida por Europa Press, la corte de garantías ha informado de que se han admitido los escritos del Consell de la Generalitat Valenciana, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Xunta de Galicia.
En concreto, los recursos se dirigen contra el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.
Los demandantes alegan en sus recursos de inconstitucionalidad, según ha informado el TC, que la norma podría vulnerar, entre otros, los artículos 81 y 86 de la Constitución, así como ser contraria al orden constitucional de distribución de competencias e infringir el principio de autonomía financiera de las comunidades autónomas (artículo 156 de la Constitución).
El Ejecutivo regional critica el bloqueo al considerarlo «un arma arrojadiza»
El Gobierno canario ha mostrado este martes su «decepción» por entender que Estado y comunidades autónomas utilizan a los menores migrantes no acompañados como «arma arrojadiza» y se bloquea su derivación, pese a que el sistema de protección en las islas está «totalmente fracturado«.
De esta manera se ha expresado la directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno canario, Sandra Rodríguez, en declaraciones ofrecidas porr su departamento al acabar la reunión de la comisión sectorial de infancia, en un encuentro preparatorio de la conferencia sectorial en este ámbito.
Sandra Rodríguez ha dicho que ha salido de la reunión «con la misma decepción» con que ha acabado la comisión interadministrativa Canarias-Estado respecto a los menores solicitantes de asilo porque, si bien el Gobierno canario siempre ha tenido esperanzas y expectativas en la aplicación del Real Decreto Ley para la derivación de menores, nuevamente ve «un bloqueo de las comunidades autónomas a que se lleve a cabo esta distribución«.
