La Conferencia Sectorial de Infancia no se ha celebrado. Los populares acusan al Ejecutivo de usar a los adolescentes para enfrentar a las comunidades al aplicar criterios arbitrarios
El Gobierno comenzará el 28 de agosto con el traslado a las comunidades de hasta 3.975 menores no acompañados
Las comunidades gobernadas por el PP no acudirán este jueves a la Conferencia Sectorial sobre la reubicación de unos 3.000 menores migrantes no acompañados por considerar que el Gobierno pretende imponer un reparto «forzoso» e «ilegal» que vulnera el principio de igualdad territorial.
La reunión estaba convocada a primera hora bajo la presidencia de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y se preveía bronca, toda vez que algunas autonomías del PP habían mostrado una fuerte oposición a la propuesta del Gobierno y han recurrido al Tribunal Constitucional el decreto en el que se aprobó.
La distancia es tal que se llega a la Conferencia Sectorial sin un orden del día aprobado, tras rechazar por mayoría en la Conferencia Sectorial previa, lo que para los populares convierte en «ilegal» esta convocatoria. A la reunión han asistido las consejeras de Canarias, Cataluña, Castilla-La Mancha, País Vasco, Navarra y Ceuta, siendo esta última ciudad autónoma la única gobernada en exclusiva por el PP que ha acudido.
La idea del Gobierno, que ya trasladó a las comunidades de cara a una reunión preparatoria, es reubicar a unos 3.000 menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla a otros territorios, la mayoría a Andalucía, la Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana.
«Tengo que decir que no soy optimista», aventuró este miércoles el ministro de Política Territorial y responsable de la Comisión Interministerial de Inmigración, Ángel Víctor Torres, quien ayer se reunión con representantes de Save the Children y ACNUR para abordar la situación de los menores migrantes.
Reparto de menores por comunidades
El ministro de Política Territorial ha comentado a través de su perfil en la red social X, tras el plantón del PP, que «creen que dan plantón al Gobierno, pero en realidad dan plantón a Canarias y a los niños y niñas que hay en las islas, que deben ser acogidos por Ley en el resto de CCAA». «Una más. Como ocurre con la Comunidad de Madrid, que pone trabas al traslado de niños solicitantes de asilo. Una postura que obliga al Gobierno a solicitar aval al Supremo, para hacerlo con garantías», ha añadido.
Además de los gobiernos del PP, se ha manifestado también en contra el de Castilla-La Mancha, que ha advertido de que la cifra planteada es «inasumible» con la financiación con la que va a acompañada.
La cifra total de traslados desde el archipiélago con la que trabaja el Gobierno es de 3.975, a los que previsiblemente habrá que restar alrededor de un millar de Canarias a los que finalmente acogerá la red estatal de protección internacional por ser solicitantes de asilo, de acuerdo a la orden emitida por el Tribunal Supremo el pasado mes de marzo.
De acuerdo a estos datos, que aún no tienen en cuenta este extremo, las comunidades autónomas que más jóvenes acogerían serían Andalucía, a 677 jóvenes; Madrid, a 647 y la Comunidad Valenciana, a 571, mientras que Cataluña y País Vasco no tendrían que acoger a ninguno. Aun así, Cataluña ha anunciado su intención de atender, como mínimo, a 31.
Traslados a partir del 28 de agosto
A pesar de los intentos de bloqueo de la mayoría de las comunidades del PP, la ministra de Juventud e Infancia ha asegurado este jueves que el Gobierno prevé empezar los traslados de menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla a otros territorios a partir del 28 de agosto a pesar de los intentos de bloqueo de la mayoría de las comunidades del PP.
Rego ha insistido en que el real decreto ley seguirá adelante y en el próximo Consejo de Ministros del 22 de julio se aprobará el reglamento de desarrollo de este mecanismo, con el que se prevé trasladar a unos 3.000 jóvenes desde Canarias, Ceuta y Melilla a otros territorios.
Y ha precisado que este jueves también iba a aprobarse el reparto de un crédito ordinario de 22 millones para Canarias (8,5), Islas Baleares (2), Ceuta (7) y Melilla (4,5) para 2025 con el fin de ayudar a estos territorios con la acogida de menores.
