La Comisión Bilateral Generalitat-Estado ha acordado, además, un calendario de trabajo con reuniones entre el próximo septiembre y enero de 2022 para abordar el traspaso de distintas competencias
La Generalitat y el Gobierno han alcanzado un acuerdo sobre la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, con una inversión de 1.700 millones de euros, y un calendario de reuniones que comenzará en septiembre tras la Mesa de Diálogo y acabará con una nueva Bilateral en enero o febrero.
Así lo han adelantado tras la reunión, la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, en una rueda de prensa en el Ministerio, y la consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà, en otra rueda de prensa en la Delegación de la Generalitat en Madrid. Esta solución «desbloquea» la inversión de 1.700 millones de euros propuesta por Aena y que permitirá llevar la alta velocidad ferroviaria a los aeropuertos de Reus (Tarragona) y Girona.
Esa inversión tendrá lugar de forma paralela a otra de 1.600 millones en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
La también portavoz del Gobierno ha señalado que los 1.700 millones de euros que se invertirán en el aeropuerto catalán son una «inversión extraordinaria» que generará 83.000 empleos directos y 365.000 totales.
Acuerdo para un calendario de encuentros
La ministra ha calificado el encuentro de hoy como «una muy buena reunión» y «un buen comienzo en la reactivación del dialogo por parte del Gobierno de España»; lo ha calificado como «fructífero» y «muy constructivo» y ha dicho que se ha desarrollado en «buen tono», «amable y muy honesto», y en «un ambiente muy distendido».
Rodríguez ha asegurado que no se han abordado asuntos como autodeterminación y amnistía, que podrán ser objeto de la mesa de diálogo que debe reactivarse en septiembre. La representación de la Generalitat sí ha hablado de fondos europeos pero la propia ministra ha señalado que «por respeto a todas las autonomías y al sector empresarial», este no era «el marco más ajustado» para abordar ese asunto.
En concreto, la ministra ha informado de que se han alcanzado cinco cuerdos «que van avalados por un calendario de trabajo para el próximo semestre».
Estos cinco acuerdos hacen referencia a la reducción de la conflictividad institucional; la encomienda a la Comisión Mixta de Transferencias para que se culmine el traspaso de materias como becas y ayudas al estudio; la creación de un grupo de trabajo para tratar traspasos «viables», como Formación Profesional; la reactivación de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales; y la creación de un grupo de trabajo para abordar el traspaso en el ámbito de los ferrocarriles.
Después de la mesa de dialogo prevista para septiembre, el calendario acordado arrancará ese mismo mes con las «rodalies«, que abordará un grupo de trabajo, y seguirá en octubre analizando otras materias «susceptibles de ser traspasadas».
En noviembre continuará con la Comisión de Infraestructuras y en diciembre con la de Asuntos Económicos y Fiscales, para convocar una nueva Comisión Bilateral en enero o febrero del próximo año en la que «analizar el fruto de este proceso», que espera sea «productivo».
Avances «insuficientes» para la Generalitat
Por su parte, la consejera catalana de la Presidencia, Laura Vilagrà, considera «insuficientes» los avances registrados en la Comisión Bilateral para materializar los 56 traspasos que reclama el ejecutivo catalán, aunque ha destacado que se han calendarizado reuniones para analizarlos a partir de octubre.
Entre los asuntos concretos hay por ejemplo el traspaso de recursos del ingreso mínimo vital, la financiación de la ley de dependencia, la gestión de varias infraestructuras, el cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatut, la formación médica especializada, salvamento marítimo, políticas activas de empleo, inspección de trabajo, infraestructuras de riego, así como la titularidad de edificios como la sede de la Jefatura Superior de Policía en la Via Laietana de Barcelona.
Vilagrà ha indicado también que no se ha hablado, en cambio, de las reivindicaciones de amnistía y autodeterminación, porque eso el Govern lo planteará en la mesa de diálogo que se reactivará en septiembre, sin que sea «moneda de cambio» de los asuntos tratados en la Comisión Bilateral.
Con más detalle que la ministra, la consejera ha informado, entre otras cuestiones, de que se crearán grupos de trabajo para estudiar, por un lado, un cambio de legislación estatal para hacer el traspaso del Ingreso Mínimo Vital y armonizarlo con la renta garantizada de ciudadanía de Cataluña y, por otro, posibles «cambios» en la legislación que permitan retirar el recurso del Gobierno contra la regulación catalana de los alquileres.
En cuanto a «conflictividad competencial», han acordado según Vilagrà «agotar» la vía de la negociación para evitar la impugnación de leyes y «no suspender automáticamente» de manera general las normativas catalanas que recurra el Estado.
En cambio, no ha habido acuerdo en la petición del Govern de proteger también la lengua catalana en la ley del audiovisual.
