Mediante una auditoría externa, el Tribunal de Cuentas fiscalizará la actividad económica y financiera de la Casa Real
El Tribunal de Cuentas fiscalizará mediante una auditoría externa la actividad económica y financiera de la Casa Real y en qué gasta su presupuesto, según se recoge en el decreto aprobado por el Gobierno sobre la estructura y el funcionamiento de la Jefatura del Estado para reforzar su transparencia.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha dado a conocer esta medida en la rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa posterior al Consejo de Ministros en el que se ha aprobado el decreto, un día después de que Felipe VI decidiera desvelar su patrimonio personal, cifrado en 2,57 millones de euros.
El Tribunal de Cuentas, encargado de la fiscalización
El Tribunal de Cuentas, dependiente de las Cortes Generales, es el máximo órgano encargado de fiscalizar la contabilidad y la gestión económica del Estado, de sus instituciones y de otras entidades que reciben fondos públicos.
Sin embargo, hasta ahora no tenía competencia para fiscalizar el presupuesto de la Corona, algo que tampoco puede hacer el Congreso.
Bolaños ha informado de que en breve se aprobará un convenio entre el Tribunal de Cuentas y la Casa Real para la auditoría externa. La auditoría ha de verificar «las imagen fiel del patrimonio y la situación financiera» de la Jefatura del Estado.
El decreto también recoge que la Casa Real deberá dar publicidad a todos los procedimientos de contratación que lleve a cabo. Eso sí, se respetará la autonomía presupuestaria de la que goza Felipe VI para decidir en qué gasta el dinero asignado por el Estado.
Ha explicado además que la normativa recoge a todas las medidas en favor de la transparencia que Felipe VI ha aprobado desde su proclamación en junio de 2014 y que hasta ahora no tenían rango legal.
Incluye que los altos cargos de la Casa del Rey publicarán su declaración de bienes y patrimonio al asumir el cargo y a su marcha.
«Modernización y ejemplaridad de la Casa Real»
Según el ministro de la Presidencia, encargado de negociar por parte del Gobierno el decreto con el Palacio de la Zarzuela, la nueva regulación «es un paso muy importante en la modernización y ejemplaridad de la Casa Real» y «la homologa a otras casas reales europeas en cuanto a los más altos estándares de cumplimiento de ejemplaridad e integridad».
«Con esta norma, damos un paso muy importante y ponemos a la monarquía donde tiene que estar», ha subrayado Bolaños sobre el texto, que no aborda la modificación de la inviolabilidad del rey, lo que requiere modificar la Constitución.
Las medidas contempladas en el decreto han sido fruto, según el ministro, del «trabajo compartido» entre el Gobierno y la Casa Real. Las medidas contempladas en el real decreto han tenido el visto bueno del PP.
Bolaños ha señalado que también ha sido una norma que ha contado «con el acuerdo del Gobierno en su conjunto», al referirse a Unidas Podemos. «Ha sido un acuerdo pacífico», ha apostillado.
Sánchez anunció en diciembre de 2020, en plena polémica por las informaciones sobre los negocios opacos de Juan Carlos I, que se iba a emprender “una hoja de ruta de renovación” de la monarquía, sin dar pistas del contenido, ni de los plazos.
Real decreto
Tras descartar el Ejecutivo una Ley de la Corona para especificar las funciones apuntadas al rey en la Constitución, se optó por diseñar un real decreto con nuevas medidas para favorecer la transparencia y la ejemplaridad. Asimismo, el documento recoge las ya puestas en marcha por Felipe VI desde el inicio de su reinado.
Preguntado si esta norma culmina la hoja de ruta anunciada por Sánchez, Bolaños ha asegurado: «Este decreto es un punto de llegada muy importante en la modernización, ejemplaridad y transparencia de la Casa Real».
Al tratarse de un real decreto, no tiene que ser convalidado por el Congreso.
