El Delegado del Gobierno en Canarias asegura que no es solidaridad sino corresponsabilidad
El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, respalda que, a través de la normativa básica del Estado, se establezca un mecanismo automático que obligue a las comunidades a aplicar su corresponsabilidad en materia de inmigración, de forma que todas acojan a menores no acompañados.
Así lo ha manifestado al presentar el balance de las acciones ejecutadas por el Ejecutivo central en Canarias en el primer semestre de 2021, período en el que ha asegurado que ha cumplido «un tercio» de los compromisos de gobierno y electorales contraídos en favor del archipiélago.
12 millones del Estado para el repunte migratorio
Entre ellos, Pestana ha aludido a los 12 millones de euros que el Gobierno ha invertido en Canarias para hacer frente al repunte migratorio iniciado a finales de 2019 en la ruta atlántica. Esta ruta es la más peligrosa, de ahí que, a su juicio, tenga que ser la primera que se cierre.
Once de esos millones se han destinado, en el marco del Plan Canarias del Ministerio de Migraciones, al acondicionamiento de distintos recursos para la acogida temporal de migrantes. Además, un millón más, a cargo del Ministerio del Interior, se ha dirigido a la reforma del CATE de Barranco Seco, ha detallado.
Pestana ha subrayado que, además, el Gobierno estatal ha destinado una partida de 51 millones de euros a la contratación de los servicios que se prestan en estos centros.
Tutela de 2.500 menores
Preguntado por la evolución de las derivaciones a otras comunidades autónomas españolas de menores extranjeros no acompañados llegados por vía marítima a Canarias, región que tutela a más de 2.500, el delegado del Gobierno en las islas ha admitido que hasta el momento «se ha logrado muy poco«.
Pestana se niega a hablar de solidaridad porque entiende que lo que deben ejercer el resto de comunidades españolas es su corresponsabilidad en esta materia, que no puede ser gestionada en exclusiva por Canarias, ya que la frontera sur de Europa es España en su conjunto.
El delegado del Gobierno en las islas ha respaldado de esta forma una de las reivindicaciones permanentes del Ejecutivo regional que preside Ángel Víctor Torres, que ha instado en numerosas ocasiones, sin gran éxito hasta el momento, a la gestión compartida, y obligatoria si es preciso, de este fenómeno social, al entender que persistirá mientras perduren los factores sociales, civiles y climáticos que empujan a miles de personas a jugarse la vida en el Atlántico en busca de una vida mejor.
