También considera positivo que se amplíe el ámbito del desarrollo normativo de la ley estatal, aunque ésta sea imprescindible por normas autonómicas
El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha valorado de forma positiva el acuerdo al que ha llegado el Gobierno con ERC y PNV para que los trabajadores públicos con carácter de interinidad con más de cinco años en el mismo puesto consigan una plaza fija, sin necesidad de opositar.
El consejero ha afirmado que este anuncio «parece, al menos a primera vista, positivo y esperanzador. Se extiende o aumenta el ámbito de aplicación de la norma y se extiende también la posibilidad de que los procesos selectivos no incluyan fases de oposición, sino que se valoren los méritos».
Julio Pérez también considera positivo que se amplíe el ámbito del desarrollo normativo de la ley estatal, aunque ésta sea imprescindible por normas autonómicas. Del mismo modo, espera que se otorgue un espacio muy significado a la negociación colectiva, es decir, a la negociación con los sindicatos.
Canarias trabaja en el consenso de la norma
También ve bueno que se prevea una fórmula para retener a quienes, llegado el caso, no puedan aprovechar las posibilidades que abre la norma anunciada. «Todo ello, en líneas generales, coincide con las posiciones que la Consejería y el Gobierno de Canarias vienen defendiendo para dar solución a este tema», sostuvo.
Pérez avanzó que la Consejería tratará de identificar y acelerar la comunicación con los sindicatos, tratando de que haya consenso y entendimiento entre todas las organizaciones sindicales para que, tan pronto el anuncio se convierta en ley, ésta sea posible ponerla en marcha y aplicarla.
Según el consejero, «todo indica que el fin del problema será más cercano si lo que se anuncia se convierte finalmente en ley, lo que terminará solucionando la situación del amplio grupo de interinos y temporales de larga duración en la Administración canaria».
«Todo ello son, sin duda, medidas excepcionales que son distintas de las reglas generales y ordinarias para el acceso al empleo público y la función pública. Pero, con las reglas generales y los procedimientos ordinarios, ni se solucionaría el problema, ni se haría justicia», advirtió.
Julio Pérez insistió en que este problema -«que sin duda es grave»- requiere la intervención del Estado porque la materia se regula por leyes estatales que tienen carácter básico y que luego las comunidades autónomas pueden desarrollar. En este sentido, incidió en que Canarias «ha intentando desde el primer momento hacer cuanto esté de su parte, incluso con la búsqueda de soluciones propias, pero las únicas que pueden dar seguridad jurídica completas son las normas estatales».
