Los populares consideran el proyecto de ley de Vivienda inconstitucional y nocivo para toda España, especialmente para Canarias
El Partido Popular (PP) ha presentado 85 enmiendas al proyecto de ley de Vivienda aprobada por el Gobierno español. Entender que es un texto inconstitucional y nocivo para toda España pero principalmente para Canarias.
Poli Suárez, secretario general del PP en Canarias, ha explicado que la normativa aprobada el pasado mes de febrero va en contra del artículo 47 de la Constitución. Este recoge que todos los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y permite a las comunidades autónomas regular este aspecto.
«Desde el Estado se pueden fijar bases para que esto se cumpla, siempre y cuando coexistan con la existencia de otras normas autonómicas o cuando se vea vulnerado el principio de igualdad. Pero este proyecto de ley no justifica ninguna de las dos cosas», ha declarado Suárez.
El dirigente del PP ha explicado que cuestiones como la reserva de suelo destinada a un régimen de protección pública o la denominada «vivienda asequible incentivada» son aspectos que «van en contra de las comunidades autónomas y de la propiedad privada«.
85 enmiendas para evitar la regulación estatal
Por ello, desde la formación popular se ha preparado un texto alternativo con «85 enmiendas que eviten la aplicación de esta regulación, nociva para toda España y especialmente para Canarias«, tal y como ha señalado Ana Zurita, diputada por Santa Cruz de Tenerife y portavoz de Vivienda en el grupo popular del Congreso.
La parlamentaria ha indicado que esta propuesta ha recibido «casi 900 enmiendas» por parte de todos los partidos que forman parte del ejecutivo estatal, puesto que «penaliza el tener una propiedad inmobiliaria y regulariza la ocupación«.
En el caso concreto del archipiélago, Zurita ha afirmado que las medidas planteadas no resuelven la situación de las personas vulnerables ni de los jóvenes. Tampoco fomentan la producción de viviendas asequibles.
Emergencia habitacional
En las islas existe una emergencia habitacional de personas vulnerables. Han aumentado los casos de gente sin hogar y se ha registrado una subida de los precios del alquiler. Las tasas de esfuerzo de las familias para pagarlo se sitúa entre las más altas de España. 27,3% en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y casi un 34% en la de Las Palmas de Gran Canaria. El límite de dichos índices se sitúa en un 30%.
Esta situación se suma a la «falta de vivienda, falta de suelo y falta de seguridad jurídica», evidenciada en que «en Canarias no se construye una vivienda pública desde 2012 y no se reforma el planeamiento desde 2017″.
Zurita ha indicado que solo en el municipio de Santa Cruz «se podrían construir unas 40.000 casas si se desarrollara un plan general». Esto daría cabida a todos los demandantes de vivienda del archipiélago.
«Pero el Gobierno no da soluciones sino que pretende acabar con el problema sobrecargando a los propietarios. Estos tienen sus propiedades inmobiliarias como complemento a su renta», ha defendido.
Modificaciones al proyecto de ley de Vivienda
Dentro de las modificaciones se encuentran la eliminación de la intervención en las competencias de las comunidades autónomas y en la iniciativa privada.
También sugieren suprimir la calificación permanente de vivienda protegida, puesto que «expropia derechos al ahorro privado». Asimismo, la obligatoriedad de reservar suelo para viviendas protegidas en suelo urbano ya pagado por sus dueños y el control de la renta.
Por su parte, entre las nuevas medidas que se recogen en esta lista de enmiendas, el PP plantea la creación de dos sistemas fiscales específicos. Uno para las familias vulnerables y otro para los jóvenes que beneficien a ambos grupos.
Asimismo, proponen desarrollar el marco urbanístico sustituyendo el calificativo de «zonas tensionadas» que propone la ley del Gobierno actual por «zonas de alta demanda residencial» donde se otorgarán licencias express para agilizar los trámites administrativos.
Finalmente, esta agilización también se aplicará a lugares con «problemas sobrevenidos». Por ejemplo, la situación de falta de casas que se vive en la isla de La Palma debido a la erupción volcánica.
Ambos representantes del PP han instado al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, a «plantarse ante esta ley y no callar si se atacan nuestras competencias autonómicas». Además, le han tendido la mano para evitar que «el Estado vaya en contra de los derechos o se inmiscuya en el poder de decisión de Canarias y el resto de comunidades».
