Yanes comparece en el Parlamento para hablar de su informe de 2020
El Diputado del Común, Rafael Yanes, ha indicado este miércoles que en próximas fechas habrá una conferencia de presidentes para hablar del reparto de los fondos comunitarios, y ha indicado que le gustaría que tuvieran el mismo interés en los derechos de los menores migrantes no acompañados que han llegado a las islas.
Durante su comparecencia en el pleno del Parlamento de Canarias para hablar del informe del Diputado del Común correspondiente a 2020, Rafael Yanes ha indicado que el pasado año ha estado marcado por la pandemia del coronavirus, pero también por la llegada de personas inmigrantes a las islas.
Situación social «muy delicada»
El Diputado del Común ha señalado que debido a la pandemia se ha originado una situación social «muy delicada». Una situación que ha afectado sobre todo a las personas más débiles.
Ha dicho que de las quejas que los ciudadanos en relación a la covid-19 menos del 3% tienen relación con asuntos sanitarios.
Eso, en palabras de Rafael Yanes, dice mucho del grado elevado de satisfacción de los ciudadanos con el sistema de salud.
El Diputado del Común ha indicado que aumenta el número de ciudadanos que confían en la institución, y así en lo que va de 2021 han acudido a sus oficinas más personas que durante todo 2020, lo cual ha atribuido al trabajo que realiza el personal de la institución.
No ha mostrado tanta satisfacción hacia las respuestas de las administraciones, ya que ha aumentado el número de recordatorios y advertencias por no responder, pero ha matizado que el estado de alarma por la pandemia paralizó durante un tiempo la administración.
Rafael Yanes ha dicho que 2020 fue el año de la pandemia pero también de la inmigración irregular, ya que durante ese año llegaron a las islas 23.023 personas inmigrantes, de las cuales 2.776 son menores de edad, y por ello responsabilidad de la comunidad autónoma, «que se vio desbordada«.
Ante esa situación Rafael Yanes solicitó ayuda al resto de defensores del pueblo y las respuestas del resto de comunidades autónomas «no fueron alentadoras».
Conferencia de presidentes
Yanes aseguró que en la reunión de presidentes autonómicos sobre fondos comunitarios le gustaría que se interesaran igual por los derechos de los niños migrantes.
Rafael Yanes también se ha referido a la situación de la dependencia en Canarias, que, ha dicho, ha mejorado con respecto a otras comunidades autónomas, si bien sigue teniendo los peores datos de España en resolver expedientes. Como consecuencia reiteró que se hará un informe sobre los recursos materiales y humanos que hay en relación a otras regiones.
Aseguró que la Consejería de Derechos Sociales está tramitando las solicitudes de revisión de grado de dependencia presentadas en 2015 y 2016. Añadió que está resolviendo los recursos presentados en 2013.
En aquel momento Yanes apuntó a la falta de personal con datos comparativos. Así, Canarias cuenta con 2,2 millones de habitantes y 64 trabajadores temporales en dependencia, no solo para evaluar, sino también para trabajo administrativo (90 trabajadores con las nuevas incorporaciones).
Por su parte, Castilla y León tiene 2,4 millones de habitantes y 800 evaluadores. Galicia 2,7 millones y 701 evaluadores y Valencia 5 millones y 1.326 evaluadores.
Habló además de los expedientes gestionados durante 2020. Fueron 4.166, muchos de los cuales se iniciaron en años anteriores, y mencionó 10 peticiones que la Diputación del Común ha hecho a las administraciones. Entre ellas un informe extraordinario sobre los centros de mayores que presentó en noviembre pasado.
Además, el Diputado del Común ha reclamado que se reconozca la condición de familia monoparental para apoyar el acceso al empleo de mujeres que viven solas. También que la Federación Española de Fútbol tramite las fichas de menores inmigrantes para facilitar su integración. Otra petición es que se respete la representación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos colectivos y colegiados.
La Diputación del Común ha pedido asimismo que se cree un instituto de bienestar animal; un carné de discapacidad para facilitar la identificación de esas personas; que en la comunicación institucional se respeten los derechos de los niños y niñas nacidos en subrogación, y que se cumpla el protocolo médico forense en violencia machista.