«No puedo evitar pensar que evidentemente las deudas racistas de Feijóo con el señor Abascal las van a pagar las personas que viven en Canarias, las personas que viven en Ceuta, las personas que viven en Melilla y las personas que viven en Islas Baleares porque no vamos a poder transferir este recurso que debía aprobarse», ha dicho la ministra.
Riesgo de colapso del sistema de protección
«Son personas a proteger, no paquetes a repartir», han denunciado desde el PP, que acusa al Gobierno de utilizar a los menores como escudo político con un reparto diseñado para enfrentar a las comunidades entre sí al aplicar criterios arbitrarios, sin consenso y con el único objetivo de excluir del reparto a Cataluña y País Vasco, sus socios parlamentarios en el Congreso.
Los populares creen que hay un «riesgo real de colapso» de los sistemas de protección de menores que, aseguran, ya funcionan al límite de su capacidad, y exigen al Gobierno que se haga cargo «de manera directa y con financiación propia» de la atención a los menores no acompañados en situaciones de emergencia como la que atraviesan Canarias o Ceuta o puedan sufrir otros territorios.
El enfrentamiento alcanza también a los menores solicitantes de asilo, para los que el Gobierno ha anunciado 1.200 plazas de titularidad estatal después de que el Supremo le haya obligado a hacerse cargo de ellos.
12 sectoriales en un año y ninguna propuesta del PP
Rego ha sido muy critica con el PP por su ausencia en la Sectorial y ha tachado este plantón como una «performance» a modo de «colofón» después de meses de «bloqueo de todo tipo» a este mecanismo de reubicación de los menores.
En este sentido, ha denunciado que el Ministerio ha convocado 12 sectoriales en el último año para tratar este asunto y las comunidades del PP no han llevado nunca ninguna propuesta de modificación del mecanismo.
Sobre los argumentos del PP para no acudir a esta reunión -que se trataba de una convocatoria «ilegal» porque el orden del día fue rechazado en una cita preparatoria previa- Rego ha asegurado que el Gobierno cuenta con un informe del Consejo de Estado que les habilita para seguir trabajando con su plan.
Once comunidades -diez del PP y Castilla-La Mancha- han recurrido el real decreto ley que creó este mecanismo de reubicación de los jóvenes ante el Tribunal Constitucional.
La ministra ha subrayado que tendrá que ser el tribunal de garantías el que decida sobre estos recursos pero ninguna autonomía puede ser «juez y parte»: «Lo que es inaudito es que en una democracia quien presenta un recurso determine que el recurso ya le habilita para incumplir una ley», ha protestado.
10/1/2024
«Falta de respeto» hacia Canarias y Ceuta
La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha calificado de «falta de respecto» el desplante de las comunidades autónomas del PP a la Conferencia Sectorial de Infancia, hacia Ceuta o Canarias, que son las que están «sufriendo en primera persona todo este tema» migratorio.
La consejera reprochó al Gobierno de España que la financiación prevista para acoger a los menores migrantes no acompañados es de 100 millones de euros para casi 4.000 niños que hay que sacar tanto de Ceuta como de Canarias, lo que «evidentemente eso no da sino para tres meses».
Para Delgado la financiación era un tema «muy importante» y expuesto por «todas» las comunidades autónomas, «no» solo de las del PP, ya que «se pedía que estuviera hasta el cumplimiento de los 18 años» de los menores y actualmente, lo que se propone es para «tres meses», de ahí que considere que es una parte «muy importante» para negociar en este proceso.
Y es que, dijo, los sistemas de las comunidades autónomas están también «saturados», por lo que «habría que crear una red de la nada en muchas» autonomías y con el contingente establecido que tiene que tener cada comunidad, que en caso de Canarias cifró en 785 menores lo que tendría que tener en el sistema.
Además, apuntó que el Gobierno central «no» puede exigir responsabilidades a las comunidades autónomas, a «todas», «sin excepciones, si el propio Estado no está cumpliendo» con lo que dice el auto del Tribunal Supremo en el caso de los más de 1.000 menores extranjeros no acompañados solicitantes de asilo.
