La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, considera que con esta ley la renta llegue al menos a 40.000 personas
La Ley de Renta Ciudadana es un avance para garantizar los derechos de los ciudadanos, sobre todo de los que están en situación de especial vulnerabilidad, ha dicho este viernes la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana.
La consejera ha hecho esta valoración tras entregar al presidente del Parlamento canario Gustavo Matos, el proyecto de Ley de Renta Ciudadana de Canarias. El proyecto iniciará ahora su tramitación parlamentaria y, una vez aprobado, sustituirá y mejorará la Prestación Canaria de Inserción (PCI).
Noemí Santana ha señalado que en este proyecto de ley se recoge el mandato del Estatuto de Autonomía y de la Ley de Servicios Sociales. Asimismo, ha añadido que, una vez el pleno del Parlamento de Canarias apruebe el texto definitivo, se implementará en varias fases porque es «muy ambicioso».
40.000 beneficiarios de la renta
La previsión del Gobierno regional es que con esta ley se llegue al menos a 40.000 personas cuando se aplique por completo. La consejera ha declarado que en la primera etapa habrá un cambio notorio con respecto a la PCI como es la cuantía a percibir.
Según el proyecto de ley, la cuantía mínima de la renta ciudadana será de 517 euros al mes para una persona, y en torno a 1.100 euros para una familia de cuatro hijos y dos progenitores.
Otro cambio «notorio» en la primera fase será que se agilizarán los trámites administrativos, que dejarán de hacer los trabajadores sociales de los ayuntamientos porque los cumplimentarán los de la comunidad autónoma.
De ese modo, ha indicado Noemí Santana, los trabajadores municipales «en lugar de estar enterrados en montañas de papeles» saldrán a la calle para trabajar en itinerarios de inclusión social. La consejera ha agregado que la comunidad autónoma mantendrá la financiación de esos empleados que se hacían cargo de la Prestación Canaria de Inserción.
Renta de carácter permanente
Santana ha hecho hincapié en que la renta ciudadana será un avance en cuanto a que tendrá carácter permanente mientras dure la situación de vulnerabilidad. Una situación que no ocurre con la Prestación Canaria de Inserción, que solo se puede percibir durante un periodo de tiempo determinado.
En la segunda fase se implementarán complementos «novedosos» uno de ellos la renta de los trabajadores pobres, aquellos cuyo salario es muy bajo.
También habrá un complemento de los estudios, con la finalidad de que las condiciones económicas de los padres no impidan realizar incluso estudios superiores. Además, habrá otro complemento para la vivienda, hasta que se regulen los precios desde la Comunidad Autónoma.
Otro complemento, que será «fundamental» y del que «se puede decir» que ha habido un proyecto piloto, afectará a las pensiones no contributivas.
Ha recordado Noemí Santana que durante los dos últimos años la Comunidad Autónoma ha complementado las pensiones no contributivas de más de 50.000 personas, que han recibido ingresos extraordinarios, y ahora la intención es que con la Ley de Renta Ciudadana esas aportaciones dejen de ser puntuales para convertirse en un derecho.
Ley de Renta Ciudadana compatible con el IMV
También ha hablado la consejera de la compatibilidad de la actual Prestación Canaria de Inserción con el Ingreso Mínimo Vital.
Ha apuntado que cuando la Ley de Renta Ciudadana de Canarias sustituya a la Prestación Canaria de Inserción será compatible con el Ingreso Mínimo Vital, de forma que servirá para llegar a más personas que lo necesiten porque se ampliarán los perfiles de perceptores y además se flexibilizarán los requisitos.
Noemí Santana ha destacado que en Canarias son dos prestaciones complementarias porque «no queremos abandonar a la gente», como a su juicio ocurre en la de Madrid, donde si se solicita el Ingreso Mínimo Vital se pierde el derecho a percibir una prestación autonómica.
Este proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Gobierno de Canarias el pasado 10 de febrero, y ese día la consejera estimó que se necesitarán unos 60 millones de euros para empezar a implementar esta renta.
