La línea argumental del decreto urbanístico es garantizar a cada afectado el derecho de propiedad sobre su parcela, devolverles el valor de lo perdido y permitirles que puedan acometer la reconstrucción de sus propiedades
El Parlamento de Canarias ha convalidado este miércoles en un pleno extraordinario el decreto urbanístico de reconstrucción de La Palma tras la erupción en Cumbre Vieja con la abstención de los grupos Socialista y Nueva Canarias-Bloque Canarista.
El texto, por unanimidad de todos los grupos, será tramitado como proyecto de ley por el trámite de urgencia. La línea argumental de la norma ha sido la de garantizar a cada afectado el derecho de propiedad sobre su parcela, devolverles el valor de lo perdido y permitirles que puedan acometer la reconstrucción de sus propiedades.
Así, en la zona donde la lava tiene menos de 10 metros de espesor o ‘zona verde‘ se permite a los afectados llevar a cabo la reconstrucción, solo condicionada a obtener la preceptiva licencia municipal. En las zonas de más de 10 metros de espesor de colada –zona amarilla– se permite también la reconstrucción. Condicionada a que los informes científico-técnicos del Cabildo de La Palma avalen la seguridad de la reconstrucción conforme a que la colada de vaya enfriando.
En cuanto a la ‘zona roja‘, está sujeta a medidas cautelares a la espera de la delimitación del Espacio Natural Protegido. Eso impide llevar a cabo cualquier actuación de recuperación.
«Primer precedente normativo»
La consejera de Presidencia, Justicia y Seguridad de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha afirmado que este decreto crea el «primer precedente normativo» para futuras erupciones –«sabemos que va a pasar»– y que «blinda» los derechos de los afectados.
Ha indicado que se va a complementar con otros tres decretos más y la futura ley de volcanes. Ha recordado la «lucha» de los palmeros durante dos años que no cesaron en reclamar sus derechos.
Dijo que el decreto ya fue validado por unanimidad por la comisión general de cabildos y por el Consejo Consultivo –con aclaraciones– y ha adelantado que se va a tramitar como proyecto de ley para garantizar aún más la «seguridad jurídica» del documento.
Barreto ha afirmado que este decreto «es el primer paso» para impulsar la reconstrucción de La Palma, a lo que se suman los 150 millones de euros anuales comprometidos por los gobiernos central y canario.
«Será un punto de inflexión»
Además ha mostrado su deseo de que este decreto «sea un punto de inflexión» al tramitarse como proyecto de ley. Porque permitirá que se incluyan «aportaciones» de todos los grupos pese a que en la pasada Legislatura desde el ‘Pacto de las Flores’ «la negaron todas».
Raúl Acosta (AHI) ha comentado que su grupo está a favor de la recuperación económica y social de la isla y que se haga «forma rápida», y en ese contexto ha enmarcado el decreto que ayuda a dar «seguridad jurídica».
Ha advertido de que si se tarda mucho en iniciar la reconstrucción el desarraigo será «irreversible». Entiende que este decreto abre una «oportunidad de futuro» ante otras erupciones que se puedan presentar en el archipiélago.
Jesús Ramos (ASG) ha indicado que hay que dotarse de «herramientas» ante futuras erupciones y el decreto es un «compromiso» del Gobierno con la isla y la reconstrucción. Al igual que lo tuvieron los gobiernos de todas las administraciones en la pasada legislatura.
Ha dicho que el texto responde a las necesidades de los afectados. Porque les permite reconstruir sus casas y no abandonar la comarca del Valle de Aridane. De tal manera que apoya que se pueda «devolver lo perdido» y la valoración económica a precio de mercado anterior a la erupción.
Ramos ha pedido una compensación «singular» para los damnificados que han quedado encuadrados en la ‘zona roja’. Y se ha mostrado a favor de que el decreto se tramite como proyecto de ley.
Vox será «vigilante» con la «hora de ruta del Gobierno»
Paula Jover (Vox) ha afirmado que en dos años hubo «muchas visitas» de Pedro Sánchez y los ministros «y muchas promesas sin cumplir». Y ha advertido de su grupo va a «vigilar» la nueva ‘hoja de ruta’ del Ejecutivo. Ha indicado que hay que «tener cuidado» con la generalización de los decretos leyes en Canarias –más de 30 en tres años– . Y ha alertado de la «falta de audiencia» que han tenido algunas instituciones. Si bien en el caso concreto de La Palma sí ve «justificada» la urgencia.
Luis Campos, portavoz de NC-BC, se ha mostrado a favor de que los afectados deben recuperar sus derechos «pero no todos con las mismas medidas», subrayando que el decreto no es bueno «porque genera más incertidumbres que soluciones». Ha comentado que solo será «eficaz» para quienes tengan más recursos. Dado que algunos tendrán que costear los servicios y lamentado que no se puede aplicar que se pueda construir sobre suelos protegidos segundas residencias o viviendas de alquiler vacacional.
«Hay que recuperarlas pero por otros mecanismos y otros medios», ha señalado. Apeló a que se diseñe un urbanismo «ordenado» y que no fomente la «dispersión».
El PP asume que «no hay respuestas inmediatas»
Raquel Díaz (PP) ha afirmado que esta norma es «muy esperada» por los damnificados por la erupción. Porque fija las condiciones de la reconstrucción, si bien ha advertido de que no da «respuestas inmediatas» a muchos de ellos.
Ha indicado que el decreto «no es una foto fija ni inamovible» pero permite «avanzar» en un proceso que no se puede eternizar. Y aunque «no hay varitas mágicas», ha pedido al Gobierno que siga trabajando «para no dejar a ningún palmero atrás» y que la isla pueda salir reforzada.
Diana Lorenzo (CC) ha indicado que con este decreto se marca la «senda» de la recuperación de la isla y se sienta un «precedente» para futuras erupciones. Ha afeado a los dirigentes socialistas sus intentos para sacar adelante los decretos en la pasada Legislatura. Y ha reivindicado el voto de CC en las Cortes para obtener fondos para la isla.
Ha dicho que el decreto va a empezar a «dar soluciones» a los problemas de la isla. Ha pedido unanimidad y consenso a todas las fuerzas políticas y señalado que el texto es vivo y abierto a mejoras. «Con esta norma se recupera la dignidad de nuestra gente», ha explicado.
Alicia Vanoostende (PSOE) ha tildado de «decepcionante» la gestión del Gobierno de Canarias con La Palma,. Puso como ejemplo que las ayudas agrícolas se han pagado «más tarde que nunca» y «no se sabe nada» del decreto agrícola. Ha criticado al Ejecutivo de utilizar a La Palma de «excusa» para promover «pelotazos urbanísticos» en suelo rústico. Y se ha mostrado en contra del decreto porque sus medidas no incluyen soluciones para todos los afectados.
Ha apuntado que «hay afectados de primera y de segunda» porque los que tienen propiedades en zonas con más de diez metros de altura «se quedan en un limbo» y a la espera de que la lava se enfríe. «¿Les decimos que esperen diez años?», se ha preguntado.