Para La Rioja «es inasumible» acoger 205 menores
La consejera de Salud y Políticas Sociales de La Rioja, María Martín, ha indicado que el Gobierno tiene que dar a conocer “los criterios técnicos” por lo que asigna el reparto de menores migrantes no acompañados a las comunidades como condición para acudir a la Conferencia Sectorial. El Gobierno de La Rioja no ha acudido, al igual que otros liderados por el PP, al entender, ha dicho, que era “ilegal” e imponía “un orden del día sin consenso”.
Ha afirmado que “no se puede cuidar ni atender a menores con la inasumible cifra de asignación anunciada por el Gobierno de España”, que cifraba en 205 los que debía atender La Rioja, un dato que ha calificado como «una tropelía» y que “cambia constantemente, generando caos, incertidumbre y confusión”.
Martín, además, ha señalado que La Rioja cuenta en la actualidad con 149 plazas para atender a menores no tutelados (tanto españoles como extranjeros), de las que solo hay 5 libres; y su compromiso es incrementar esa cifra hasta 153. “¿Quién puede pretender que en un mes se creen 205 nuevas plazas?, esto es inasumible», ha dicho la consejera.
“El Gobierno de La Rioja está dispuesto a acoger a menores a los que se pueda asegurar la oportuna integración que permite el sistema” y ha apuntado que si el Ejecutivo nacional “comete semejante tropelía” de asignar 205 menores a esta región, “será el único responsable”.
Baleares justifica el plantón: «Es la única alternativa que dejan»
Por su parte, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha justificado la decisión del las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP -salvo Ceuta- de plantar a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en la conferencia sectorial.
«Es la única postura y alternativa que nos dejan a los gobiernos del PP cuando se gobierna pensando que se tiene el poder territorial, imponiendo normas desde Madrid sin contar con las Comunidades Autónomas, cuando el Ministerio se contradice…», ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación.
Prohens ha hecho especial énfasis en el hecho de que el departamento que dirige Rego ha reconocido que Baleares acoge actualmente a cerca de 200 menores migrantes por encima de su capacidad y que, pese a ello, se les pretende «imponer una cuota de reparto» a diferencia de otras regiones «que tienen un trato preferente por intereses electoralistas y políticos del Gobierno».
«La única postura que nos queda es manifestar de esta manera tan clara y contundente que el Gobierno de España no puede seguir gobernando así, que las Comunidades Autónomas tenemos nuestras competencias y nuestros recursos», ha insistido.
Prohens ha considerado que Baleares no está siendo solo «abandonada» por el Ejecutivo central en lo relativo a la migración, sino que ahora siente que está siendo «insultada».
El reparto de migrantes vuelve a enfrentar a PP y Vox
El plante de los gobiernos autonómicos del PP al Ejecutivo en la reunión con las comunidades para reubicar a los menores migrantes no acompañados ha vuelto a enfrentar a Vox con los populares, a los que tacha de ser una «estafa».
Las comunidades gobernadas por el PP anunciaron anoche que no acudirían a la Conferencia Sectorial de Infancia y Familia convocada por considerar que el Gobierno pretende imponer un reparto «forzoso» e «ilegal» que vulnera el principio de igualdad territorial.
Los mismo motivos, según ha recalcado este jueves Vox en redes sociales, por lo que los de Santiago Abascal decidieron hace un año salirse de los gobiernos de Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Extremadura y Murcia y retirar su apoyo parlamentario al PP en Baleares.
En un mensaje en X, Vox ha recalcado que entonces los presidentes populares «no solo no se plantaron», sino que además el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, obligó a sus barones a firmar un documento diciendo que se harían cargo «de todo lo que les mandaran».
Los de Vox critican que desde el PP digan que no aceptan el reparto «por la seguridad de los españoles», convencido de que lo hacen porque «están en campaña electoral de unas elecciones que no se han convocado»: «Son la estafa más ridícula de la política española desde que Pablo Iglesias dijo que se quedaría a vivir en el barrio», afirman.
